Un abogado se cansó de tanto pelear en defensa de la jurisdicción y retiró un Amparo Constitucional en contra de un juez. Castedo ya no será aprehendido, caduca su orden de allanamiento.
Abogado
El Día
Castedo ya no será aprehendido
Un abogado se cansó de tanto pelear y retiró un Amparo Constitucional planteado en contra del juez Roque Leaños, quien ‘en forma obediente’ mandó el expediente a La Paz desconociendo un fallo de la Suprema y de una sala de la propia Corte.
Mientras uno de los supuestos implicados, el ex presidente de Cotas Ronald Castedo, alega que por razones de salud no puede trasladarse a La Paz, ha quedado reducida a nada la pelea porque el caso de supuesto terrorismo se ventile en territorio cruceño luego que el abogado Luis Orlando Reyes se cansara de las sucesivas excusas de los 12 vocales en ejercicio de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz
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Reyes es miembro del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y asumió la representación de los ex unionistas David Sejas y Alfredo Saucedo demandando al juez cruceño Roque Leaños porque éste decidió enviar el expediente del caso a la Sede de Gobierno. Por eso planteó un Amparo Constitucional en fecha 11 de enero pasado para evitar que la orden se haga efectiva, pero nada pudo evitarlo.
Sin embargo, el abogado relató que se mantuvo firme considerando que el juez Roque Leaños había cometido el delito de prevaricato por haber pasado por encima de un fallo de la Corte Suprema y de la sala penal primera de la Corte Superior que entregaba la competencia de la investigación al juez Luis Tapia.
El abogado dijo que tenía la esperanza que la audiencia se realice, pero esto no ocurrió pues los doce vocales de las cuatro salas se excusaron: Oswaldo Céspedes, Edgar Terrazas, Adolfo Gandarilla, Hernán Cortez, Edgar Molina, Adhemar Fernández, Samuel Saucedo, Teresa Vera, Teresa Lourdes Ardaya, Limberg Gutiérrez y Johnny Vaca Díez.
Como no habían más vocales entonces convocaron a los conjueces que actúan en suplencia de éstos y el expediente llegó a las manos de Adhemar Menacho, Alejandro Mansilla y Bismarck Osinaga.
El abogado Reyes relata que los conjueces estaban por realizar la audiencia pero desde La Paz empezaron a presionarlos y el fiscal Genaro Quenta los llamó a declarar. Poco después se enteró que uno de los conjueces, Adhemar Menacho, había desistido y sólo quedaban dos conjueces amedrentados.
“Nadie me aportó por lo menos con fotocopias”, dijo.
Sobre el tema, el presidente de la Corte Superior de Distrito, Adhemar Fernández, quien criticó de ‘muy obediente’ al juez Roque Leaños por haber enviado el expediente a La Paz, sin haber consultado a las partes en conflicto, ante un simple pedido del entonces viceministro de Autonomía, Saúl Ávalos, presunta víctima en el caso.
En esa oportunidad Leaños consideró que no había cometido ningún delito. Poco después la Fiscalía de Distrito le iniciaría un proceso por prevaricato por haberse supuestamente parcializado en un proceso contra YPFB.
“No sé cómo se leyó 4 mil hojas en una hora”, dijo el jurista. El presidente de la Corte, Fernández, dijo que no puede pedirle explicaciones porque su accionar es administrativo y señaló que éste es un laberinto de nunca acabar.
Por su parte el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, dijo que en Bolivia poco a poco se pierde el Estado de derecho. Explicó que todos los vocales que se han excusado han quedado sin competencia para conocer en el futuro el conflicto de competencia.
Suspenden aprehensión de ‘Chichi’ Castedo
Después de cinco días de permanecer cercado en su casa de la avenida Beni y quinto anillo, el juez Marcelo Soza determinó ayer dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión librado contra el ex presidente de Cotas, Ronald Castedo.
A las 14.30 el mismo Castedo mostró la determinación en la que se pide a la fiscal de Distrito, Arminda Méndez organizar una junta médica para certificar el estado de salud de Castedo.
Castedo ya fue examinado por el forense Óscar Ciro Ortiz quien certificó su afección cardiaca que le imposibilita trasladarse a las alturas.
El abogado José Hoffman dijo que su cliente nunca tuvo problemas por declarar en Santa Cruz y que lo hará cuando así lo disponga Marcelo Soza.
Castedo, acusado por Soza de ser el jefe de la logia Caballeros del Oriente y supuesto financiador de la célula Rózsa, fue visitado ayer por el presidente de la Brigada Parlamentaria, Jorge Flores.
Por la noche también se reunió con el gobernador electo, Rubén Costas.
“Este es un cerco sicológico”, dijo Costas al salir pues a pesar que gran parte de los policías uniformados se habían marchado frente a la casa permanecían algunos vestidos de civil.
Castedo señaló que por lo menos dormiría más tranquilo la noche del miércoles.
El vía crucis
1 La Paz asume. La juez paceña Betty Yañíquez asumió la investigación del caso de magnicidio ante la denuncia del Ministerio de Gobierno luego del asalto al hotel Las Américas el 16 de abril del 2009 en Santa Cruz en el que murió el supuesto cabecilla Eduardo Rózsa y dos acompañantes.
2 El conflicto . El juez cautelar de Santa Cruz Luis Tapia Pachi asumió el control de la investigación sobre el atentado en la casa del Vice-ministro de Autonomías Saúl Ávalos perpetrado el 28 de mayo del 2008 en el barrio Universitario y el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y se estableció la conexitud con el caso del hotel Las Américas y por eso se acumularon los tres casos.
3 Demanda • El juez Tapia planteó el conflicto de competencias y la juez paceña Betty Yañíquez mandó el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que éste se dirima.
4 La Corte Suprema • Resolvió que la Corte Superior de Santa Cruz debería pronunciarse y la sala penal primera de Teresa Vera y Teresa Lourdes Ardaya fallaron que en atención a que los hechos ocurrieron en Santa Cruz el caso debería ventilarse en Santa Cruz.
5 Recursos • El Gobierno planteó dos amparos constitucionales en La Paz y en uno de ellos supuestamente deja sin efecto los otros fallos y el juez cruceño Roque Leaños, que conoció el caso en suplencia de Tapia, devolvió el caso a La Paz.
Caduca orden de allanamiento contra Castedo
Investigación. El pedido de aprehensión continúa vigente
Visita. Jorge Flores Reus se despide de Ronald Castedo. Lo visitó ayer por la tarde y anunció la citación de Marcelo Soza.
Pablo Ortiz/Marco Chuquimia, EL DEBER
La orden de allanamiento que tenía la Policía para ingresar en el domicilio de Ronald Castedo caducó ayer, tras 96 horas de vigencia, informó el abogado defensor, José Hoffmann. Sin embargo, el mandamiento de apremio contra el ex presidente de Cotas continúa vigente y Hoffman presentó ayer un memorial para tratar de dejarlo sin efecto, hasta que se le practique un nuevo examen médico que defina si su cliente puede viajar a La Paz.
Este trámite está bloqueado. El martes, el abogado de Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, Raúl Corro, recusó a la jueza Margot Pérez por emitir opinión respecto al caso y de ese modo el proceso pasó al juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal. Este asiento pertenecía al actual fiscal de Distrito de La Paz, Williams Dávila, y su suplente es Álvaro Melgarejo, que ya ha sido varias veces recusado por el Gobierno. Hasta que no se resuelva la recusación, el caso no tiene un juez a cargo.
Mientras tanto, en Santa Cruz, el cerco en la casa de Castedo continúa. Ayer había tres vehículos de Inteligencia con efectivos que anotaban quién entraba y quién salía de la casa del ex presidente de Cotas. Para mitigar el calor, los policías mantienen el motor del vehículo en marcha y se refugian en el aire acondicionado. Junto a ellos, más de 10 periodistas se mantienen en la puerta de Castedo, que dos veces al día envía una botella de soda para que los comunicadores se refresquen.
También recibe visitas. Ayer fueron el presidente de la Brigada Parlamentaria, Jorge Flores Reus, que anunció que solicitará que la Comisión de Constitución convoque al fiscal Marcelo Soza para que brinde un informe, y el gobernador electo, Rubén Costas, que calificó la vigilia policial de la casa de Castedo como terrorismo de Estado y un intento de amedrentamiento.
Costas hizo público su apoyo a Castedo y recordó que son amigos desde la adolescencia.
Mientras tanto, la Fiscalía de Santa Cruz no ha designado a los forenses que deben practicar el examen a Castedo. El arquitecto sufrió en 2005 problemas cardiacos que obligaron a los médicos a practicarle dos intervenciones quirúrgicas.
Sufre de hipertensión y desde hace dos años tiene prohibido viajar a La Paz. Castedo asegura que está dispuesto a someterse a cualquier junta médica para probarlo y Costas responsabiliza al Gobierno de cualquier percance de salud que sufra el ex presidente de Cotas.
Ivette de Asbún denuncia que los quieren amedrentar
Ivette Cortez de Asbún, esposa de Alfredo Asbún, que fuera convocada a La Paz para declarar por el caso Rózsa, denunció ayer que vehículos policiales y agentes vestidos de civil rondan tanto su casa como su negocio, en lo que considera un intento de amedrentarla.
Ella debía presentarse a declarar la semana pasada en La Paz, ya que el fiscal Marcelo Soza considera que su esposo, detenido en Miami, acusado de tráfico de armas, pudo ser un proveedor del supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa. Cortez presentó un memorial justificando su ausencia por un problema de salud y no ha vuelto a ser convocada.
Según su hijo, Mauro Asbún, los efectivos hasta han llegado a molestar al vecindario preguntándole por su padre y sus actividades. “Lo que queremos es que nos dejen vivir y trabajar en paz”, exclamaron.
En detalle
– Indicios. La investigación a Ronald Castedo comenzó con la declaración de Marco Antonio Mariscal, que lo identificó como el líder de la logia Caballeros del Oriente, según dijo el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a la Asamblea Legislativa.
– Allanamiento. El fiscal Marcelo Soza se trasladó a Santa Cruz y allanó la oficina de Castedo, de donde sacó documentación. También cercó y acordonó su domicilio.
– Cerco. Castedo debía presentarse a declarar la semana pasada en La Paz, pero no puede viajar a ciudades de gran altitud por problemas cardiacos. Pese a que hizo constar pruebas de esto a través de memoriales, Soza emitió una orden de detención en su contra y tramitó el allanamiento.
– Jurisdicción. Juristas señalan que la insistencia de Soza por llevar a Castedo a La Paz se debe a que pretende imputarlo y cautelarlo. Si lo hiciera en Santa Cruz, volvería el problema de jurisdicción, ya que debería reconocerle facultades a un juez local.