Con la premisa de que la lucha contra la corrupción transcienda de los papeles a los tribunales, desde ayer se reúne en Cochabamba el Consejo Nacional del Ministerio Público, para consolidar la estructura que llevará adelante los procesos sobre fortunas ilícitas en el marco de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El Fiscal General Mario Uribe, con otros fiscales de Distrito, ayer.
Por Vásquez Katiuska – Los Tiempos – 16/04/2010
El fiscal general, Mario Uribe, dijo que se busca “fundamentalmente establecer toda la estructura organizativa”.
Para establecer la estructura organizativa de la ley Anticorrupción se necesita la participación de representantes de las fiscalías del país. Éstos definirán las líneas a seguir y la logística que se necesitará para echar a andar los procesos, explicó Uribe.
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Según datos parciales, el Ministerio Público requiere de al menos 80 fiscales y unos 40 millones de dólares para consolidar las fiscalías anticorrupción en todo el país. En la misma situación se encuentran los juzgados.
El presidente del Consejo de la Judicatura en Cochabamba, Jhonny Ledesma, informó que la Corte Superior de Justicia está llana a incorporar juzgados anticorrupción. Sin embargo, aún se espera que el Consejo de la Judicatura de Sucre brinde un informe sobre la modalidad de creación y el presupuesto para su funcionamiento.
Agregó que hasta ahora los procesos por enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, con rótulo de corrupción, se han tramitado como los juicios tradicionales y en los juzgados penales. Pero, con la entrada en rigor de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se busca la especialización de los tribunales.
El fiscal de Distrito de Cochabamba, Camilo Medina, expresó que una tarea vital del Consejo del Ministerio Público es la aplicación de la Ley Anticorrupción en todas las competencias que le delega a la Fiscalía como el programa de protección de víctimas, que podría hacerse en coordinación con instituciones como la Policía.
El programa mencionado “brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros partícipes directos o indirectos en el proceso de investigación hasta el juzgamiento”.
Analizan apoyo de la NAS
El financiamiento que brinda la División de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos (NAS) a la Fiscalía de Sustancias Controladas fue otro de los puntos clave de la agenda del Consejo Nacional del Ministerio Público.
Actualmente, las fiscalías antinarcóticos continúan recibiendo el apoyo de la NAS, quien cubre varios servicios e incluso el mobiliario. Sin embargo, los fiscales se han propuesto evaluar los alcances de la cooperación y “si es pertinente bajo los actuales parámetros”, dijo Uribe.
La NAS mantiene su financiamiento a la Fiscalía de Sustancias Controladas pese a la expulsión de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en 2008, proveyendo recursos y respaldando con insumos como gasolina y otros a grupos especiales de la Policía, que intervienen en la lucha frontal contra el narcotráfico.
DISCIPLINA
Con el objetivo de agilizar los procesos contra los fiscales, el Consejo Nacional del Ministerio Público, eligió una terna de fiscales de distritos para conformar el Tribunal Nacional de Disciplina. Con ello se busca que la instancia disciplinaria esté conformada con anticipación, para no demorar los procesos.
Sólo en Cochabamba hay 15 fiscales en proceso, incluido el ex fiscal de Distrito César Cartagena, quien es procesado por faltas administrativas por el caso de múltiples sobreseimientos sobre el caso de triple linchamiento de Epizana.