Proceso. El potosino con más elecciones ganadas fue inhabilitado por presión del Ministerio Público. Joaquino «Las denuncias son infundadas e infantiles». Concejo suspende a Joaquino, pero AS conserva la Alcaldía
Procesado. Joaquino sale del Concejo tras ser suspendido. Lo reemplaza Zenón Gutiérrez, un hombre de su partido
Leopoldo Vegas/Agencias, El Deber
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Joaquino es el quinto alcalde suspendido
Rodeado de una multitud y en medio de gritos, el alcalde de Potosí, René Joaquino, abandonó ayer el Concejo Municipal después de que fuera suspendido de sus funciones a requerimiento del Ministerio Público, que lo acusa de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la compra de 14 vehículos de segunda mano que se concretó en la gestión 2006.
La suspensión de Joaquino, que ganó las elecciones municipales del 4 de abril con el 67% de los votos, se produjo dos meses después de la destitución del burgomaestre de Sucre, Jaime Barrón, y a un mes de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que contempla la inhabilitación temporal de gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales que resulten acusados formalmente ante la justicia.
Para el burgomaestre potosino, la decisión obedece a una persecución política del Gobierno, que intenta ‘eliminar’ a los líderes locales, regionales y nacionales que ‘hagan sombra’ a la carrera política del presidente Evo Morales; además, lo atribuye a la respuesta del Ejecutivo, que intenta encontrar culpables por la movilización de 19 días que afectó la imagen del jefe de Estado.
Del otro lado, el ex constituyente masista y ex presidente del Comité Cívico de Potosí, René Navarro, dijo que el alcalde suspendido debe asumir su defensa hasta demostrar que su gestión fue transparente y que es inocente de las acusaciones en su contra.
“Considero que el Concejo Municipal tomó una buena decisión porque el pueblo necesita cuentas claras. Esta medida no tendrá efectos políticos, incluso probablemente el alcalde y su gente tuvieron 19 días para plantear una estrategia política, a fin de que se produzca una salida y mantenerse en el poder”, dijo Navarro.
Precisamente la Alcaldía quedó en manos de Zenón Gutiérrez, de Alianza Social, partido de René Joaquino, que cuenta con seis de los 11 concejales. El otro es del oficialista Unidad Nacional y los cuatro restantes del MAS.
Por su lado, el Presidente del Concejo Municipal, Remberto Gareca, descartó que la suspensión se hubiera producido por presiones de otros poderes del Estado, sino que ocurrió en cumplimiento del reglamento interno de la institución edilicia.
El informe de la Comisión Jurídica del Concejo señala que el burgomaestre debe ser suspendido, como lo dispone la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
No obstante, Joaquino insistió en que la medida responde a las presiones que ejerció el Ministerio Público, que ayer por la mañana envió una notificación al organismo deliberante en la que informaba a los concejales de que corrían el riesgo de recibir sanciones por incumplimiento de deberes, en caso de que no asumieran una posición sobre la situación del Alcalde. La situación estaba en suspenso antes del inicio de la movilización de los potosinos para exigir al Gobierno que establezca los límites con Oruro en la región de Coroma, que se construya una aeropuerto en Potosí, la reactivación de la actividad minera en Karachipampa, la recuperación del Cerro Rico y la instalación de una planta cementera.
René Joaquino, que ha ganado cuatro municipales en Potosí, se convirtió en el quinto alcalde que este año es suspendido de ese cargo desde que asumieron funciones el 30 de mayo, y el segundo de una ciudad capital. El primero fue Jaime Barrón, que renunció al cargo, después de ser acusado formalmente de promover vejámenes, torturas y humillaciones públicas a un grupo de campesinos de Chuquisaca en mayo de 2008, por diferencias políticas con el Gobierno. Su lugar fue ocupado por la masista Verónica Berríos.
En criterio del abogado constitucionalista Bernardo Wayar, la destitución del burgomaestre potosino es ilegal porque incumple con la presunción de inocencia que contempla la Constitución Política del Estado.
Joaquino postuló como candidato presidencial en los comicios de diciembre del año pasado y ocupó el tercer lugar, detrás de Evo Morales y de Manfred Reyes Villa.
Unos se fueron y otros están amenazados
– Primer alejamiento. Héctor Cartagena Chacón, alcalde de Quillacollo por el frente Unidad Nueva Esperanza (UNE), abandonó su cargo por un proceso iniciado en su contra, por los delitos de incumplimiento de deberes y el presunto desfalco de $us 105.000, en una gestión anterior. En su lugar asumió la concejala Carla Lorena Pinto, del MAS.
– Otro cesado. El alcalde punateño Víctor Balderrama Arias, de la agrupación ciudadana Insurgente Martín Ucho (IMU), tuvo que renunciar a su cargo para defenderse en la justicia por dos causas en su contra: violación sexual e incumplimiento de deberes y daño económico. En su lugar asumió el concejal Edwin Jaimes, del MAS.
– El caso más sonado. Jaime Barrón, alcalde de Sucre, renunció después de ser suspendido por el Concejo Municipal, acusado por racismo y discriminación contra un grupo de campesinos el 24 de mayo de 2008. En su lugar ejerce como alcaldesa interina Verónica Berríos, del MAS.
– Arresto domiciliario. El alcalde de Buenavista (provincia Ichilo), Bladimir Chávez, acusado por presunto acarreo de votantes durante las elecciones municipales, fue detenido por orden fiscal y ahora tiene arresto domiciliario nocturno, pero se mantiene en funciones. El proceso se lo inició su ex contendiente Mario Áñez, del MAS.
– Bajo la espada. El alcalde de Camiri, Luis Gonzalo Moreno, tiene un proceso por irregularidades en la tramitación de unos terrenos para el municipio. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Transparencia y Moreno tiene imputación formal de la Fiscalía.
Alcalde de Bermejo es inhabilitado
Delfor Burgos Aguirre, reelecto como alcalde de Bermejo (Tarija) en las elecciones municipales de abril, fue suspendido de su cargo el martes por presuntos nombramientos indebidos durante su anterior mandato. El Concejo Municipal, mediante resolución, suspendió al ejecutivo y en su reemplazo designó el concejal Marcelo Gareca Herbas, de la agrupación ciudadana Acción Social Independiente (ASI).
De esta forma, el burgomaestre bermejeño se convirtió en el cuarto alcalde municipal del país en ser cesado temporalmente de sus funciones por causa de una acusación formal en su contra por parte de la Fiscalía.
Mientras tanto, en Santa Cruz se conoció que el alcalde de Okinawa (Warnes), Dionisio Condori, fue acusado ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestos malos manejos en la ejecución de obras. Condori dijo que ya presentó las pruebas de descargo y atribuyó la denuncia a una jugada política del MAS para alejarlo del cargo.
Para hoy, a las 15:00, está prevista la presentación del alcalde de Warnes, Nyls Carmona, para declarar ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de proyectos de iluminado y pavimentación en esa capital, que fueron denunciadas por el Viceministerio de Transparencia. /FL
René Joaquino | Alcalde suspendido de Potosí. «Las denuncias son infundadas e infantiles»
Proceso. El alcalde asegura que compró 14 vehículos garantizados
Juicio. Joaquino se defiende
– ¿Cómo asume la suspensión de sus funciones como alcalde de Potosí?
– El Gobierno no dejará de perseguir a los líderes locales, regionales o nacionales que no compartan su criterio. Buscará destruir a los políticos emergentes porque los oficialistas temen que hagan sombra a las aspiraciones de Evo Morales. También se ha visto que después de 19 días de huelga, el Gobierno ha encontrado un culpable, y ése soy yo.
– ¿Por qué cree que el Gobierno encontró en usted un culpable por la huelga de Potosí?
– Porque la persecución es con saña y maldad. El Ministerio Público emitió esta mañana (por ayer) una resolución, en la que advierte con procesar a los que estuvieron en la movilización y, al mismo tiempo, envió otra comunicación al Concejo, en la que amenaza con suspender a los concejales por incumplimiento de deberes si no emitían la resolución de destitución contra el alcalde. Para evitar la sanción, pedí permiso y la Alcaldía quedó en manos de Zenón Gutiérrez (de Alianza Social).
– ¿Pidió licencia o fue suspendido por el Concejo?
– Solicité licencia y el Concejo lo ha considerado para cumplir con la exigencia de la Fiscalía, a fin de evitar nuevos procesos penales contra otras autoridades.
– ¿Qué hará durante el tiempo que esté suspendido?
-Responderemos como un equipo para hacer una buena gestión municipal. Ayudaré al alcalde porque Potosí debe seguir avanzando.
– ¿Cuánto cree que demorará este proceso?
– Queremos que concluya lo antes posible, aunque también puede demorar porque es un hecho político. Tengo la satisfacción de que son denuncias infundadas e infantiles. Se ha creado una ley para que a simple denuncia formal se pueda suspender a una autoridad. Han empezado por los líderes regionales y después irán contra otros líderes hasta alcanzar el poder absoluto.
– ¿Adquirió vehículos usados?
– Sí, compré de segunda ma-no porque Potosí tenía un presupuesto de $us 13 millones, que era poco. Compramos vehículos baratos y de buena calidad. Hace seis años adquirimos una motoniveladora por $us 16.500, cuando una nueva cuesta 250.000, y todavía está en servicio. Compramos cuatro volquetas Volvo, una camioneta doble cabina y 16 vagonetas Rav4, todo por $us 140.000 en las 12 unidades. Técnicamente son las mejores porque fuimos asesorados por ingenieros mecánicos y otros expertos.
– ¿Cómo se defenderá?
– Pondré en práctica mi profesión de abogado para defenderme. Es un proceso muy sencillo porque el Ministerio Público no tiene muchos elementos jurídicos, sólo políticos.
Concejo suspende a Joaquino, pero AS conserva la Alcaldía
Acto: Zenón Gutiérrez toma posesión de sus nuevas funciones, ayer en Potosí
La Prensa
Potosí: El concejal Zenón Gutiérrez reemplaza al ganador de los comicios de la Villa Imperial, sobre quien pesan dos acusaciones.
René Joaquino es el quinto alcalde suspendido desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Ayer por la mañana, el Concejo Municipal potosino decidió licenciarlo y eligió como su sucesor a Zenón Gutiérrez, de Alianza Social, el partido liderado por el cesante.
Joaquino, quien obtuvo el 67 por ciento de los votos en los comicios municipales del 4 de abril, se sumó ayer a Héctor Cartagena, de Quillacollo; Víctor Balderrama, de Punata; Delfor Burgos, de Bermejo, y Jaime Barrón, de Sucre, también inhabilitados por ser imputados.
Mientras tanto, en La Paz, el aún presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Luis Revilla, sostuvo ayer que es necesario modificar la Ley Autonómica para evitar que se desencadenen crisis institucionales en las entidades autónomas.
“Necesitamos plantear una modificación legal que pueda detener esta oleada que puede venir contra el conjunto de autoridades municipales por parte de acusaciones que puedan o no puedan estar comprobadas y están sometidas a la simple decisión de un fiscal sin la posibilidad de que nadie diga si las decisiones del fiscal están en apego a la ley”.
El también Alcalde de La Paz anunció que este asunto será analizado por el Congreso Ordinario de la FAM, que se cumplirá este viernes en Cobija.
Revilla solicitó, por escrito, al presidente Evo Morales que considere esa posibilidad, sin haber recibido una respuesta hasta el momento.
La Fiscalía presentó dos acusaciones contra Joaquino: una por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al haber autorizado la compra de seis vehículos y maquinaria pesada a medio uso para la Alcaldía de Potosí, y otra por presuntos nombramientos ilegales en sus anteriores gestiones.
Alain de Canedo, abogado de Joaquino, dijo que esa compra realizada en 2005 se hizo al amparo del Decreto 27328 de Normas de Adquisición de Bienes y Servicios (SABS), que no prohíbe la compra de equipos a medio uso.
“Si no está prohibido, no es un delito. Es lo que estamos demostrando. Estimo que el juicio concluirá en unos tres meses, pero nos sentimos optimistas”.
A causa de la segunda acusación, Joaquino sólo podría ser condenado a pagar una multa, pero ese proceso está en una fase inicial.
El martes, Joaquino anunció la estrategia de su partido. Acogerse a la suspensión y designar a otro concejal de AS como Alcalde. Por ello, ayer no sorprendió que la Fiscalía comunicara a los concejales que si no suspendían a Joaquino, serían procesados por el delito de incumplimiento de deberes.
Joaquino confirmó, después de conocer la decisión del órgano deliberante, que “yo decidí alejarme para evitar la persecución política contra los compañeros concejales de Alianza Social y que se designe a Zenón como alcalde interino”.
A tiempo de asumir el cargo, Gutiérrez (63), jubilado del sector minero cooperativista, recordó los años en los que trabajó en interior mina y reveló que la noche anterior soñaba que ingresaba en un oscuro y profundo socavón. “Eso me señalaba que hoy comenzaría esta labor”.
Joaquino responsabilizó de la situación al fiscal Sandro Fuertes y denunció que “el Gobierno ha insistido en que el reciente movimiento cívico generado en Potosí tiene un culpable y ese culpable es René Joaquino. Por eso, ordenó procesarme a la Fiscalía que sólo representa al partido oficialista. Yo respeto la decisión del Concejo Municipal, mas no comparto que el fiscal esté al servicio de un partido político y se haya tomado la facultad de amenazar a los concejales para suspenderme”.
Dijo, además, que “el MAS pretende acallar al pueblo con juicios y ya no con fusiles y metrallas, como las dictaduras”.
Cossío recibe otra imputación
El Ministerio Público presentó la imputación formal contra el gobernador de Tarija, Mario Cossío, y otras nueve personas por el presunto uso irregular de 5.645.585 bolivianos en la realización del cuestionado referéndum autonómico de junio de 2008.
El fiscal Gilberto Muñoz presentó la imputación contra Cossío, prefecto de Tarija; Mauricio Lea Plaza, ex secretario general, y otros ocho miembros del ex Consejo Departamental, en virtud de la denuncia que planteó la Contraloría General del Estado (CGE).
“A diferencia de los departamentos de Beni y Santa Cruz, en el caso de Tarija, este dinero ha sido manejado exclusivamente por la Prefectura. Debemos recordar que en los departamentos de Santa Cruz y de Beni ese dinero fue entregado a las cortes departamentales; en cambio, en Pando y Tarija, la Prefectura ha utilizado estos recursos de manera institucional”, señaló el contralor Gabriel Herbas.
Los alcaldes suspendidos
Héctor Cartagena, de la agrupación ciudadana Unión Nueva Esperanza, ganó las elecciones municipales de Quillacollo, Cochabamba, pero no se posesionó. Renunció y su cargo es ocupado por la masista Carla Lorena Pinto, actualmente procesada por la Comisión de Ética del Concejo Municipal.
Víctor Balderrama, de la agrupación Insurgente Martín Uchu (IMU), fue el candidato más votado en Punata, Cochabamba, pero el 10 de junio, Silvia Jaldín, de IMU, fue designada alcaldesa interina, por una imputación contra el titular. Sin embargo, el miércoles 11, con el voto de tres concejales de IMU, que estaban encarcelados y que salieron para la sesión realizada en una chichería, se eligió a la masista Leticia Camacho.
Delfor Burgos, del Movimiento Alternativa Regional y alcalde reelecto de Bermejo, fue suspendido al haber sido imputado del presunto delito de nombramientos ilegales. Marcelo Gareca Herbas, de la agrupación ciudadana Acción Social Independiente (ASI), dirige actualmente el municipio.
Jaime Barrón, de la agrupación ciudadana País, fue suspendido el 18 de junio, tras ser imputado de agresiones a campesinos, y presentó renuncia a su cargo el 19 de julio.
René Joaquino está suspendido desde ayer.
Otros alcaldes en problemas son los cruceños Bladimir Chávez, de Buenavista, de la agrupación Verdes, que lidera el gobernador Rubén Costa; Nils Carmona, de Warnes y la agrupación Paz y Progreso; además de Gonzalo Moreno, de Camiri, quienes afrontan investigaciones por diversos casos. Los dos últimos son aliados políticos del gobernador cruceño, Rubén Costas.
Víctor Centeno, del MAS, ganó las elecciones en Pazña, Oruro, pero renunció a causa de presiones para dar espacios de trabajo. Desde el 15 de junio,Gualberto Leaños, de Unidad Nacional, dirige ese municipio.
Opinión
Carlos Hugo Molina / Analista
“No puede ser que el diseño de un modelo de gestión publica se sobreponga al interés colectivo, a la democracia, al voto ciudadano, que todo se supedite a un elemento subjetivo de denuncia, para dejar sin responsables a los municipios, y seguramente con imputaciones a gobernaciones. Ése es un modelo absolutamente perverso.
Un modelo así sólo puede debilitar la confianza ciudadana y de la eficacia de la gestión publica. Debemos reconocer que todo proceso de cambio administrativo, como el que vive Bolivia, tiene de por sí tres dificultades: la necesaria gobernabilidad, la dificultad en la aplicación de políticas públicas y el debilitamiento de la eficacia de la inversión publica, pero si además de esas dificultades naturales se incorpora una absolutamente subjetiva que hace al descabezamiento del órgano publico, de la institucionalidad, debemos tener presente que estamos introduciendo un elemento que va a dificultar la relación, la eficacia, el cumplimiento de los objetivos estatales. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el castigo a los culpables, tiene que ver con la violación de un principio de libertad de que gozan los servidores públicos, que es la presunción de inocencia”.