Fiscalía imputa otra vez a militar que reveló el caso 33 camiones

El Ministerio Público no alude, en estas querellas, al contrabando de los motorizados que rompieron el control militar el 27 de julio de 2008 en Pando.

image Imputado: César López (izq.), en diciembre de 2008, y su abogado

La Prensa. A causa de dos procesos penales seguidos por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la Fiscalía de La Paz volvió a imputar al ex presidente de la Aduana César López, esta vez por el supuesto delito de falso testimonio.



La condena máxima aplicada a este tipo de casos penales es de tres años de reclusión, por lo que López puede beneficiarse, si fuera condenado, con la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial.

La primera imputación fue presentada por el fiscal Carlos Fiorilo, hace un mes aproximadamente, por desacato, y Gregorio Blanco, el martes, por falso testimonio.

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Los dos memoriales fueron puestos en consideración del juez Willams Dávila, quien aún no dispuso cuándo se desarrollará la audiencia de medidas cautelares.

La abogada patrocinante de Quintana, Valkiria Lira, anunció que en esa oportunidad solicitará la detención preventiva del militar en retiro.

César López reveló, el 4 de diciembre de 2008, ante una comisión especial de la Cámara de Diputados, que el ministro Quintana hizo un “pacto político” con los comerciantes para la liberación de 33 camiones con mercadería de la Zona Franca de Cobija para que la transporten a Puerto Evo Morales, localidad ubicada en la frontera con Brasil.

Por haber hecho tales afirmaciones, Quintana abrió dos querellas contra López, una por incumplimiento de deberes y otra por calumnia.

Estos 33 camiones superaron los controles militares del kilómetro 17, en el departamento de Pando, el 26 de julio de 2008, pero fueron detenidos en Santa Rosa del Abuná un día después. De esa capital provincial, salieron por la fuerza el 23 de agosto.

Los vehículos de transporte pesado cruzaron los controles sin que los propietarios de la mercadería paguen aranceles aduaneros, por lo que se aplicó la figura de contrabando.

El fiscal Blanco explicó que “el desacato es consecuencia de los comentarios que (López) hizo a varios medios de comunicación en contra del Ministro de la Presidencia y no los logró comprobar, pues habló de una autoridad pública a quien pretende involucrar en el paso de 33 camiones”, y reveló que el aludido no asumió su defensa legal en este caso.

La abogada Lira refirió que las imputaciones se lograron en el marco de la legalidad y que el acusado no quiso responder a las acusaciones, pues se acogió a su derecho de guardar silencio.

“El desacato no tiene nada que ver con la veracidad de que si los camiones pasaron con orden de mi cliente (Juan Ramón Quintana), es por la injurias. La declaraciones que hizo agredieron la dignidad de una autoridad estatal. Y en el segundo delito, declarar en falso en un proceso de carácter penal, lo cometió ante la comisión parlamentaria, sin lograr sustentar sus afirmaciones. Por ello, está fuera de lugar y es sujeto de proceso”.

La abogada Aida Camacho, que defiende a López, explicó que el Ministerio Público imputó a su cliente por delitos inexistentes y que en ninguna de las declaraciones vertidas por el ex Presidente aduanero hay afirmaciones que dañen la imagen de Juan Ramón Quintana u otras autoridades del Gobierno. “No existe delito, es una denuncia simplemente”.

Camacho denunció que su cliente fue citado el 31 de diciembre del año pasado para declarar por el delito de falso testimonio ante el fiscal Fiorilo, pero que fue imputado el 11 de enero por otro fiscal, Gregorio Blanco, quien no conocía el caso, pero anunció que su cliente asumirá su defensa.

La defensa de López afirmó que las dos imputaciones no son correctas.

Para destacar

Los 33 camiones con la mercadería retenida por el Comando Operativo Aduanero permanecieron 27 días en vía pública.

Unas 250 personas participaron en la recuperación de los vehículos que llevaban artículos electrónicos.

El caso implicó a las principales autoridades de la Aduana y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El principal dirigente de los comerciantes, en aquella época, era Jesús Chambi, natural de Oruro.