Queda claro que el cardenal Julio Terrazas nunca recibió fondos públicos para su uso privado como maliciosamente se dio a entender.
La Conferencia Episcopal Boliviana brindó una amplia y completa aclaración sobre el cheque, cuentas y uso del dinero entregado al Arzobispado de Santa Cruz, al que hizo referencia el fiscal del Estado Plurinacional, Félix Peralta. Por tanto, queda claro que el cardenal Julio Terrazas nunca recibió fondos públicos para su uso privado como maliciosamente se dio a entender.
El dinero recibido —sostienen los obispos— fue para la conclusión y equipamiento del albergue Hogar de la Esperanza, para niños que viven en la calle o en la cárcel (en gran parte hijos de condenados por la Ley de la Coca y Sustancias Controladas). Todo ello, en el marco de un convenio suscrito entre el Estado, representado por el despacho de la Primera Dama de la Nación, en ese entonces dirigido por la esposa del presidente Banzer (1997-2001) y la Arquidiócesis de Santa Cruz. En diez años del funcionamiento del hogar, entre 1999 y 2010, más de 500 niños han sido acogidos en dicho hogar, recibiendo la debida atención, cuidado y educación.
Las autoridades gubernamentales que todavía insisten en hostilizar y sembrar dudas respecto de la actuación de la Iglesia Católica deberían admitir que las autoridades eclesiásticas cumplieron a cabalidad con los servicios y fines sociales que secularmente atienden, supliendo a un Estado, republicano o plurinacional, que por sí mismo no puede cubrir las demandas ciudadanas de salud, educación y asistencia social.
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Si el dinero entregado por el Estado a la Iglesia Católica provino de los gastos reservados, es irrelevante. Para conocimiento de la opinión pública, hasta 2005, la existencia y uso de los gastos reservados eran legales y sujetos a normativa expresa. La Iglesia y el entonces monseñor Julio Terrazas no tenían por qué conocer la fuente de financiamiento del dinero recibido para los fines señalados. Incluso, en el supuesto caso de que alguien hubiera tenido conocimiento, la transferencia temporal de recursos del Estado a la Iglesia fueron legales y ajustados a procedimiento.
Eliminados los gastos reservados, toda persona que hubiere administrado dichos fondos o entrado en contacto con ellos es criminalizada, como se pretendió hacer con la Iglesia. Como intencionalmente se hace con otros funcionarios y ex gobernantes. Waldo Albarracín, el ex defensor del Pueblo, es otra víctima de la misma campaña de desprestigio y descalificación.
Las disculpas del caso no vendrán nunca del Estado ni de los modernos fariseos, pero sí de la sociedad, del ciudadano, de las personas. De hecho, enfáticamente así lo expresaron a través del sufragio el 4 de abril de 2010.
La mentira, el amedrentamiento y el chantaje que se efectúan desde el poder tienen siempre vida corta. Napoleón Bonaparte, el general y emperador francés, reflexionó en alguna oportunidad que las bayonetas (la fuerza y la violencia) sirven para todo, excepto para sentarse en ellas.
Muchas voces, desde distintos ámbitos, se están levantando para pedir a nuestros gobernantes que reflexionen y cambien de actitud. Que dejen de lado la violencia y el miedo como instrumentos para gobernar. Con la advertencia de que si persisten en dicha senda, será su ruina. Lo lamentable es comprobar que, temprano o tarde, el poder mal administrado termina por enceguecer a los hombres y conducirlos al fracaso, a pesar de las advertencias.
Carlos Cordero Carrafa
Politólogo y catedrático