La información de que el cartel mexicano Los Zetas ya estaría operando en Bolivia necesariamente debe movernos a la preocupación por los antecedentes de este grupo cuyos miembros principales son en su mayoría ex militares de las fuerzas especiales del ejército mexicano y guatemalteco lo que les ha permitido dar una gran eficiencia junto a una extrema violencia a sus actividades relacionadas con el narcotráfico.
Crímenes cometidos por narcos mexicanos. Los policías revisan una cabeza humana hallada en una céntrica avenida de Chilpancingo. (foto archivo EFE)
Lo paradójico es que los miembros de Los Zetas recibieron en principio un especializado entrenamiento en materia de lucha contra el narcotráfico y de acuerdo a todas las informaciones disponen de un moderno armamento que además saben utilizarlo muy bien para enfrentar con éxito no solo a las fuerzas policiales sino también a los grupos rivales.
En materia de advertencias no se andan con medias tintas y no se limitan a balear a sus rivales o policías sino que prefieren hacerlo de la forma más salvaje posible a modo de escarmiento. Basta repasar la prensa para que podamos percatarnos de estos métodos que incluyen aberrantes torturas, descuartizamientos y degollamientos.
Es conocida también su gran capacidad de infiltrar, mediante el soborno, el chantaje o la violencia pura y simple, a las instancias judiciales, policiales o militares.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Desde hace bastante tiempo estamos recibiendo señales más que convincentes de las actividades de los carteles de narcotraficantes internacionales en el territorio nacional pero al parecer el gobierno de Evo prefiere cerrar los ojos ante esta amenaza.
Bolivia se está haciendo atractiva para los grandes grupos de narcotraficantes debido a las ventajosas posibilidades que ofrece en cuanto a disponibilidad de materia prima (hoja de coca) para la elaboración de droga y particularmente debido a que existen «territorios libres» vedados a las fuerzas antidroga como es el caso del norte de Potosí, gran parte del Chapare, La Asunta (Sud Yungas), además de otras localidades rurales de las que se tiene noticias solo cuando se suscitan hechos de violencia o enfrentamientos entre comunarios.
A parte de esto, el gobierno muestra a la expulsión del país de la agencia antidrogas estadounidense, DEA como un destacable acto de dignidad nacional. Sin embargo esta medida ha tenido un evidente impacto negativo por cuanto los miembros de este organismo realizaban trabajos de inteligencia policial que resultan imprescindibles a la FELCN para detectar las actividades de los carteles de la droga, que se sabe, disponen de ingentes cantidades de recursos.
Sabemos de las nada deseables secuelas que tienen las actividades de los carteles de narcotraficantes en cualquier país del mundo. Entre las más evidentes se cuentan el incremento de la violencia y de la corrupción hasta el grado de comprometer la propia estabilidad del país.
Hace unos días el Poder Ejecutivo interpretó el informe de las Naciones Unidas sobre el incremento de apenas el uno por ciento en los cultivos de coca como un respaldo a su política de “racionalización” (erradicación) de la planta y le asignó una gran importancia. En los hechos no podía ser de otra manera ya que la UNODC trabaja el monitoreo de cultivos en coordinación con el gobierno y por eso el documento fue presentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que lo convierte en un informe oficial no exento de parcialidad política.
Sin embargo, es esta misma Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la que lanza la advertencia de que Los Zetas de Mexico ya estarían en Bolivia. Es de esperar que el gobierno tome las precauciones necesarias y no se limite a intentar descalificar este informe en la parte que contradice a sus intereses como acostumbra hacerlo cuando algo no le resulta políticamente conveniente.