Como era previsible, el oficialismo aprobará, contra viento y marea y aprovechando su circunstancial mayoría, la llamada Ley Marco de Autonomías. En los hechos dicha ley no hace más que reforzar el centralismo al que además le otorga atribuciones políticas, administrativas y aún coercitivas que sencillamente mutilan el principio autonomista.
Los pueblos de Tarija (izq) y de Santa Cruz (der) lucharon por la autonomía que les será retaceada por una ley aprobada por el MAS, sin tomar en cuenta las demandas regionales.
El indicar que los alcaldes o los gobernadores serán suspendidos ante la sola acusación significa nada más y nada menos que las autoridades regionales tendrán sobre sus cabezas una espada de Damocles que Evo Morales hará caer sobre sus cabezas cuando le de la gana. Así de claro.
En primer lugar se indica que los gobernadores o alcaldes serán suspendidos por acusación formal que emita un fiscal. Sabemos que las “acusaciones formales” pueden ser emitidas por cualquier causa. Ya tenemos infinidad de ejemplos y las causas no requieren ser reales cuando el Ejecutivo tiene controlado al Ministerio Público y al Órgano Judicial.
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Para hacer estas acusaciones el gobierno del MAS cuenta con fiscales como Marcelo Soza o el “Chuimampi” Willians Dávila, obsecuentes que ostentan el cargo por puro favor político, y por la misma línea con jueces que violan la jurisdicción trayendo todos los juicios a La Paz solo para complacer al Ejecutivo.
Es claro quienes son destinatarios y futuras víctimas de esta disposición. Son los alcaldes y gobernadores opositores que tendrán que someterse incondicionalmente a los dictados del centralismo si es que no quieren ser objeto de una “acusación formal” de cualquier tipo, incluido el “desacato”.
Una cualidad intrínseca al régimen autonómico es el manejo de los recursos además de su distribución o asignación. Dentro de la “ley marco” queda meridianamente claro que todos estos aspectos serán decididos desde el palacio de Gobierno. Las regiones no tendrán la menor posibilidad de determinar el destino de los recursos.
Además, Evo Morales ya lo dijo muy claramente antes del 4 de abril. Las regiones que hayan elegido a candidatos opositores verán sus recursos recortados; como ejemplo esta el departamento de Santa Cruz que ha visto disminuidos en más del 50 por ciento sus ingresos en los últimos tres años.
Por otra parte el gobierno central se reserva el derecho de hacer auditorías, mediante una Contraloría al mando de un ex diputado del MAS y con reglas, si puede llamárselas así, que serán fijadas en forma arbitraria lo que significa que serán permisivos con los oficialistas e implacables con los opositores; la prueba clara es que hasta el momento ningún gobernador o ex prefecto masista esta enjuiciado pese a la cola de paja de varios de ellos.
Las regiones que suponían, tal vez muy ingenuamente, que el MAS daría paso al régimen autonómico, quedan desengañadas. Lo que se hace con la “ley marco” es reforzar el centralismo dando a los departamentos atribuciones y potestades ficticias o puramente simbólicas y por el contrario cargándoles obligaciones y servicios sin darles recursos económicos.
La Ley Marco de Autonomías, junto a las otras cuatro "leyes orgánicas", solo busca remachar el poder de un gobierno que se ha apropiado del Estado y dice representar al pueblo pero desprecia a los indígenas si estos no responden a sus órdenes.