El fiscal Urioste califica de «sorprendente» el asilo de Beller y asegura que tenía protección estatal

Nadia Beller acusó a su expareja Fernando Cerimedo de intentar matarla. Ahora se encuentra con asilo en la embajada de México a la espera del salvoconducto que le permitirá abandonar Bolivia

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El fiscal general interino, Armando Urioste, calificó de «sorprendente» la decisión de la abogada Nadia Beller de solicitar asilo diplomático en la Embajada de México, porque contaba con la condición de «testigo protegida» que fue ella misma solicitó se le retire.

«Se le dio a ella la calidad de testigo protegida y solicitó el retiro de esta condición; de manera sorprendente, se presentó en la representación diplomática solicitando asilo político cuando Bolivia ya le había otorgado protección estatal», explicó la autoridad judicial.

Beller permanece en la sede diplomática mexicana en La Paz a la espera del salvoconducto por parte del Gobierno del presidente Rodrigo Paz para abandonar el territorio nacional. La activista argumentó que el Estado no le brinda las garantías necesarias y denunció ser víctima de constantes amedrentamientos.

La jurista denunció a su expareja, el consultor y asesor político argentino Fernando Cerimedo, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa. Asimismo, acusó a Cerimedo de ejercer una alta influencia en el entorno del Ejecutivo, respaldando su afirmación con la difusión de audios, fotografías y conversaciones de chat.

Pese al estatus diplomático de la denunciante, el fiscal Urioste ratificó que las investigaciones penales contra Cerimedo —quien cumple detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro— continuarán su curso legal, independientemente de si Beller permanece o no en el país.

La empresa de oro Epcoro va rumbo al cierre y la metalúrgica de Karachipampa entrará en reestructuración

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz avanza en el cierre y evaluación de las empresas públicas que registran pérdidas sistemáticas y representan una carga financiera para el Estado.

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La Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro) será liquidada, mientras que la Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK) ingresará a un proceso de reestructuración, confirmó el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho.

«Vamos al récord Guinness: Bolivia es el único país que ha quebrado una empresa de intermediación de oro. Los anteriores administradores entendieron mal la fórmula, pues compraron caro y vendieron barato; en todo caso, representa un daño económico enorme», aseveró en referencia a la firma estatal.

La empresa fue creada en marzo de 2024, durante la gestión del expresidente Luis Arce, con un capital inicial superior a los Bs 102 millones. Su giro principal abarcaba la producción y comercialización del metal precioso en toda la cadena minera con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales.

La semana pasada, el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, anunció el cierre definitivo de Epcoro tras detectarse pérdidas económicas que superan los Bs 400 000.

«Esa institución tiene que ser cerrada, pero debemos hacerlo de manera ordenada, sin actuar precipitadamente. Se requiere una auditoría —que está prácticamente en su fase final— cuya recomendación determine precisamente el cierre y la liquidación de la entidad», sostuvo el titular de la cartera ministerial.

Asimismo, Camacho adelantó que la Empresa Metalúrgica Karachipampa, situada en el departamento de Potosí y dependiente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), será sometida a un plan integral de reestructuración, aunque no ofreció mayores detalles sobre el alcance específico de esta medida.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz avanza en el cierre y evaluación de las empresas públicas que registran pérdidas sistemáticas y representan una carga financiera para el Estado.