Óscar Peña Franco
Si los narcotraficantes que operan en Bolivia pueden darse el lujo de contratar guardaespaldas serbios, que están entre los más caros del mundo por su experiencia y conocimientos en oficio tan terrible como matar gente, quiere decir que les va bien en el vil negocio. Están en auge, otra vez. No igual al de los años ochenta cuando contaban con la protección y la complicidad de la dictadura militar de la época y encontraron alarmante permisividad en ciertos sectores de la comunidad social cruceña, hasta que unos disparos en la selva troncharon la vida eminente de Noel Kempff Mercado y resonaron estrepitosos en la conciencia de los que se codeaban con los “narcos” y hasta les impusieron una aureolita.
El nuevo auge es diferente. Es clandestino y por lo que se sabe, se ha internacionalizado. Rondan por nuestras fronteras delincuentes llegados desde Colombia, Perú, Paraguay y Brasil, que al parecer han logrado armonizar sus intereses con los locales.
No se debe, sin embargo, soslayar algunas reflexiones en torno de este fenómeno. Primero, una pregunta: ¿Ha aumentado tanto la producción de droga o se trata más bien de una gestión eficiente de la fuerza represora del estado que de a poco va despojando al narcotráfico de sus diversos instrumentos, mercenarios incluidos? Seguida de una respuesta: es un poco de ambas cosas, aunque con predominio nítido de lo primero sobre lo segundo.
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Nueva pregunta. Según datos con origen en fuentes internacionales serias, la producción boliviana de coca ha subido a unas 36 mil toneladas anuales, en tanto que Perú produce más que Bolivia y Colombia, más que el Perú, proviniendo de este último país gran parte de la cocaína decomisada en Bolivia. ¿Por qué, entonces, ubican en Bolivia el epicentro del sismo “narco? ¿No habrá por ahí algún sismógrafo que se equivoca por fallas humanas?
Ahora, avancemos a una evidencia y a una licencia “politológica”. La primera: está claro que de los países latinoamericanos inmiscuidos en el narcotráfico es Bolivia el más apretado por los centros del poder mundial que tienen que ver, o no, con los asuntos de la droga. La segunda: esa apretadura tiene un indisimulable apellido político que antes nunca fue tan fuerte (excepción hecha de la dictadura garciamecista) como lo es desde 2004. Decimos de esta manera que influye en alto grado el hecho de que el presidente Morales fue y es aún el máximo dirigente de los cocaleros del Chapare, pero también, en magnitud semejante, dejan sentir su fuerte peso las inquietudes y preocupaciones que suscita el proceso de cambio que vive Bolivia desde el año citado, cuyos efectos no alcanzan sólo a los bolivianos sino que despierta ecos en los ámbitos capitalistas afectados por las nacionalizaciones o recuperaciones de recursos naturales y bienes cuyo propietario original es el Estado en representación de los ciudadanos.
Cada vez que se habla de drogas uno no puede sustraerse a la tentación de recordar que son los países más ricos e industrializados del mundo los principales consumidores de droga, ni de lamentarse ante la constatación de que no hacen dentro de su casa todo lo que debieran hacer ante tamaña responsabilidad. De ahí surge conclusivamente la imperiosa necesidad de sumar, productores y consumidores, sus empeños para luchar contra el flagelo de la droga.
Los Tiempos