Un juzgado en Pozo Almonte, Chile, ordenó la detención de dos militares y siete funcionarios aduaneros tras un incidente en la frontera. Se agrava la tensión entre ambos países.
Los detenidos alegan inocencia y dicen que actuaron en territorio bolivianoEl Gobierno desistió de la idea de apelar la decisión de un juzgado de Pozo Almonte, en Chile, de enviar a prisión a siete funcionarios de Aduana y dos militares acusados de los delitos de robo por intimidación, porte ilegal de armas en territorio chileno y contrabando, pero en su lugar presentará un Amparo para que otro juzgado revise si es que al detenerlos, se violaron sus derechos.El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó en La Paz que “la estrategia jurídica ha recomendado que antes de apelar la decisión de detención preventiva por 120 días, en aplicación del artículo 140 del Código Procesal Penal de Chile, más bien se debe interponer un recurso de Amparo Constitucional. Jurídicamente se ha visto que de acuerdo a los procedimientos constitucionales de Chile, el recurso de Amparo procede de manera directa ante la vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos. Ese es el caso, el Amparo tiene otras connotaciones y otros procedimientos en nuestros países, pero en este caso representa una acción directa. Por eso nos pareció correcta la sugerencia de los abogados”.Si la acción se presenta en Iquique o en Santiago “seguramente se va a definir conjuntamente los afectados, cuál es la jurisdicción, probablemente sea la capital chilena, lo importante es que asumimos otro debate, salimos del judicial para establecer si nuestros connacionales son o no delincuentes o asaltantes, contrabandistas, sino más bien si estas personas ¿han sido vulneradas en sus derechos y garantías humanas fundamentales o no?, desde nuestro punto de vista categóricamente decimos que es una vulneración muy graves, al ser servidores públicos que perseguían delitos.El Ministro Romero relató que el presidente Morales está de acuerdo con esa estrategia jurídica, “tuvimos una reunión el domingo, el Presidente se reunió con el Alto Mando Militar el lunes, luego recogimos criterios a nivel de Diremar, se reunió con los familiares, la estrategia jurídica es monitoreada por el Ministro de Defensa, y está en permanente consulta con el presidente Morales”.En Iquique, Claudio Vila, uno de los abogados que defienden a los connacionales, explicó que esta decisión se asumió debido a que el recurso de apelación no atendía de fondo la vulneración de los derechos humanos de los arrestados y que un amparo atiende en su totalidad la denuncia. Además, acotó que no renuncia a la solicitud de revisar la decisión del juzgado de Pozo Almonte, que puede ser pedida en los 180 días que se determinó de detención preventiva.»La detención fue ilegal, arbitraria y abusiva y así se violó los derechos humanos de los nueve compañeros bolivianos. Una apelación no atendía esta vulneración a fondo y solo se limitaba a la detención preventiva», detalló Vila a este medio.El abogado reveló que esta decisión se la asumió el domingo en La Paz, previa sugerencia del equipo jurídico que atiende el caso en Iquique. Además, remarcó que los nueve detenidos están de acuerdo con el viraje de la estrategia jurídica, ya que se les consultaron antes de aplicarla.Los abogados chilenos Matías Kohl y Roberto Celedón se sumaron al equipo que defienden a los detenidos. Ambos radican en Santiago y Kohl llegó a Iquique para sumarse al trabajo jurídico.EL DEBER / Iván Paredes / Marcelo Tedesqui