Federalismo, la nueva bandera para pedir más poder

La autonomía es una bebé a la que ni siquiera han terminado de bautizar, pero ya uno de sus tíos le ve cara de buena para nada. Potosí, los líderes cívicos y mineros potosinos, ha levantado las banderas del federalismo como la mejor forma de garantizar su desarrollo y se ha anotado como único frente organizado que irá a favor del No en el referendo sobre los estatutos autonómicos departamentales de septiembre.Así, cuestionando el sistema unitario del Estado, la dirigencia pide atención sobre lo que considera urgente: carreteras, represas, hospitales y aeropuertos. A lo que en los 80 llamaron descentralización, en el nuevo siglo se llamó autonomía y ahora pasa a llamarse federalismo: formas de las regiones del país de exigirle al Gobierno central que distribuya recursos y poder. “Esto solo busca generar descentralización”, acusa Hugo Siles, ministro de Autonomías.Viejo anheloJuan José Toro, director del diario El Potosí, explica que las aspiraciones federalista de su tierra nacieron en 1940, cuando el alcalde Wálter Dalence reclamó regalías mineras al presidente Ángel Peñaranda.Este respondió enviando tanques a la ciudad del Cerro Rico. A partir de allí surgió la idea de un Potosí federal, pero las aspiraciones se quedaron en la recuperación de la bandera departamental y en la confección de escudos para cada una de las provincias que existían en ese momento. “No se desarrolló un proyecto”, reseña Toro.El periodista añade que, además, el pedido potosino no es homogéneo, que la composición cultural hace difícil una cohesión departamental, porque los potosinos provienen de cinco culturas: lipes, qara qara, chichas, atacamas y charcas.Eso, por ejemplo, ha hecho que el paro cívico departamental haya sido inexistente en el norte de Potosí, la zona más pobre, y en el sur del departamento, la zona menos golpeada por la miseria. Esa región, conformada por ciudades intermedias, como Villazón, Tupiza y Cotagaita, tiene su propio plan de desarrollo basado en la autonomía regional.Pero ¿por qué desechar la autonomía departamental como instrumento de desarrollo?, ¿Por qué decantarse por el federalismo? “No sé. Eso tendría que preguntárselo al pueblo”, dice lacónico y molesto Johnny Llalli, presidente del Comité Cívico Potosinista, antes de colgar el teléfono.Consignas y paradojasFranz Flores, politólogo, aspirante a doctor y nacido en Potosí, tampoco ve tan claro el anhelo de la dirigencia cívica y minera. Recuerda que en la década de los 90, cuando en el Gobierno de Jaime Paz Zamora se comenzó a avanzar hacia un proceso de descentralización, Potosí se opuso y apostó por un modelo centralista, ya que la minería se encontraba en una de sus peores crisis y los líderes temían no contar con los recursos necesarios para valerse por sí mismos. Era 1991 y la pobreza torturaba a ocho de cada diez habitantes del departamento minero.Flores recuerda que su tierra natal incluso vio con dudas el proceso constituyente y la construcción de autonomías, pero desde 2010 se ha coreado en las calles el federalismo como una forma de demostrar su descontento con el Gobierno. “Todo proceso de descentralización implica que el centro comienza a perder poder y las regiones se fortalecen”, recuerda Flores.La tesis del Gobierno va a contramano. “Un Estado fuerte generará autonomías fuertes”, dice Hugo Siles, que cree que este pedido contrasta con la política económica nacional de recuperación de los recursos naturales, de la apropiación del excedente y la superación de ese Estado famélico, débil que existió antes.“Al fin y al cabo es una forma más de administrar el Estado -dice Marco Antonio Pumari, vicepresidente de Comcipo-. Tenemos una autonomía centralista que no refleja el autogobierno que queríamos, que no tiene las competencias necesarias para que una región pueda desarrollarse autónomamente. Esta autonomía no cumple con lo que significa su nombre”.Sin embargo, Pumari recuerda que el federalismo nunca figuró como una exigencia en el pliego petitorio de los 26 puntos, sino que creció en la calle, en la boca de la gente, en las marchas, tras la desatención del Gobierno.En el fondo -confiesa Pumari- lo que quieren los potosinos es participar de la industrialización de los recursos naturales. Ni siquiera pasa por adueñarse de todos ellos, sino que el Gobierno deje que el departamento participe de la industrialización y se quede con algo de las ganancias.Los potosinos ven con desconfianza su nuevo tesoro. Por siglos la colonia y la república se llevó la plata del Cerro Rico, sin generar desarrollo y ahora temen que Bolivia, tras convertirse en la Arabia Saudita del litio, los siga dejando en la miseria, con un 59% de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, ese dibujo imaginario que marca el límite entre los que tienen un techo digno, agua, electricidad, desagües y algo para llevar todos los días a la mesa y los que tienen que pelear a diario para sobrevivir.¿De verdad pueden?Siles sospecha que el interés potosino por la autonomía es apropiarse de los recursos naturales. Sin embargo, cree que Potosí sale ganando en el modelo actual. Explica que actualmente el departamento tiene una recaudación de Bs 700 millones y transferencias estatales que están entre 3.800 millones y 4.000 millones. Sin embargo, cuando se le consulta quién administra esas transferencias, Siles admite que un 80% es ejecutada por el Gobierno.Para el sociólogo Fernando Mayorga esta crisis debería resolverse en el marco de la agenda 2025. Recuerda que el Gobierno se ha propuesto eliminar la extrema pobreza, cobertura global de servicios básicos y garantizar la seguridad alimentaria antes de que Bolivia cumpla 200 años.Para lograrlo, el Estado deberá trabajar con las regiones y los municipios. Si los 26 puntos se inscriben en la agenda patriótica, pueden canalizarse inversiones desde los tres niveles del Estado para lograrlo.Carlos Hugo Molina, académico y proyectista de la Ley de Participación Popular, sugiere además poner a trabajar a la Asamblea Departamental, elaborando leyes que les garanticen tener un instrumento jurídico para negociar la demanda con el Gobierno.Mayorga ve un espacio de discusión de la forma de distribuir los recursos y el poder en el pacto fiscal. Explica que los resultados de las elecciones de marzo quitarán el tono monocromático de la mesa de debates y, si los actores no tienden a atrincherarse en sus regiones, habrá una buena oportunidad de pactar.Siles también tiene sus ideas sobre cómo será el debate del pacto fiscal. “Será sobre cómo gastar bien y como generar los recursos. El proceso autonómico apuesta a eso”, explica.Mientras tanto, Potosí vitorea a Petardo, el perro marchista, y busca la forma de seguir la lucha por sus demandas.Franz Flores, en cambio, no ve entre sus coterráneos una élite capaz de generar un proyecto de desarrollo que garantice la salida de la pobreza y que convierta a Potosí en una potencia regional. Eso no está en la agenda de los 26 puntos