El ministro Llorenti dice que la intervención contra los juristas se ajustó a las leyes en vigencia. Al día siguiente de que el Presidente admitiera haber ordenado la intervención a las oficinas y el domicilio de los abogados y cónyuges Jorge Quiroz y Claudia Lecoña, éstos elevaron ayer la denuncia correspondiente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (La Prensa)
Proceso. El abogado Jorge Quiroz en una audiencia judicial en La Paz.
Miguel A. Melendres – La Paz, La Razón
Quiroz dice que acusará a Morales ante la CIDH
CIDH. Jorge Quiroz anunció que ampliará su demanda contra el mandatario Evo Morales
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El abogado de los familiares de las víctimas del caso Caranavi, Jorge Quiroz, se declaró ayer perseguido político por el gobierno de Evo Morales y anunció que ampliará la demanda contra el Jefe de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Quiroz se pronunció un día después de que Morales confesara que fue él quien mandó al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a intervenir su oficina tras acusarlo de “infiltrado”. “Me quedé sorprendido después de escuchar esas aseveraciones de nuestro Primer Mandatario. No nos explicamos el motivo. No nos queda otra que ampliar nuestra demanda contra del Presidente ante la CIDH, que ya tiene una petición”, indicó.
El caso Caranavi se refiere al desbloqueo de la vía a esa población por parte de la Policía, en el que murieron dos personas por disparos de armas de fuego. Señaló que insistirá en exigir garantías para él y su esposa, a fin de trabajar y vivir tranquilos, “porque desde ayer que nos enteramos, nos hemos declarado perseguidos políticos, porque eso es lo que somos”.
MINISTRO. Entretanto, Llorenti admitió haber recibido la instrucción del Presidente para proceder con el registro de las oficinas de Quiroz. Explicó que se siguieron “todos los procedimientos legales”, y rechazó, de esa forma, haber transgredido alguna norma.
Presentó además una copia del proceso penal público que se instauró contra Jorge Quiroz, que fue procesado por el Ministerio Público y la Fiscalía ante la jueza 10° de Instrucción en lo Penal-cautelar, Marcela Siles, quien firmó el mandamiento de allanamiento, registro, requisa y secuestro de sustancias controladas.
En los antecedentes, el fiscal de materia de sustancias controladas, Víctor Vásquez, afirma que la indagación se inició por una llamada anónima a la línea gratuita de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) “de una persona de sexo femenino que no quiso identificarse por miedo a represalias”.
Esa llamada había denunciado una supuesta venta de sustancias controladas en el bufete del abogado que queda en un edificio frente al Ministerio de Trabajo, “donde existe un relativo movimiento de personas en diferentes horas del día”. “En razón a la inspección externa, se pudo verificar que el movimiento de personas es relativamente normal… salen de forma sospechosa mirando de izquierda a derecha, por la forma de actuar se hace presumir que en el interior se estarían dedicando a la venta y consumo de sustancias controladas”, se lee en el documento.
Fiscalía. Jorge Quiroz manifestó que con ese hecho se demostraba que el Ministerio Público mintió con el tema de la llamada anónima que denunció el tráfico de droga tanto en su oficina como en su domicilio, que también fue allanado.
“En los dos casos el Ministerio Público ha mentido sobre las llamadas, porque nuestro Presidente no va a mentir. El Ministerio Público está haciendo el papel de tonto útil. Todo esto ya está dentro de una total injerencia de parte del Órgano Ejecutivo sobre el Órgano Judicial”, lamentó.
Aseveró que el objetivo de la denuncia ante la CIDH es para que los organismos internacionales tomen conocimiento de lo que pasa en Bolivia. Ellos “seguramente van a concluir que realmente no estamos viviendo en un Estado de Derecho, y si no hay Estado de Derecho, estamos en riesgo”.
Investigan situación migratoria
La directora nacional de Migración, María René Quiroga, informó que investiga la situación migratoria y la estadía en territorio nacional del abogado Jorge Quiroz. De no contar con sus papeles en regla, dijo que Quiroz se encontraría en forma irregular en Bolivia, lo que ameritaría su expulsión.
Amenaza para el Estado
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró ayer que el abogado Jorge Quiroz representa una “amenaza para el Estado” y que en los próximos días dará detalles de la investigación que le sigue el Gobierno.
“Este abogado peruano (Quiroz) que ahora intenta legitimizarse como defensor de los derechos humanos, es una persona que representa una amenaza a la seguridad del Estado”, afirmó en una conferencia de prensa. Añadió que esa aseveración la iba a demostrar con hechos, que “por supuesto serán en el marco de la legalidad, a través de un proceso que reúna las características que señala la Constitución”.
Indicó además que la participación de Jorge Quiroz (que involucra además a su esposa Claudia Lecoña) en los sucesos de Caranavi en mayo pasado, donde murieron Fidel Hernani y David Calizaya, no era una casualidad.
“En los próximos días vamos a informar mayores detalles de este caso y su participación en otros asuntos que también ameritan una investigación”, declaró.
Complementando estas sospechas, el presidente Evo Morales acusó ayer a los dirigentes de Caranavi que realizaron un bloqueo caminero de 12 días, de tener relaciones con la Embajada de Estados Unidos, y reveló que en los días que se sucedieron los conflictos en esa población, varios de los dirigentes tuvieron contactos con la NAS (Agenda de Cooperación y Control de Drogas).
Denuncia de los últimos meses
Organizaciones
Dirigentes y organizaciones sociales incluidos
El presidente Evo Morales aseguró el 26 de septiembre que las voces disonantes que surgieron desde algunos movimientos sociales pertenecen a “infiltrados".
Ex aliados
Búsqueda de militantes del MSM en la cosa pública
El senador Eugenio Rojas informó el 27 de septiembre que buscarían a infiltrados del MSM en la administración pública. Se los acusa de poner trabas a la gestión.
Caranavi
Se anunció presentación de pruebas
El ex viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, anunció el 11 de junio que se presentarían pruebas ante la Fiscalía sobre infiltrados en el conflicto de Caranavi.
Acusación
Infiltrados tanto en las FFAA como en la Policía
Evo Morales habló el lunes 30 de agosto en el Palacio Quemado acerca de la “infiltración” de agentes de la embajada norteamericana en estratos militares y policiales.
Protesta
Preocupación por la cúpula
El Mandatario afirmó el 20 de agosto que existen infiltrados en la propia dirección del MAS para, desde ese frente, perjudicar las acciones del Gobierno.
Región
El Gobernador también denunció a infiltrados
El prefecto de Potosí, Félix Gonzales, denunció que gente infiltrada en el MAS y los movimientos sociales pretende desestabilizar su gestión y promover su cambio.
2 abogados denuncian a CIDH que Evo ordenó allanamientos
Procedimiento: El ministro Sacha Llorenti afirmó que la intervención contra los juristas se ajustó a las leyes en vigencia.
Sin pruebas: el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, arremete en rueda de prensa
La Prensa
Al día siguiente de que el Presidente admitiera haber ordenado la intervención a las oficinas y el domicilio de los abogados y cónyuges Jorge Quiroz y Claudia Lecoña, éstos elevaron ayer la denuncia correspondiente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ambos juristas representan a los familiares de Fidel Hernany (16) y David Calizaya (19), asesinados durante el desbloqueo de la ruta que une la sede del Gobierno con el norte paceño. La pareja amplió una denuncia contra el Estado boliviano en procura de que el organismo continental exija al Gobierno que les garantice su seguridad.
Entre el 7 y el 8 de mayo, policías abrieron la ruta cortada desde hacía 13 días por colonizadores, cocaleros y pobladores de Caranavi en demanda de la instalación de una procesadora de cítricos en ese municipio. La acción se saldó con dos muertos y 29 heridos.
Ayer, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, se refirió a Quiroz, sin mostrar pruebas, como un “abogado peruano, (que) representa una amenaza para la seguridad del Estado”, y recordó sus antecedentes penales, pero no mencionó que el aludido demostró que fue sobreseído de tales acusaciones.
Llorenti tampoco mencionó que Quiroz ha adquirido la ciudadanía boliviana, y reiteró que la movilización de Caranavi fue “una acción política armada, (cuyos) responsables deben ser sancionados penalmente”.
Los familiares de los jóvenes fallecidos abrieron querella por asesinato contra Llorenti, el comandante de la Policía Óscar Nina y otros dos oficiales de la institución del orden.
Ayer, el Ministro mostró las órdenes de requisa y secuestro en el bufete de los abogados, documento firmado por la juez Marcela Siles, y afirmó: “El Presidente nos dio la instrucción para seguir todos los procedimientos legales y continuar la investigación del caso”.
El allanamiento a la oficina y el domicilio de los abogados se realizó entre el 27 y el 28 de agosto reciente.
La autoridad aseguró que para llevar adelante este procedimiento se cumplieron todos los requisitos legales.
Claudia Lecoña reiteró que se declaró, junto con su esposo, perseguida política y rechazó las sindicaciones de Llorenti en sentido de que tanto ella como Quiroz fueran parte de una infiltración de la Embajada de Estados Unidos en la movilización caranaveña.
“Son acusaciones muy graves que nos afectan y que provienen de autoridades elegidas por el pueblo. Demuestran, además, que en Bolivia no hay independencia de poderes, que estamos en una situación verdaderamente caótica”.
Agregó que espera de la CIDH una amonestación a la administración de Evo Morales y que le exija ofrecer las garantías a su vida y su trabajo.
El Ministro de Gobierno dio cuenta de que en los siguientes días presentará los resultados finales de la investigación que lleva adelante sobre la violencia acaecida el segundo fin de semana de mayo en esa provincia paceña.
Consultado en torno a la posibilidad de que organismos de seguridad del Estado efectúen actualmente una indagación de aquellos hechos, paralela a la que realiza la Fiscalía, Llorenti dijo: “Hacemos un seguimiento a ese trabajo, como nos corresponde”. Se comprometió a presentar pruebas de sus acusaciones contra los dos abogados.
Para destacar
Evo Morales reveló el domingo por la mañana que ordenó el allanamiento a las oficinas de Jorge Quiroz y Claudia Lecoña.
El ministro Sacha Llorenti aclaró ayer que la instrucción fue seguir todos los pasos legales para lograr ese objetivo.
La Policía expuso pruebas de que Quiroz, peruano de nacimiento, fue procesado por tráfico de drogas en su país.
Según esa información, el abogado era reclamado en su país con fines de extradición para procesarlo por ese caso.
El aludido mostró documentos de su sobreseimiento y de que ha intentado su reincorporación para jubilarse.
Jorge Quiroz adquirió la nacionalidad boliviana al contraer matrimonio con Claudia Lecoña.
“Un fiscal apegado a las normas abriría una investigación”
“Las declaraciones del Presidente son impertinentes porque no tiene facultades para ordenar allanamientos. Hay autoridades que pueden intervenir sin contar con una orden judicial, pero sólo en caso de delitos de flagrantes, lo que no sucedió en esta situación.
Haber ordenado allanamiento de bufetes o domicilios implica un delito y arrogarse la responsabilidad de delitos que han cometido otros servidores públicos por razones políticas no tiene sentido. Son declaraciones realizadas a la ligera, que no tienen respaldo legal ni basamento democrático.
En una situación normal, con un Ministerio Público independiente, un fiscal apegado a las normas podría abrir una investigación, pero ésa no es la realidad. Hoy día, el Ministerio Público está considerado como una repartición del Gobierno, una entidad subordinada fácticamente al Órgano Ejecutivo.
Entonces, no va a pasar nada, pero eso no quiere decir que las declaraciones del Presidente sean carentes de respaldo legal”.
Waldo Albarracín / Ex defensor del Pueblo y abogado