Sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron piquetes de huelga de hambre y realizan movilizaciones exigiendo anular el decreto 5503
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Los sectores sociales movilizados en contra del decreto 5503 nuevamente fueron convocados para dialogar, a partir de las 11:00 del lunes, y llegar a acuerdos, teniendo en cuenta que actores sociales dejaron “sus actitudes conspirativas, desestabilizadoras” al conocer en detalle la norma cuestionada, informó el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, René Flores.
Sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron piquetes de huelga de hambre y a diario realizan marchas en el centro de la ciudad de La Paz, principalmente, exigiendo anular el decreto 5503 que eliminó la subvención y fijó nuevos precios de los hidrocarburos, y estableció incentivos en materia social, económica e impositiva.
A través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se invitó oficialmente a la dirigencia de la COB al diálogo del lunes. Flores informó que, de ser necesario, se volverá a ratificar la invitación a dialogar, luego que algunos dirigentes dijeran que no recibieron una invitación formal, aunque adelantó que las negociaciones deben ser con la predisposición de llegar a acuerdos.
“Eso es un diálogo, para eso es un diálogo de oídos abiertos y no de sordos, entonces, en esa reunión saldrá lo que tenga que salir, a partir de ello daremos un nuevo rumbo. Con capricho no vamos a lograr nada”, reflexionó en una conferencia de prensa en la que también destacó el apoyo de diferentes actores sociales al decreto 5503.
Sectores sociales como los gremiales respaldaron la medida del gobierno de Rodrigo Paz, pero pidieron la revisión de algunos artículos vinculados con temas impositivos. La norma representa un cambio de modelo económico, porque reduce la presencia del Estado en la economía y pone como actor central al privado.
Flores consideró que se debe analizar la integridad del decreto y no reducirlo al retiro de la subvención a los hidrocarburos, que se mantuvo por más de 20 años y que provocó una carga al Estado que se superaba anualmente los $us 3.000 millones, fomentando el contrabando y el consumo de las divisas.
