William Herrera AñezEl Presidente del Estado ostenta la potestad constitucional de dictar decretos, resoluciones, reglamentar las leyes, y la iniciativa legislativa. Sin embargo, en la práctica la mayor parte de la legislación se origina dentro del Órgano Ejecutivo y más de un Jefe de Estado ha intentado gobernar mediante decretos supremos, cuya práctica se denomina el decretismo.Aunque esta potestad de “gobernar legislando” debería ser excepcional; por ejemplo, cuando se trate de una emergencia (inundaciones, sequías, etc.), el Ejecutivo no tenga una mayoría absoluta o se encuentre virtualmente “bloqueado por el Legislativo”, en la realidad boliviana y Latinoamericana abundan los decretos, al extremo que un autor dice que “gobernar por decreto” es epidémico en América Latina.En el caso del Presidente boliviano Evo Morales Ayma, no obstante que tiene una mayoría absoluta y una oposición política prácticamente simbólica, posiblemente haya usado y abusado del decretismo, más que todos sus antecesores. En efecto ha emitido tal cantidad de decretos supremos no sólo en muchos casos usurpando atribuciones de la Asamblea Legislativa, sino también para disponer de recursos económicos y realizar una serie de obras —pequeñas, medianas y grandes— mediante la modalidad además de licitación directa (saltándose todos los controles legales), que raya en lo delictivo según el senador Óscar Ortiz.En su Informe de Fiscalización a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), “Programa Bolivia Cambia”, 2011-2015, febrero 2017, Óscar Ortiz pone de manifiesto “el uso prebendal de los dineros del Estado para mantener la popularidad del Presidente en altos niveles, sin ningún criterio de prioridades para el desarrollo socio-económico…” El uso discrecional de estos recursos aumenta o disminuye dependiendo de que hayan campañas políticas; por ejemplo, han utilizado más recursos en Santa Cruz (donde su núcleo duro no aumenta y quieren aumentar su votación por razones obvias) y disminuyen en Potosí donde tiene una votación cada vez menor.El informe relata que mediante decreto supremo se autoriza a la UPRE a realizar, con toda libertad, modificaciones en sus presupuestos institucionales, lo que contradice a las normas pública (artículo 4 de la Ley 2042 de Administración Presupuestaria) que rigen al conjunto de sector público, dado que como sucede en toda democracia, el Presupuesto General de la Nación, es aprobado por una Ley nacional, por lo que las distintas instituciones del Estado no debieran poder modificar sus presupuestos de forma discrecional, como sucede en este caso, invadiendo las competencias del Órgano Legislativo, así como tampoco la Asamblea Legislativa Plurinacional puede delegar sus facultades en el Ejecutivo como viene sucediendo en el gobierno del MAS.El uso abusivo igualmente vulnera el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, que buscaba la transparencia y la participación social en la compra-venta de bienes y servicios. Esta normativa define al Sistema de Administración de Bienes y Servicios como el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas.En todo caso el gobierno no sólo que dispone discrecionalmente de los recursos de todos los bolivianos, sino que se caracteriza por tener vocación monopólica y centraliza la generación de bienes y servicios, pues mientras más participación tienen en los negocios públicos, más posibilidades de beneficiarse de las comisiones y pagos indebidos.Aquí abundan los “megaproyectos” no sólo sobredimensionados desde el punto de vista técnico y social, sino también a elevadísimos costos económicos. Otra característica del gobierno ―que vive obsesionado por intervenir en todo, es que entra al mercado ―con los rasgos propios de un comprador compulsivo― y adquiere desde los productos propios de la canasta familiar, hasta bancos, armas, satélites, aviones, etc.La mayoría de estos “megaproyectos” además se adjudican en forma directa, sin licitación pública, como fue la compra del avión presidencial a mediados del 2010, un Falcon Dassault 900 EX Easy, de fabricación francesa, adquirido a “precio de oferta” por la suma de 38.7 millones de dólares.El manejo discrecional y abusivo de los recursos del Estado no sólo que raya en la corrupción, sino que afecta directamente todo tipo de inversión económica y, en consecuencia, gravita de tal forma que a mediano y largo plazo, termina minando y degradando las condiciones de vida de la población. En todo caso, cuando las decisiones no son honestas ni racionales, se deslegitiman las instituciones estatales y el pueblo termina perdiendo la confianza en la gestión del gobierno y sus gobernantes.La falta de transparencia en las licitaciones y contrataciones, e independencia de las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción (el Gobierno hace de juez y parte), así como la impunidad entre otras causas, constituyen el escenario ideal para que se generalice la corrupción estatal. En fin, toda contratación discrecional, excepcional, directa y sin límite de monto, constituye una fuente directa de corrupción.El Día – Santa Cruz