El oficialismo recurrió a sus dos tercios y aprobó anoche la Ley Corta. La oposición anunció que denunciará el hecho a organismos internacionales como la OEA, porque se afectó la democracia.
LA CÁMARA ALTA • Sancionó anoche la Ley Corta tras una sesión que fue declarada por tiempo y materia.
La Razón
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Morales ya tiene el aval para elegir autoridades judiciales
La Asamblea Legislativa sancionó anoche la Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, denominada Ley Corta, que autoriza al presidente Evo Morales designar a las autoridades del Poder Judicial en los cargos que están acéfalos.
En las próximas horas, el Jefe de Estado promulgará la Ley y estará habilitado para nombrar a 18 autoridades de cargos acéfalos en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
Los senadores oficialistas recurrieron a su rodillo para aprobar el proyecto de ley en grande y detalle en una sesión que fue declarada por tiempo y materia y que duró siete horas.
La bancada opositora del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) no logró frenar la aprobación de la norma, pese a todos los argumentos que expusieron.
Germán Antelo, jefe de bancada de esa tienda, afirmó que esa norma es inconstitucional porque viola varios preceptos de la nueva Carta Magna, que establece que la Asamblea Legislativa seleccionará a los postulantes y enviará la nómina al Órgano Electoral para que organice la elección de las autoridades.
El senador Bernard Gutiérrez, de PPB-CN, anunció que recurrirá a instancias internacionales para denunciar la acción oficialista. “Que se tenga la certeza de que se utilizará todas las vías de hecho ante un antecedente nefasto, y acudiremos a todas las instancias necesarias, a la Organización de Estados Americanos (OEA), porque hoy se enterró la democracia”, afirmó el legislador.
La senadora Sandra Soriano (MAS), presidenta de la Comisión de Justicia, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado indicó que los opositores “no usan o leen de forma completa” la mencionada norma.
La sesión se inició a las 16.45 y concluyó a las 11.50. Oficialistas y opositores se enfrascaron en largas discusiones sobre la legalidad y constitucionalidad de la Ley. Como mecanismo de protesta y denuncia, la senadora María Elva Pinckert, suplente de Germán Antelo, elaboró carteles y cada que un oficialista terminaba de hablar sacaba uno. “Ayer fujimorazo, hoy moralazo”, “Hoy murió la democracia”, “La Democracia que en paz descanse”, decían algunos de los carteles.
La Ley Corta, que tiene seis artículos, fue aprobada en la Cámara de Diputados el martes 10. El miércoles pasó a la Comisión de Constitución del Senado donde se hicieron dos modificaciones de forma. Por una parte se anuló el parágrafo cuarto del artículo 5 que establecía que “la designación del Fiscal General del Estado por la Asamblea Legislativa Plurinacional se efectuará de acuerdo con la Constitución Política del Estado y con la nueva Ley del Ministerio Público”. Además se incorporó en la redacción del artículo que se hace la convocatoria a elecciones de autoridades “de conformidad al artículo 208 de la Constitución Política del Estado”. Al artículo 3 también se añade la disposición transitoria 6 de la Constitución.
“La población es la ganadora, no nosotros”, concluyó el senador Efraín Condori (MAS).
Se designará a 18 autoridades
Con la aprobación de la Ley Corta en la Asamblea Legislativa, el presidente Evo Morales tiene la potestad para nombrar a 18 autoridades del Poder Judicial: cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia; 10 magistrados del Tribunal Constitucional (cinco titulares y cinco suplentes) y tres integrantes del Consejo de la Judicatura.
En la actualidad, los ministros que cumplen funciones en la Corte Suprema de Justicia son: Julio Ortiz Linares, Beatriz Sandóval (Presidenta), Teófilo Tarquino, Ángel Irusta Pérez, José Luis Baptista Morales y Hugo Suárez Calvimonte.
En cambio, el Tribunal Constitucional no tiene ningún miembro luego de las renuncias de sus miembros y otros que concluyeron su mandato. La última magistrada en renunciar fue Silvia Salame, en mayo del año pasado.
En el caso del Consejo de la Judicatura, el único consejero en funciones es Rodolfo Mérida. Según la Ley de Organización Judicial (LOJ), esa instancia está integrada además por el Presidente de la Corte Suprema, con lo que se logra hacer quórum.
La Ley Corta
Artículo 1 • Dispone el período de transición para la implementación del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público; así como la convocatoria a elecciones de nuevas autoridades judiciales.
Artículo 2 • Convoca a elecciones de autoridades de los nuevos órganos judiciales para el domingo 5 de diciembre del 2010. Los funcionarios electos cumplirán su mandato a partir del primer día hábil de enero del año 2011.
Artículo 3 • Autoriza al Presidente del Estado a nombrar con carácter interino a las autoridades de los cargos acéfalos de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura. Declara la transitoriedad de los cargos.
Artículo 4 • Dicta que las competencias y el funcionamiento del Tribunal Constitucional se circunscribirán a la liquidación de los recursos constitucionales presentados hasta el 6 de febrero del 2009. Además, establece que los tribunales, jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado.
Artículo 5 • Prorroga las funciones del Fiscal General de la República hasta tanto la Asamblea Legislativa designe al Fiscal General del Estado Plurinacional. En caso de que los fiscales de Distrito cumplan su mandato en el período de transición, el Fiscal General podrá nombrar directamente de manera interina a los fiscales que ejercerán estos cargos.
Artículo 6 • Establece que las competencias y funciones de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Agrario y del Ministerio Público se regirán por la Constitución Política del Estado y por las leyes respectivas.
Evo prevé elegir a magistrados en pleno Carnaval
La Prensa
Gobierno alista designaciones judiciales para los próximos días
Trámite: La Comisión de Constitución de la Cámara Alta finalizó ayer el tratamiento del proyecto de ley y lo derivó a la Presidencia del Senado. La sesión plenaria camaral debía comenzar a las 16.00.
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que, tras la aprobación de la “ley corta”, es probable que este fin de semana o los primeros días de Carnaval, el presidente Evo Morales designe a las autoridades transitorias de los más de cien cargos acéfalos del Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Si aprueba —dijo el Vicepresidente— el día de hoy en la Asamblea, el Presidente (…) trabaja todo el día, sábado, domingo, lunes, martes, todo el Carnaval, va a seguir trabajando, y, por lo tanto, el Presidente, este fin de semana, máximo la siguiente semana, ya dará los resultados”.
La Comisión de Constitución del Senado finalizó la mañana de ayer el análisis del proyecto de “ley corta” y lo derivó a la Presidencia de la Cámara Alta, para que esta instancia convoque al respectivo debate en la plenaria camaral, que debía comenzar a las 16.00 de este viernes.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición (16.30), la sesión no había empezado. Por otra parte, el presidente interino del Senado, René Martínez (MAS), dijo a La Prensa que una vez que la “ley corta” entre en vigencia, se impulsará la reactivación de los juicios de responsabilidad contra altos dignatarios de Estado.
Por su lado, el vicepresidente García Linera anunció que el Poder Ejecutivo prepara una ley para los juicios “abiertos” en el marco de la anterior Constitución Política del Estado y adecuarlos a la nueva Carta Magna. “Ahí hay un vacío —dijo García linera—, hay que construir un puente que permita que juicios habilitados con la antigua Constitución puedan ser juzgados de manera rápida y concreta con la nueva Carta Magna”.
Entre los juicios de responsabilidad pendientes están el del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), por el caso misiles chinos, y el de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por la masacre de octubre de 2003 en El Alto.