Linchamiento. Los familiares de los policías victimados dan plazo hasta mediodía del lunes para que les devuelvan los cuerpos de sus seres queridos. Según las autoridades, los comunarios de Potosí protegen las rutas del contrabando
Investigación. En el encuentro entre familiares y la Policía, se acordó conformar un grupo conjunto que lleve adelante algunas gestiones, sin embargo por razones de seguridad el único que estará en permanente contacto con el Comandante de la Policía será el abogado de las familias. (La Razón)
La Prensa
Defensor tramita salvoconducto para negociar con cinco ayllus
Conflicto: Un “Segunda Mayor” de Qaracha comunicará esta tarde a Rolando Villena si puede entrar sin peligro en la zona. El vicepresidente García Linera admite que el Estado perdió temporalmente el control de Uncía.
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El Defensor del Pueblo espera recibir esta tarde garantías de las autoridades originarias de los cinco ayllus de Uncía para presidir una comitiva que negocie en el lugar las condiciones para la entrega de los cadáveres de cuatro policías asesinados el lunes pasado en Saca Saca, Uncía.
El domingo 23 por la noche, el suboficial Nelson Alcócer, los cabos Esteban Alave y Rubén Cruz y el policía Miguel Ramos fueron interceptados por comunarios de Uncía, quienes los acusaron de extorsionar a propietarios de automóviles indocumentados. Los campesinos admitieron haberlos asesinado y que sepultaron sus restos.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo ayer que espera comunicarse esta tarde con Hernán Kurichi, autoridad originaria o “segunda mayor” del ayllu Qaracha, “para decidir si podremos viajar a la zona para entablar diálogo con los pobladores de la región”.
En caso de que los lugareños den autorización, partirá de inmediato una comisión presidida por el mismo Villena e integrada por el senador Efraín Condori y el diputado Luis Gallego, originario del ayllu aymaya, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de familiares de los policías muertos.
El objetivo es dialogar desde el domingo por la mañana con los comunarios a objeto de que éstos entreguen los restos de los fallecidos.
Foto: Contrabando: contrabandistas vendían ayer ropa usada en la plaza de Uncía
Sin embargo, Leoncio Callani, “segunda mayor” del ayllu Layme, indicó que solamente otro cabildo podrá modificar la decisión tomada el pasado miércoles 26 y que no se hacía responsable de lo que suceda en caso de que llegue esta comitiva.
En esa ocasión, se resolvió declarar zona roja a Uncía, vetar a la Policía, permitir la circulación de motorizados sin placas y no devolver los cuerpos de los fallecidos mientras la Policía no entregue siete cadáveres de transportistas presuntamente asesinados por uniformados y los siete vehículos que les robaron.
Según Erbol, ayer el portavoz de la Diócesis católica del norte potosino, Miguel Alvino, afirmó: “Creo que sólo un grupo de gente está manipulando toda la comunidad”, por lo que el Gobierno debe militarizar la región para “no permitir que se siga estigmatizando a toda la gente pobre del municipio de Uncía”.
Desde el martes, los parientes de los cuatro asesinados claman por la devolución de sus cadáveres para darles cristiana sepultura.
El vicepresidente Álvaro García Linera admitió ayer que el Estado perdió temporalmente el control de Uncía, pues “en cualquier sociedad del mundo hay lugares donde se presentan conflictos intensos, en los que la autoridad coercitiva tiene problemas temporales, pero siempre puede imponer su mandato”.
Exhortó a los comunarios a entregar los cuerpos sin vida: “Ojalá que las comunidades rápidamente cambien de actitud. Los cadáveres no van a descansar en paz, ni los familiares, ni los propios espíritus de las personas asesinadas hasta que no estén reposando en un lugar cercano a sus familias”.
El Jefe de Estado reiteró que en Uncía se repondrá la autoridad y el conjunto de las reglas del Estado más pronto que tarde.
Familiares dan plazo hasta el lunes
Los familiares de Nelson Alcócer, Esteban Alave, Rubén Cruz y Miguel Ramos dieron plazo hasta el lunes a mediodía a la Policía para recuperar los restos de los fallecidos o de lo contrario entrarán en la zona para rescatarlos aun a riesgo de perder la vida.
El grupo, asesorado por el abogado Jonnhy Castelú, se reunió ayer con el comandante de la Policía, general Óscar Nina, y logró un acuerdo de cuatro puntos.
Mediante el primero se decidió abrir un compás de espera hasta el lunes a mediodía, periodo en el que los familiares no participarán en otras acciones.
El Comando General ofrecerá alimentación a 26 deudos de los fallecidos en La Paz, en tanto que, mediante el tercero, estas personas podrán permanecer en La Paz y por el cuarto se establece que, si hasta el lunes a mediodía no recibieran los cadáveres, irán a Uncía para rescatarlos o morir en el intento.
A través de la Defensoría del Pueblo, los allegados a los fallecidos solicitaron al Gobierno que se les cubra el hospedaje. El defensor Rolando Villena informó que las autoridades accedieron a dar hospedaje a 11 personas en la Casa del Migrante, pero algunas desinteligencias impidieron que se materialice ese objetivo.
Análisis
“Debe restablecerse la presencia del Estado en la región”
“Creo que lo que se debe hacer es restablecer la presencia institucional del Estado en Uncía y en general en toda la región del norte potosino.
Decirlo parece muy fácil, pero será una tarea muy complicada. Esta reacción de los pobladores es resultado del debilitamiento institucional al que el Gobierno ha sometido a instituciones tan importantes como la Policía Boliviana, la Aduana Nacional, las Fuerzas Armadas, el Servicio de Impuestos Nacionales, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, a causa de nombramientos irregulares para sus direcciones.
El debilitamiento institucional es consecuencia de una lamentable improvisación en la que ha incurrido el Gobierno y las consecuencias están a la vista, como en éste y otros casos.
El estado de derecho implica sometimiento y acatamiento a la ley, pero el Gobierno es el primero en desconocer la norma y, cuando debe hacer cumplir las leyes, vastos sectores de la sociedad se resisten, porque ven el ejemplo que llega desde los niveles de conducción estatal.
Dos de las características de la ley son la coercitividad y coactividad. La ley, no para ser acatada por el libre albedrío. Es cierto que es consensuada, pero tiene medios para obligar a todos a cumplir la norma, que es un mecanismo de defensa de la sociedad.
Costará mucho restablecer el orden público en esta zona, donde ha ocurrido algo así como lo sucedido en Achacachi hace algún tiempo o ahora en Uncía, donde la gente cree que hace justicia por mano propia ante la ausencia del Estado.
En realidad nos estamos alejando del estado de derecho para acercarnos al estado natural, en el que no existe sometimiento a las leyes”.
Saúl Lara / Ex ministro de Gobierno
García Linera admite que se perdió control de Uncía
Linchamiento. Los familiares de los policías asesinados se reunieron con el comandante general de la Policía y le advirtieron que sólo esperarán hasta el lunes para ingresar a la zona
Conflictivo. Uncía es uno de los municipios más grande del norte de Potosí. Desde el domingo no deja entrar a la Policía
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
Álvaro García Linera se sinceró ante los medios y admitió que, de manera temporal, el Estado no tiene control del municipio de Uncía, donde el domingo lincharon a cuatro policías, supuestamente en respuesta a fuertes coimas que éstos cobraban. “Hay lugares donde se presentan conflictos, conflictos intensos donde la autoridad coercitiva tiene problemas temporales para imponer su mandato”, dijo el Presidente en ejercicio en una conferencia de prensa.
A seis días de la tragedia nadie, ni los taxistas, se atreven a ingresar al municipio potosino y las autoridades originarias advierten que no se responsabilizan por la seguridad de ningún extraño que entre en el territorio del guerrero ayllu Layme.
Pese a que la Policía ha sido expulsada del lugar, a que los efectivos del Control Operativo Aduanero se niegan a ir por miedo y a que los indígenas han declarado al municipio como zona roja, de libre transitabilidad de autos sin papeles y contrabando, García Linera descartó que Uncía se haya convertido en ‘tierra de nadie’ y anunció que más pronto que tarde se restablecerá la autoridad.
Aseguró que el conflicto será resuelto a través de mecanismos pacíficos y legales y pidió que, por humanidad, los lugareños devuelvan los cuerpos de cuatro policías muertos. “Los familiares quieren los restos. Estamos pidiendo de manera respetuosa pero firme que se entregue los restos de los cuatros policías asesinados a sus familiares para que les den sepultura”, señaló.
Y a los familiares se les acaba la paciencia. Ayer, luego de una reunión con el comandante Nacional de la Policía, Óscar Nina, dieron plazo hasta el lunes al mediodía para que devuelvan los restos, caso contrario todas las familias, hijos, esposas, hermanos y primos, ingresarán a las comunidades a buscar los restos.
Nina admitió que ellos no harán nada ni desplegarán ningún operativo hasta que concluya la negociación política. Ésta es encabezada por el Defensor del Pueblo de la zona, Rubén Gallego, que dialoga con la dirigencia de la Federación de Ayllus Originario Indígena del Norte de Potosí (FAOI-NP) a la que pertenecen los cinco ayllus de la región que están involucrados en el linchamiento.
Los familiares se reunieron en horas de la tarde con el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pero no se conocieron detalles del encuentro; aunque en horas de la mañana el Defensor dijo estar dispuesto a viajar a la región para mediar en el conflicto y que ese viaje sería “en las próximas horas”.
El Gobierno y la Policía adelantaron, por separado, que la muerte de los cuatro policías, suboficial Nelson Alcócer Casiano, cabo Rubén Cruz Aruquipa, cabo Esteban Alade Arias y el policía Miguel Ramos Palluni, no se quedará en la impunidad.
“Una vez que se solucione, la Policía y quienes van a llevar adelante, el esclarecimiento de este hecho, vamos a buscar hasta el último rincón, a los responsables de este hecho de barbarie, que ha quitado la vida a servidores que lo único que hacían era cumplir con su deber”, dijo, enfático, el comandante de la Policía.
Mientras, el Gobierno definió su estrategia para encontrar a los responsables. “Hay crímenes que tienen que ser investigados, se usarán los mecanismos de disuasión y convencimiento, primero, para recoger los cadáveres, y, luego, para establece responsabilidades se ingresará al lugar para investigar las causas y motivos de los asesinatos”, dijo García Linera.
Los familiares no retornarán a Oruro y la Policía los colaborará para que hagan seguimiento en La Paz a las gestiones. A cambio de ello, la familia no conformará una comisión negociadora para ir a Uncía, porque es peligroso en extremo. Sin embargo, sólo esperarán hasta el lunes.
Cura potosino pide militarización
El sacerdote potosino Miguel Alvino, portavoz de la Diócesis de esta región, pidió al Gobierno militarizar el municipio de Uncía, tras el linchamiento de cuatro policías.
El Gobierno “tendría que militarizar Uncía, porque tenemos entendido que en esa región existe un cuartel. Además tiene que poner sus buenos oficios en este tema y garantizar la justicia para todos”, manifestó el sacerdote, según el reporte de la radio Aclo de la Red Erbol.
También demandó al Gobierno de Evo Morales mantener el Estado de derecho en todas las poblaciones de Bolivia. Exigió a las autoridades nacionales no permitir que un grupo reducido de personas siga usando a la gente sencilla y humilde del norte Potosí, que es muy querendona de su patria y territorio.
“Creo que sólo un grupo de gente está manipulando toda la comunidad, por eso el Gobierno ahora que intervenga la región y no permita que se siga estigmatizando a toda la gente pobre del municipio de Uncía”, aseveró.
En declaraciones a un canal de televisión, uno de los dirigentes de Uncía aseguró que el linchamiento se produjo porque los policías estaban asaltando a la población, con arma en mano. Dijo que vivientes y camioneros se organizaron para capturarlos y luego los mataron.
En frases
– Las autoridades no hacen mucho porque hay intransigencia de los comunitarios.La Policía hizo muy poco, el comandante de Potosí nos dejó a nuestra suerte, dijo que ellos no eran policías de Potosí, el único que se mueve es el comandante de Diprove de Oruro, siempre apoya, está preocupado por los policías”. Prisca Alcócer, hermana de Nelson Alcócer.
– “Estamos trabajando en zonas intermedias donde podemos tener controles móviles sin mucho riesgo de ingresar al lugar. Cuando descubren que son seguidos por patrullas se alertan entre ellos, entonces usamos inteligencia aduanera para tener mejor manejo de las rutas del contrabando”. Marlene Ardaya, presidenta de Aduanas.
– “La última vez que vi a mi esposo fue el domingo. Me dijo: ‘Voy a ir’. Luego, me llamó a las 11:00, porque estaba saliendo de operativo. ‘Te cuidas y anda con calma’, le dije y me respondió: ‘No te preocupes, yo te llamo’. En la tarde no me llamó y cuando llamé, su celular estaba apagado. Desde entonces no he vuelto a saber de él”. Mónica Corrales, esposa de Nelson Alcócer.
– “‘Si hubiera orden, nosotros entramos’, nos dicen los policías, porque lo que quieren es recuperar los cuerpos. La esperanza es que nadie haya muerto, pero las autoridades no hacen nada todavía”. Florencio Pallarico, suegro de Rubén Cruz.