Juicio: La primera autoridad que puede ser suspendida es el Alcalde de Potosí, que ya tiene fecha fijada para su audiencia. El MAS advierte de que no habrá cambios en la ley. La oposición protesta, pero no logra articular su huelga de hambre.
La Prensa.- La amenaza de suspensión temporal de autoridades electas también alcanza a los alcaldes opositores que tienen procesos legales en su contra. Una de las primeras autoridades ediles que dejaría su cargo es René Joaquino, alcalde de Potosí, porque un tribunal de sentencia fijó el 21 de junio como fecha de inicio del juicio oral por el delito de conducta antieconómica.
La suspensión temporal de alcaldes tiene su base jurídica en la Ley 2028 de Municipalidades que está vigente. Esta norma establece en su artículo 48 que un alcalde será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones “y las de concejal” por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado, que es equivalente a acusación formal.
La suspensión —según la normativa— durará durante toda la “substanciación del proceso para asumir su defensa” y la autoridad puede ser restituida a su cargo “en caso de sentencia absolutoria o declarativa de inocencia”.
No obstante, la Ley 2028 también prevé la suspensión definitiva y pérdida de mandato del alcalde y suspensión definitiva como concejal cuando exista una sentencia condenatoria ejecutoriada o pena privativa de libertad, pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial ejecutoriada por responsabilidad civil.
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Según el ministro de Autonomías, Carlos Romero, no fue necesario incorporar estas disposiciones en la Ley Transitoria de Autonomías, que establece la suspensión temporal de gobernadores que tengan acusaciones formales, porque esta norma se aplicará estrictamente para los gobiernos departamentales y para los municipios se mantiene vigente la Ley de Municipalidades.
Los alcaldes electos en los comicios del 4 de abril que tienen procesos legales abiertos, en su mayoría, son opositores: Moisés Shriqui, de Trinidad; Luis Revilla, de La Paz; Jaime Barrón, de Sucre; René Joaquino, de Potosí, y de Santa Cruz, Percy Fernández (ver recuadro).
Según el abogado con especialidad en temas municipales Roberto López, si los procesos legales abiertos contra estas autoridades finalizan la etapa de investigación, el Ministerio Público presentará la acusación formal ante un juez o tribunal, lo que puede derivar en la suspensión inmediata de los alcaldes, previa aprobación del Concejo Municipal, “pero el dilema será ¿quién reemplazará al alcalde?, porque esta autoridad fue electa en lista separada y no es posible que un concejal asuma ese cargo”.
En el caso de René Joaquino, quien es acusado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por la compra de autos usados en 2006, ya existe fecha para el inicio del juicio oral: 21 de junio. La audiencia será presidida por el juez Jaime Choquevillque y comenzará a las 09.00 de ese día, según el diario potosino El Potosí.
La Fiscalía potosina acusó formalmente a la autoridad electa y a cinco ex concejales porque existen indicios que hacen presumir que son responsables de la comisión de los dos ilícitos.
Sin embargo, Joaquino ratificó que demostrará su inocencia en los estrados judiciales porque —en su criterio— gastó menor cantidad de recursos al adquirir vehículos usados de Iquique (Chile), lo que generó un ahorro para la Alcaldía.
El representante del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Potosí, Henry Mamani, anticipó ayer que es inminente la suspensión del Alcalde tras su posesión el 30 de mayo.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) David Sánchez anticipó que las autoridades locales que tengan procesos avanzados pueden correr la misma suerte. Citó como ejemplo el alejamiento del cargo de la ex alcaldesa de Sucre Aideé Nava, quien fue suspendida después de que la Fiscalía la notificara formalmente de la apertura del juicio oral en su contra por la supuesta compra irregular de 80.000 bolsas de cemento.
Para el alcalde electo de Sucre, Jaime Barrón, este procedimiento forma parte de una estrategia oficialista para evitar la gobernabilidad de las autoridades opositoras tanto en gobernaciones como en alcaldías municipales controladas por las fuerzas políticas de oposición.
En el caso de los gobiernos departamentales, las autoridades que pueden ser suspendidas con la Ley de Transición para el Funcionamiento de Gobiernos Autónomos, si es aprobada tal cual en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, son Mario Cossío Cortez, de Tarija; Ernesto Suárez Sattori, de Beni, y Rubén Costas Aguilera, de Santa Cruz.
La norma pasó al Senado, que tratará la normativa por tiempo y materia a partir de este jueves. El oficialismo, que tiene mayoría en esa instancia, ya anticipó que no modificará ni una coma del proyecto y lo aprobará en los siguientes días.
Autoridades electas que tienen procesos legales
Rubén Costas
Actualmente tiene imputación formal por la supuesta malversación económica de 10,2 millones de bolivianos en la organización del referéndum aprobatorio del Estatuto Autonómico de Santa Cruz del 4 de mayo de 2008. En abril fue arraigado y sólo podrá salir del país con orden judicial justificando invitaciones institucionales. En Transparencia existen otras ocho denuncias en su contra.
Ernesto Suárez
Tiene un proceso por la consulta sobre el Estatuto Autonómico de Beni cumplido el 4 de abril. También se le sigue un proceso por el desembolso de fondos públicos en beneficio de la cooperativa Maniqui, la encargada de prestar el servicio de energía eléctrica al municipio de San Borja. Finalmente tiene un proceso judicial por la construcción de caminos vecinales con presuntas irregularidades.
Mario Cossío
Tiene un proceso penal abierto por la Fiscalía por el uso de recursos públicos en la realización del referéndum para la aprobación del Estatuto Autonómico tarijeño. Además, hay otros procesos que tienen que ver con irregularidades en la instalación de las represas Calders, Huacata y El Molino, la construcción del velódromo, la piscina olímpica y las generadoras eléctricas en Bermejo, entre otras.
Jaime Barrón
La autoridad electa es acusada por la Contraloría chuquisaqueña de nepotismo en la Universidad San Francisco Xavier, de la que fue rector. Según Transparencia, vulneró normas vigentes, como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. El Ministerio Público también le sigue un proceso por su participación en los hechos de racismo contra campesinos ocurrido en la ciudad de Sucre en mayo de 2008.
René Joaquino
Es acusado por la compra de autos usados e indocumentados en la gestión 2006 para la Alcaldía Municipal de Potosí. El Tribunal de Sentencia ayer estableció la fecha del inicio del juicio oral en su contra y otros seis ex concejales: 21 de junio. Con esta figura, el Concejo Municipal potosino tendría que autorizar la licencia indefinida para que la autoridad edil se defienda en los estrados judiciales.
Luis Revilla
El alcalde electo Luis Revilla y el jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, son acusados del presunto desvío de un millón de bolivianos por la compra de terrenos en la zona de Alpacoma para el relleno sanitario. La primera notificación ante el Ministerio Público no prosperó porque los acusados no conocieron las razones de la demanda, pero se prevé que se retomará el proceso.
Moisés Shriqui
Es investigado por la Fiscalía de tener vínculos con el caso Eduardo Rózsa en el país. También la Contraloría General denunció al Alcalde Municipal de Trinidad por percibir doble salario y ocasionar un daño económico de 116.000 dólares al Estado (1 a 6 años). Shriqui realizó cobros a la Alcaldía Municipal de Trinidad por 901.000 bolivianos y del Seguro Social Militar por 647.000 bolivianos.
Percy Fernández
Es investigado por el Ministerio de Transparencia y por la Contraloría por daño económico al Municipio de Santa Cruz por cinco millones de dólares originado por un pago irregular a una empresa por un servicio no prestado a la Comuna. La acusación la hizo el concejal Óscar Vargas, ex aliado del Alcalde, quien brindó toda la documentación pertinente a las dos instituciones del Gobierno.
El MAS advierte de que no habrá cambios en la ley
La Paz / La Prensa y El Deber.- Sin modificar una coma, los senadores y diputados de la bancada oficialista anunciaron ayer que aprobarán el proyecto de Ley Transitoria de autonomías presentado por el Órgano Ejecutivo, que contempla la inhabilitación temporal de los gobernadores electos que enfrenten procesos en la justicia.
El documento será tratado desde hoy por tiempo y materia hasta su aprobación en la Cámara de Senadores. El proyecto avalado por la Comisión de Organización Territorial del Estado del Senado es rechazado por la oposición y la dirigencia cívica de Beni, Tarija y Santa Cruz por considerar que el MAS pretende copar los espacios de poder que perdió en las elecciones del 4 de abril. Además, la propuesta oficialista establece que los gobernadores deben prestar juramento ante el presidente Evo Morales.
La línea oficialista fue trazada por el presidente interino del Senado, René Martínez, quien afirmó que no existe observación legal a la propuesta del MAS que amerite un cambio. “Lo que hay es un interés político y de impunidad escudada en la supuesta defensa del voto popular”.
Un criterio similar emitió la diputada masista Betty Tejada. Según ella, el proyecto aprobado en la comisión del Senado fue consensuado en la bancada en pleno del MAS y difícilmente habrá cambios. Aseguró que con la modificación del cuestionado artículo 8, que contempla la inhabilitación de los gobernadores electos, se cubre un vacío legal y se acaba con la impunidad.
Sin embargo, el diputado Javier Leigue, de PPB-CN, anunció que presentará una propuesta que contempla la vigencia de la también ley corta sólo hasta el 23 de julio.
La oposición protesta, pero no logra articular su huelga de hambre
Agenda. Tarija marcha hoy, Santa Cruz mañana y Beni evalúa su movilización de ayer
Paulo Cuiza – La Razón
Cívicos de Tarija y Beni dieron ayer un paso atrás en su intención de instalar piquetes de huelga en contra de la Ley Transitoria de Autonomías, aunque realizaron marchas y anunciaron que radicalizarán sus protestas con cabildos y paros.
Esa decisión fue comunicada por el vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Baldemar Peralta, quien anunció para hoy una “gran movilización” a partir de las 16.00 desde la plaza San Roque de la capital tarijeña y, para el viernes, la institución cívica anuncia un paro de 24 horas.
Según Peralta, la huelga de hambre será una medida a adoptar en caso de que el Gobierno insista en aprobar la Ley Transitoria de Autonomías.
El cívico recalcó que las organizaciones tarijeñas rechazan los artículos 8, 9, 10, 16 y 17 de la ley transitoria que el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende aprobar en la Asamblea. Peralta tachó a la ley de divisoria y a sus artículos de “artículos golpistas”.
En la ciudad de Trinidad, al menos 30.000 personas de distintos sectores sociales, como de la universidad y el transporte, marcharon en contra de los artículos 8 y 9 de la ley transitoria.
La movilización concluyó en la plaza principal “José Ballivián”, donde se emitieron discursos en contra del Gobierno y la ley corta de autonomías.
El gobernador electo del Beni, Ernesto Suárez, lanzó críticas a la decisión del Gobierno de continuar con su intención de aprobar la ley.
“Nos quieren sacar de la cancha a través de maniobras que se están implementando a través de esta ley corta. Ya se acabó el centralismo y hoy vivimos autonomías, por eso votamos el 4 de abril. El Gobierno quiere seguir metiendo la mano desde La Paz”, dijo.
Desde Santa Cruz, el Comité Cívico cruceño determinó además convocar a la primera gran movilización social el viernes a las 16.00 en la plaza principal 24 de Septiembre. Su presidente, Luis Núñez, dijo que desde ese céntrico lugar, el Comité Cívico hará conocer “al mundo, al pueblo cruceño y boliviano del porqué rechazamos ese proyecto, inconstitucional, ilegal y arbitrario”.
Roly Aguilera, prefecto interino de Santa Cruz, acotó que el comité permanente de movilizaciones del Comité Cívico cruceño se encargará de organizar la movilización del viernes, que según anticipó tendrá la participación de varios sectores, entre ellos, fuerzas políticas, brigada parlamentaria y representantes municipales.
El martes, el Movimiento Cívico Nacional, representado por cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Pando, Beni y Tarija, determinó que este miércoles se iniciarían huelgas de hambre en Beni y Tarija, que luego se extenderían.
Decidieron además defender “con tenacidad y energía la autonomía departamental y la democracia”, lo que ahora harán con movilizaciones.
Posturas contra el gobierno
Beni de pie
Los cívicos afirmaron que benianos enviaron un mensaje al Gobierno: “Beni está de pie, morirá de pie y nunca de rodillas”.
Lucha
Cívicos de Santa Cruz aseguraron que la lucha contra el Gobierno será democrática y sin violencia.