La adjudicación está prevista para el 26 de junio, mientras que la firma de contrato se realizará el 28 de julio, cita un reporte del Ministerio de Obras Públicas.
Fuente: ABI.
La Paz.- Con una inversión de Bs 2.999.839,56, se emitió la licitación para el Servicio de Mantenimiento de la Intersección de Pistas del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann en Cochabamba, informó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño.
“Será uno de los aeropuertos que van a utilizar los mandatarios que nos visiten en el Bicentenario. Estamos inyectando 2,9 millones de bolivianos, que son recursos propios de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), y que se suman a los más de 25 millones de bolivianos que ya se han invertido en esta gestión en este aeropuerto”, explicó.
El plazo de ejecución del proyecto será de 60 días calendario, y las propuestas podrán presentarse hasta el 13 de junio. La adjudicación está prevista para el 26 de junio, mientras que la firma de contrato se realizará el 28 de julio, cita un reporte del Ministerio de Obras Públicas.
Los trabajos que se ejecutarán incluyen: levantamiento topográfico y replanteo, retiro y limpieza de la carpeta asfáltica con signos de desgaste y ondulaciones, bacheo profundo con mezcla asfáltica, aplicación de riego de liga, colocado y compactado, provisión y transporte de mezcla, verificación técnica por fiscalización y tratamiento de áreas dañadas mediante excavación, limpieza y reposición de la base.
Se tiene previsto colocar una nueva mezcla asfáltica con un espesor promedio de 5 centímetros en el tercio central de la intersección de pistas, con un ancho total de 20 metros (10 metros a cada lado del eje central) y una longitud aproximada de 100 metros, asegurando la nivelación adecuada en ambas direcciones.
Además, se aplicará ligante bituminoso en cantidades de entre 0.4 y 0.8 litros por metro cuadrado, y se utilizará una mezcla diseñada bajo el método Marshall, que garantiza durabilidad y una superficie óptima para las operaciones aéreas.
La Casa Blanca ejerce una intensa presión sobre las agencias del orden público de todo el gobierno para que alcancen la meta de un millón de deportaciones al año.
Por Priscilla Alvarez, Evan Perez, Sean Lyngaas y Holmes Lybrand.
La administración de Trump aumentará el personal y los recursos federales para cumplir con el deseo de la Casa Blanca de triplicar el número de arrestos diarios por inmigración, lo que indica un renovado impulso para ir mucho más allá de los esfuerzos de administraciones anteriores.
La Casa Blanca ejerce una intensa presión sobre las agencias del orden público de todo el gobierno para que alcancen la meta de un millón de deportaciones al año.
Esto ha generado un aumento de agentes y funcionarios en todo el gobierno federal que centran su atención en los arrestos y las deportaciones, lo que en algunos casos ha sobrecargado los recursos.
En el FBI, cientos de agentes han sido reasignados a funciones relacionadas con la inmigración, lo que genera preocupación entre los agentes de que este cambio pueda obstaculizar importantes investigaciones de seguridad nacional, incluyendo las sobre amenazas terroristas y espionaje por parte de China y Rusia, según personas familiarizadas con el asunto.
Los altos funcionarios del FBI han proporcionado poca orientación a las oficinas locales sobre cómo se espera que los agentes aumenten el número de arrestos migratorios al mismo tiempo que trabajan en sus casos de máxima prioridad, según las fuentes. De acuerdo con una persona familiarizada con el asunto, los supervisores han indicado a los agentes del FBI que no documenten la transferencia de recursos de casos prioritarios a trabajos relacionados con inmigración.
Los agentes del FBI suelen registrar horas dedicadas a amenazas o asignaciones específicas, pero los funcionarios parecen intentar que se evite dejar un registro documentado que demuestre que el FBI desvió recursos de las amenazas a la seguridad nacional para lidiar con la inmigración, según la fuente. Como resultado, algunas oficinas locales se niegan a asumir nuevas investigaciones sobre ciertas amenazas.
También se implementarán iniciativas de incentivos.
Altos funcionarios del FBI en Nueva York enviaron esta semana un correo electrónico a su equipo de más de 1000 agentes prometiendo el pago de horas extras si colaboraban en las “operaciones de cumplimiento y deportación”, según un correo electrónico obtenido por CNN.
Los agentes del FBI que trabajen en el “aumento” de cumplimiento y deportación hasta el final del año fiscal, que es el 30 de septiembre, podrían obtener una transferencia “a la división de su elección”, según el correo electrónico.
Algunas oficinas del FBI en estados fronterizos ya han desviado recursos de la lucha contra la ciberdelincuencia hacia asuntos migratorios, afirmó un exagente del FBI que habló bajo condición de anonimato para preservar su relación con antiguos colegas.
“Si bien el FBI no comenta sobre decisiones específicas de personal, nuestros agentes y personal de apoyo son profesionales dedicados que trabajan incansablemente para defender la patria y erradicar la delincuencia violenta, una misión que sin duda se superpone con las consecuencias de las políticas de fronteras abiertas de cuatro años de la administración anterior”, dijo el portavoz del FBI, Ben Williamson, a CNN. “Nos enorgullece trabajar con nuestros socios interinstitucionales para mantener la seguridad del pueblo estadounidense”.
Inicialmente, los funcionarios de Trump afirmaron que los arrestos de inmigrantes se enfocarían en aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública o nacional. Y aunque personas que entran en esa categoría siguen detenidas, la brecha se ha ampliado a medida que se han detenido y deportado personas sin antecedentes penales.
El enfoque de “manos a la obra” en materia de inmigración plantea importantes interrogantes dentro del FBI y otras agencias policiales sobre cómo utilizan los recursos limitados para ejecutar su misión.
“¿Deberíamos tener agentes del FBI altamente capacitados para apoyar las prioridades del DHS?”, preguntó el exagente del FBI. “¿Se trata solo de un incremento temporal?”.
Triplicar el número de arrestos
Esta no es la primera vez que el FBI y otras agencias del orden público han reasignado recursos drásticamente para abordar las prioridades de una administración.
Después del 11-S, por ejemplo, el FBI invirtió fuertemente en antiterrorismo. Los gobiernos anteriores han tenido que gestionar recursos y personal limitados para arrestar a personas dentro de Estados Unidos y deportarlas.
Otras agencias del orden público también han sentido la presión de la ofensiva migratoria. El Servicio de Alguaciles de EE.UU., una agencia ya sobrecargada por la mayor protección a funcionarios federales y jueces en los últimos años, ha desviado personal para ayudar con las deportaciones de ICE, lo que ha sobrecargado aún más a la agencia, según indicó un funcionario del orden público a CNN.
Los arrestos por inmigración han rondado los 1000 al día, pero los funcionarios de Trump presionan para que se triplique esa cifra, ya que también buscan acelerar el ritmo de las deportaciones.
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo a los periodistas la semana pasada que estaba “contento” con el número de arrestos, que, argumentó, superó al de la administración del expresidente Joe Biden, pero “no satisfecho”.
“Necesitamos arrestar al triple de personas que estamos arrestando actualmente y más dinero para hacerlo”, afirmó. Homan reiteró ese mensaje el jueves: “Hemos aumentado considerablemente los equipos. Hemos aumentado considerablemente la focalización, por lo que prevemos un gran aumento en el número de arrestos cada día”.
La semana pasada, el subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, transmitió ese mensaje a altos funcionarios del ICE en una tensa reunión, reportada primero por Axios, donde instó a los agentes a aumentar significativamente los arrestos, según una fuente familiarizada con la reunión.
“Nos comprometemos a expulsar de Estados Unidos de forma agresiva y eficiente a los inmigrantes indocumentados y a garantizar que nuestros agentes del orden cuenten con los recursos necesarios para hacerlo”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en una declaración a CNN.
El gobierno ha reforzado su fuerza de 6.000 agentes del ICE —todos bajo una enorme presión para cumplir con las cuotas que Miller anteriormente denominó “el mínimo, no el máximo”— complementándola con agencias externas, ofreciendo horas extras e incentivos de reasignación a los agentes federales. En medio de la presión, se ha producido una nueva reestructuración en la cúpula directiva del ICE.
Ken Genalo, el funcionario a cargo de la rama encargada de realizar arrestos y deportaciones, se jubila, mientras que Robert Hammer, quien dirige las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, será reasignado, anunció la agencia el jueves. En su anuncio, el ICE afirmó que “los reajustes organizativos ayudarán al ICE a cumplir con el mandato del presidente Trump y del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados delincuentes y garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses”.
Sin embargo, sin fondos adicionales, el Gobierno aún tiene limitaciones para aumentar las detenciones y adquirir más aviones para las deportaciones. El enorme proyecto de ley de reconciliación de Trump, que aún se encuentra en trámite en el Congreso, incluye miles de millones de dólares para la aplicación de la ley migratoria.
Mientras tanto, la administración depende de los recursos disponibles: se ha solicitado a unos 500 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza que se distribuyan por todo el país para arrestar a inmigrantes indocumentados, una responsabilidad que normalmente asume ICE.
Se espera que el esfuerzo migratorio también incluya a 600 agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), 300 de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y 300 del Servicio de Alguaciles de EE. UU., según dos fuentes familiarizadas con la planificación.
CNN solicitó comentarios a estas agencias y previamente informó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también solicitó 20.000 miembros de la Guardia Nacional para colaborar con la aplicación de las leyes migratorias.
El Ministro de Obras Públicas denunció que dos bloqueos evistas, en los departamentos de Cochabamba y Oruro, sólo buscan «convulsionar» al país para lograr la habilitación «ilegal» de Evo Morales como candidato.
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, denunció este jueves que dos bloqueos protagonizados por grupos evistas, en los departamentos de Cochabamba y Oruro, generan una pérdida de al menos Bs 127 mil en el pago de peajes, eventualmente, impedirán el traslado de combustible a las ciudades.
La autoridad gubernamental señaló que los bloqueos se registraron en los municipios de Mizque, en Cochabamba, y de la ciudad de Oruro.
Informó que en una reunión con dirigentes transportistas se advirtió que este tipo de bloqueos también perjudican el tránsito y la distribución de combustible a las ciudades y provincias.
Montaño advirtió que detrás de estos bloqueos está la “mano de Evo Morales”, con la intención de “convulsionar” al país y llevar a un golpe de Estado, con el objetivo de que el expresidente sea habilitado como candidato presidencial, de forma “ilegal”.
En ese sentido, pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por las intenciones evistas, dirigidas a impulsar movilizaciones que lleguen a pedir la renuncia del presidente Luis Arce.
Por otra parte, indicó que hay asambleístas evistas que bloquean la aprobación de créditos internacionales para el financiamiento de obras en el país.
Acotó que, en este caso, también está el sector de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, quien también impide la aprobación de créditos por cerca de $us 1.800 millones para distintas obras.
Esa institución del Estado continuará el seguimiento para que quienes se encuentren en celdas de la FELCC accedan a alimentos y al abrigo necesarios considerando las bajas temperaturas.
VIdeo: Defensoría del Pueblo.
Fuente: eju.tv
La Defensoría del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realiza el seguimiento a la situación de las 25 personas arrestadas (23 varones y 2 mujeres) en la movilización de esta jornada, facilita el contacto con sus abogados y cumple la salvaguarda de la revisión médica y alimentación, informó ese organismo estatal de defensa de derechos humanos a través de un video en el cual registró el seguimiento a las citadas detenciones.
En su reporte, la Defensoría del Pueblo señala que continuará el seguimiento necesario ya que en la tarde de hoy gestionó que los detenidos cuenten con el acceso a sus tres abogados que llegaron al lugar para tomar las acciones de defensa legal respectiva.
La Defensoría añadió que además supervisará que los detenidos accedan a alimentación, vituallas, y al abrigo necesario, es decir frazadas y otros, para que pasen las horas de detención en celdas de la FELCC, esto en previsión de las bajas temperaturas que se registran últimamente.
Una movilización de sectores afines a Evo Morales que se dirigía al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en demanda de su habilitación e inscripción como candidato presidencial, terminó en enfrentamientos con un fuerte contingente policial en las cercanías de la plaza Abaroa, en la ciudad de La Paz. El hecho dejó al menos dos efectivos policiales heridos, como resultado de los disturbios provocados por los manifestantes.
De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo, al menos 20 manifestantes fueron aprehendidos y conducidos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz. La autoridad defensorial recomendó el respeto a los derechos humanos de los detenidos.
Imágenes que llegaron a la redacción de Visión 360, dieron cuenta de que el conflicto duró más de 30 minutos, en la zona de Sopocachi. Varios de los manifestantes se encontraban sujetando piedras, petardos y portaban carteles y banderas Wiphalas.
Lo que fue una pelea entre ambos bandos en la plaza Abaroa terminó por trasladarse hasta otras calles aledañas en Sopocachi, hacia la plaza España. Los uniformados persiguieron a los simpatizantes del evismo por la subida de la calle Belisario Salinas, que fue donde se desarrolló también la contienda.
Los efectivos policiales tuvieron que recurrir al uso de gases lacrimógenos para disuadir a los marchistas afines al exmandatario, quienes anunciaron días atrás el recrudecimiento escalonado de sus manifestaciones.
La jornada anterior, los afines a Morales llegaron con sus protestas hasta cercanías de la plaza Murillo, donde quemaron dos muñecos con los rostros de Luis Arce y el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi. Tales manifestaciones también terminaron en enfrentamientos con la policía y dispersión con agentes químicos.
Las protestas están enmarcadas en la inscripción de candidatos a la presidencia con miras a las Elecciones Generales del 2025. Evo Morales no fue inscrito, debido a que al menos dos siglas con las que negociaba perdieron su personería jurídica: el FPV y Pan-Bol.
Morales, a la par de ello, se encuentra impedido de inscribir su candidatura debido a una orden de aprehensión que pesa en su contra, por una investigación por presunta trata de personas, cometida durante su tercer término presidencial.
A la par de ello, un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señala que ninguna autoridad electa puede postular a tres mandatos de forma continua o discontinua, en clara alusión a los tres mandatos de Morales entre 2006 y 2019.
La posible medida de presión fue mencionada después que una marcha en la sede de gobierno fue gasificada por la Policía cuando intentaba ingresar, por la fuerza, a la plaza Murillo.
Las organizaciones sociales “evistas” advirtieron con el bloqueo de carreteras por la renuncia del mandatario Luis Arce y ante el rechazo a la inscripción del Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones generales.
La posible medida de presión fue mencionada después que pasado el mediodía de este miércoles una marcha en la sede de gobierno haya sido gasificada por la Policía cuando intentaba ingresar, por la fuerza, a la plaza Murillo.
“Si no nos van a dejar participar (de las elecciones), nos veremos obligados a salir a las carreteras, seguir movilizándonos en las calles, por más que nos manden a los policías a gasificar, a reprimir, no nos van a vencer”, afirmó la vicepresidenta de la organización política Evo Pueblo, Elizabeth Paco.
El dirigente campesino, Vicente Choque, hizo un llamado a la unidad de todos los sectores que apoyan al expresidente a continuar con el estado de emergencia y las marchas de protesta contra el Gobierno.
“Sabemos perfectamente que la Policía también en este momento solo tiene para tres cuatro días de gasificación y nosotros vamos a continuar con esta lucha mañana pasado hasta que renuncie Luis Arce Catacora”, reiteró.
El dirigente intercultural, Enrique Mamani, recordó que las movilizaciones son también por la falta de soluciones al desabastecimiento de combustible y la crisis alimentaria en el país.
En algunas regiones del país se registraron bloqueos esporádicos de carreteras que luego fueron levantados.
En medio de estas gestiones políticas, comenzó a circular la versión de que Paola Fernández, hija del alcalde cruceño Johnny Fernández, podría ser la nueva compañera de fórmula de Rodríguez.
En las últimas horas han surgido insistentes versiones de que Paola Fernández, hija del jefe de UCS, Johnny Fernández, sería la candidata a la vicepresidencia junto con Andrónico Rodríguez.
La hasta ahora precandidata a la vicepresidencia Mariana Prado confirmó este miércoles que ese sector mantiene conversaciones con UCS con miras a viabilizar la participación en las elecciones generales del 17 de agosto.
En medio de estas gestiones políticas, comenzó a circular la versión de que Paola Fernández, hija del alcalde cruceño Johnny Fernández, podría ser la nueva compañera de fórmula de Rodríguez. Una fuente política de Santa Cruz confirmó esa posibilidad a Brújula Digital. Según otra fuente, Mariana Prado no descarta renunciar a su candidatura con tal de viabilizar el binomio que presente UCS.
Las negociaciones con UCS se dan luego de que la Sala Constitucional del Beni emitiera un fallo que impide la participación del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido con el que originalmente se presentó la alianza encabezada por Rodríguez. Este revés jurídico obligó al legislador a buscar nuevas alianzas. UCS y Morena fueron los principales interlocutores en los últimos días.
Este mismo miércoles, Morena descartó oficialmente una alianza con Rodríguez y por lo tanto mantendrá la candidatura de la líder de la agrupación, Eva Copa.
“Con Andrónico se han iniciado conversaciones con distintas organizaciones políticas para encontrar una ruta que permita viabilizar su candidatura”, señaló Prado en entrevista con Unitel. Y añadió: “No tenemos únicamente conversaciones con UCS”.
Mientras tanto, se confirmó que los delegados de Rodríguez retiraron del Tribunal Supremo Electoral (TSE) las listas de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional presentadas por MTS. Según fuentes del organismo electoral consultadas por Brújula Digital, este retiro fue posible porque las listas aún no estaban formalmente inscritas, a la espera de un fallo pendiente en la justicia beniana.
El objetivo del retiro es volver a inscribir una nueva lista antes del 6 de junio, plazo final establecido en el calendario electoral.
Por otra parte, Prado fue tajante al descartar cualquier posibilidad de alianza con el Movimiento Al Socialismo (MAS), que lleva como candidato presidencial al exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo. “Esa sí es una puerta que Andrónico ha cerrado. Es nuestro límite. Ahí no podremos conversar con nadie”, sentenció.
Se agudiza la escasez, “en vez de aumentar los volúmenes ahora han rebajado, no podemos seguir de esta manera”, afirmó el dirigente de la Confederación de Choferes, Víctor Tarqui.
Foto: Internet
Fuente: ANF
La Paz. – El Gobierno se comprometió a normalizar el abastecimiento de combustible en el eje troncal del país desde el lunes, pero en las estaciones de servicio aún se registran extensas filas y los transportistas advierten con ir a un paro nacional la próxima semana si no se soluciona ese conflicto.
“Hubo un compromiso firme de parte del gobierno que desde el lunes se iba a regularizar el abastecimiento de diésel y gasolina, estamos a miércoles y no hay solución. Esta situación se está agudizando, en vez de aumentar los volúmenes ahora han rebajado, no podemos seguir de esta manera”, afirmó el dirigente de la Confederación de Choferes, Víctor Tarqui, en declaraciones a la ANF.
El pasado viernes, una de las medidas económicas que lanzó el presidente Luis Arce fue que a partir del 26 de mayo se iba a normalizar el abastecimiento de combustible en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Santos Escalante, cuestionó no cumpla con los compromisos que asume para la provisión de diésel y gasolina, dijo que al menos el 40% del parque automotor no está trabajando porque deben esperar por varias horas en los surtidores, lo cual les afecta en sus ingresos económicos.
“Nosotros ya no creemos en las medidas del Gobierno, si se van a dar una vuelta por los surtidores las filas son extensas. No podemos trabajar de manera normal, nuestros compañeros deben esperar varias horas en los surtidores”, manifestó.
En la avenida 6 de Marzo, de El Alto, existen tres surtidores: Candelaria, Laredo y Zursil SRL donde se observan extensas filas de decenas de motorizados de carga pesada y liviana esperando a adquirir ya sea diésel y gasolina. Ese panorama se replica en las estaciones de servicio que se encuentran en la avenida Ladislao Cabrera, o más conocida como carretera a Viacha.
De igual manera ocurre en la ciudad de La Paz, en las estaciones de servicio Volcán y Uruguay, que se encuentran en la avenida Montes, también hay columnas interminables de motorizados. Incluso una de ellas llegó hasta la estación del teleférico Naranja en la calle Sucre, a pocos metros de la plaza Riosinho.
Paro
En ese contexto, el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, dio hasta el viernes al Ejecutivo para que cumpla con su palabra, caso contrario, irán a un paro de 24 horas programado para el 3 de junio.
“Si hasta el día viernes no van a cumplir lo que han dicho, el martes vamos a parar a nivel nacional con todas las modalidades, con cierre de fronteras”, advirtió.
Al respecto, el dirigente de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre de Santa Cruz, Bismark Daza, indicó que el viernes tendrán un ampliado donde se definirán los puntos de bloqueo y otras medidas de protesta.
Los objetivos de ese Foro Estratégico permanente son estudiar, debatir, e impulsar el desarrollo del Corredor Bioceánico Amazónico-Andino; y promover diversos aspectos relacionados con esa ruta bioceánica.
La gobernación del Beni asumió el desafío y protagonismo de conformar con los departamentos de Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí, una macro-región que también constituirá un nuevo corredor bioceánico que unirá los océanos Pacífico y Atlántico, creando un flujo de importaciones y exportaciones que generará ingentes ingresos para arcas del Estado de Bolivia, estimados en dos mil millones de dólares (por año) entrarían a arcas del Estado boliviano.
“Esta importante feria no sólo dinamiza la economía local, sino que también fortalece el tejido social y cultural de nuestros pueblos. Esta feria representa mucho más que productos y servicios: simboliza el esfuerzo colectivo, la valentía de los pequeños y medianos productores”, expresó el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta quien junto a los otros gobernadores bolivianos fueron invitados de honor a ese importante evento económico regional.
Unzueta destacó que esta feria simboliza el talento de los artesanos y la esperanza que nace de la unión entre el poder público y la sociedad. “El estado de Rondônia es un ejemplo de fuerza, trabajo honesto y fe en el futuro. Cuando se trabaja en unidad se supera cualquier desafío para prosperar, pero se requiere compromiso, diálogo y cooperación para generar un espacio de reencuentro, de alianzas, de renovación de sueños, añadió sobre el compromiso para impulsar el corredor bioceánico.
Objetivos del Foro Estratégico
Los objetivos del Foro Estratégico permanente creado por los cuatro gobernadores son estudiar, debatir, e impulsar el desarrollo del Corredor Bioceánico Amazónico-Andino.
Además, el foro promoverá una comprensión profunda, técnica y estratégica, sobre diversos aspectos relacionados con la ruta bioceánica, incluyendo infraestructuras viales, ferroviarias y logísticas avanzadas.
“Nuestro objetivo es atraer la atención global hacia esta región estratégica, aprovechando su potencial singular de conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico e integrando polos económicos importantes”, señalan los gobernadores en la Declaración Conjunta.
El desarrollo de este corredor beneficiará significativamente el crecimiento económico sostenible de la región, ampliará las oportunidades comerciales y fortalecerá la cooperación económica, tecnológica y cultural entre nuestras naciones, añaden.
Puente Binacional
Los gobernadores, consideran que en el contexto de lo que será el corredor bioceánico, es de relevancia estratégica el Puente Binacional Guayaramerín-Guajará-Mirim como pieza fundamental para consolidar esta integración, promoviendo intercambios económicos, turísticos y académicos y simbolizando la unión entre Brasil y Bolivia.
“Expresamos nuestra disposición conjunta de trabajar colaborativamente con nuestros gobiernos nacional y socios internacionales, buscando viabilizar proyectos concretos, atraer inversiones y los apoyos necesarios. Reiteramos nuestro firme compromiso con la prosperidad, el desarrollo integrado y la estabilidad regional, fortaleciendo continuamente los lazos que unen a nuestros pueblos y culturas”, concluye la Declaración Conjunta firmada el 26 de mayo.
El general José Illanes fue acusado por el diputado evista de ofrecerse a capturar a Evo Morales, y añadió que “ conocen dónde vive y a su familia”. Illanes recurrirá a la vía legal en defensa de su seguridad personal y de sus seres queridos.
“No es posible que los funcionarios, los servidores públicos, reciban ese tipo de amenazas, mediante los medios de comunicación y en el ámbito nacional, porque la familia se respeta”, afirmó este martes Augusto Russo, comandante de la Policía Boliviana al referirse a las amenazas que el diputado “evista” Héctor Arce, le lanzó al general José Illanes.
“Él como persona va a activar la ley, los mecanismos que le otorga la ley, hemos sido testigos de la amenaza, lamentamos mucho, no tendríamos nosotros ninguna situación adversa si es que se respetaría el cumplimiento de la norma”, dijo el jefe policial.
El lunes 26, el diputado “evista” amenazó al general Illanes, a quien acusó de haberse ofrecido para aprehender al expresidente Evo Morales, investigado por el delito de trata de personas.
“Así como usted sabe de cerca donde está Evo Morales, también a nosotros nos pasan la información (sobre) dónde vive usted, quién es su familia”, dijo el legislador.
Russo indicó que el general Illanes le pidió una reunión con él para exponer lo sucedido, oportunidad en la que le comunicó que optará por la vía legal para hacer prevalecer sus derechos como cualquier ciudadano.
Arce, muy cercano a Morales, manifestó que Illanes formó un grupo de policías de élite que se ha filtrado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCC) con el objetivo de aprehender al exmandatario.
Según el diputado Arce, una vez que Illanes cumpla con su objetivo, sería nombrado Comandante de la Policía Boliviana. “Ese es el trato que han hecho”, señaló.
Morales tiene una orden de aprehensión en el marco del caso de trata de personas; sin embargo, hasta la fecha no se ejecutó, y él permanece protegido por sus seguidores en el trópico de Cochabamba.
Comerciantes de la calle Gallardo en La Paz comenzaron a romper los sellos de seguridad de los envases al momento de la venta, con el objetivo de evitar la reventa y especulación del producto.
Ante la creciente escasez de aceite comestible en los mercados, comerciantes de la calle Gallardo en La Paz comenzaron a romper los sellos de seguridad de los envases al momento de la venta, con el objetivo de evitar la reventa y especulación del producto.
“A un compañero le llegó apenas 12 botellones de 4,5 litros. Por eso, estamos vendiendo uno por persona y antes de entregar al comprador destapamos el producto y rompemos el sello de seguridad, así evitamos la reventa”, informó Osvaldo Oropeza, dirigente gremial del sector, según Unitel.
En esta comercial calle, el botellón de 4,5 litros se ofrece a Bs 80, el de dos litros a Bs 32, y el de 900 mililitros a Bs 16. Oropeza advirtió que quienes vendan por encima de estos precios serán sancionados con una multa de Bs 500 y el cierre de sus puestos por una semana.
Las compradoras expresaron su preocupación ante el incremento desmedido del aceite. “Estamos sufriendo mucho por el aceite, la harina, el fideo, el azúcar, todo subió demasiado”, afirmó una vecina. Otra denunció que en el área rural el aceite de 4,5 litros se vende a Bs 150: “Por eso quiero comprar aquí y regresar a mi pueblo”.
Sin embargo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, negó que exista desabastecimiento. “No es un tema de falta de producción el elevado precio, es especulación y agio. Algunos empresarios y comerciantes están ocultando el producto, como el aceite”, declaró.
Flores aseguró que Bolivia tiene excedentes de soya. “¿Cómo puede ser que en un país que tiene soya hasta para exportar pueda faltar aceite?”, cuestionó. Detalló que del total del aceite refinado producido en el país, el 30% se destina al consumo interno y el 70% a la exportación.
En los últimos días, la Policía y el Viceministerio de Defensa del Consumidor intervinieron comercios en Oruro, Sucre y El Alto, donde hallaron cajas de aceite y turriles de aceite a granel escondidos, presuntamente para contrabando o reventa a precios elevados.
El 23 de mayo, el presidente Luis Arce anunció 11 medidas y siete decretos contra la especulación y el contrabando. “El gobierno va a tener mano dura ahora en adelante en el control, sobre todo, de estos productos que están siendo ocultados”, advirtió.
En contacto con radio Panamericana, Franklin Flores, gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), compartió detalles sobre las proyecciones de producción y venta de aceite comestible a partir de la planta instalada en San Julián, Santa Cruz. La infraestructura, que procesa hasta mil toneladas de soya por día, forma parte del plan nacional de industrialización del sector agrícola.
Flores resaltó que la planta tiene la capacidad de procesar más de 300 mil toneladas de soya al año y que comenzará a ofrecer aceite al consumidor final desde los primeros días de junio. El producto se presentará en envases de 4,5 litros, y su precio no excederá los 14 bolivianos por litro, lo que representa una alternativa más accesible para las familias bolivianas.
El gerente de EMAPA valoró los avances del gobierno en el proceso de industrialización de alimentos como una forma de fortalecer la seguridad alimentaria, reducir la dependencia de importaciones y brindar productos a precios justos.
Estas acciones, aseguró, permitirán mejorar la competitividad del mercado interno y beneficiar tanto a productores como a consumidores.
El Pacto Popular del Pueblo convocó para este viernes, a las 10:00 en El Alto, a una gran concentración para definir el “rumbo” de la candidatura de Andrónico Rodríguez.
El Pacto Popular del Pueblo convocó para este viernes, a las 10:00 en El Alto, a una gran concentración para definir el “rumbo” de la candidatura de Andrónico Rodríguez,luego de que la Alianza Popular, que postula a Rodríguez, retiró del Tribunal Supremo Electoral (TSE) las listas de candidatos presentadas la semana pasada.
En una conferencia de prensa, los dirigentes de sectores sociales que forman parte del Pacto Popular del Pueblo dieron lectura a un pronunciamiento en el que rechazaron la “injerencia” de la Justicia en las elecciones generales previstas para este 17 de agosto próximo.
Asimismo, “condenaron enérgicamente” las acciones de magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes, según sostuvieron, están abocados a “eliminar” candidatos mediante maniobras políticas.
La posición del Pacto Popular del Pueblo se da luego de que ayer la Sala Constitucional Primera de Beni concedió la tutela en una acción de cumplimiento a a Peter Beckhauser y ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciar un proceso sumario para determinar si cancela la personalidad jurídica del Movimiento Tercer Sistema (MTS), que es parte de la Alianza Popular que postula a Rodríguez.
Al respecto, el Pacto Popular del Pueblo demandó al TSE actuar con imparcialidad e independencia, con relación a otros órganos del Estado.
En este caso, el TSE debe tomar una decisión sobre la cancelación de la personalidad jurídica del MTS, debido a que habría incumplido el plazo de renovación de su directiva.
Asimismo, el Pacto Popular del Pueblo convocó a organizaciones sociales regionales, departamentales y nacionales a una “gran concentración” en el Arena Braniff de El Alto, este viernes, para tomar la decisión sobre el rumbo y destino de la candidatura de Rodríguez.
El senador Hilarión Mamani, afín al candidato Andrónico Rodríguez, advirtió este martes que el presidente del Senado tiene que cuidarse, ante las acusaciones y amenazas que recibe de los sectores “evistas”, que critican su candidatura.
“Sobre las declaraciones de la señora Juanita Ancieta (dirigente “evista”), del señor Loza (Leonardo) y del diputado Héctor Arce, son fuertes, queriendo inmiscuirlo en narcotráfico, en ilegales ilícitas (sic.), Andrónico tiene que cuidarse, cualquier cosa podría pasar con nuestro Andrónico y ellos serán enteramente responsables”, declaró a los medios.
La candidatura de Rodríguezaún se encuentra en suspenso debido dos acciones judiciales contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), la principal fuerza que conforma la Alianza Popular (AP), que postula a Rodríguez a la presidencia (tras la reciente resolución de una sala constitucional de Beni, el TSE debe definir el futuro del MTS, principal partido que integra AP).
“Andrónico le está haciendo caso a las bases, porque diferentes organizaciones sociales de los distintos departamentos lo han proclamado, no podemos aceptar estos atropellos, incluso le están acusando que está yendo con la extrema derecha, con Lucho Arce, jamás vamos a ir con la sigla robada”, añadió, refiriéndose al MAS.
Pacto Popular del Pueblo definirá este viernes el “rumbo” de la candidatura de Andrónico
El Pacto Popular del Pueblo convocó para este viernes, a las 10:00 en El Alto, a una gran concentración para definir el “rumbo” de la candidatura de Andrónico Rodríguez.
Es porque se está considerando exigir a todos los que quieran estudiar en el país a que se sometan a una auditoria profunda de redes sociales. La orden podría retrasar gravemente la tramitación de visas y perjudicar a las universidades, muchas de las cuales el magnate acusa de tener ideologías de extrema izquierda, que dependen en gran medida de los estudiantes extranjeros para sus ingresos.
En una fuerte ofensiva contra los alumnos internacionales y las universidades, más allá de Harvard, el gobierno de Donald Trump ordenó a las embajadas de EE.UU. en todo el mundo que suspendan las entrevistas para otorgar visas de estudiante, ya que buscan una revisión más estricta de los perfiles de redes sociales de los solicitantes.
La directiva, reportada inicialmente por Político, fue presentada en un cable enviado por el secretario de Estado Marco Rubio a diplomáticos de todo el mundo este martes.
Representa el más reciente esfuerzo del gobierno para restringir la entrada de estudiantes extranjeros a universidades estadounidenses, con el argumento de que los alumnos internacionales podrían amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos o promover el antisemitismo.
“Con efecto inmediato, en preparación para una expansión de la revisión y verificación obligatorias de redes sociales, las secciones consulares no deben añadir más citas para visas de estudiante o visitante de intercambio (F, M y J) hasta que se emitan nuevas directrices”, escribió Rubio. Aparentemente las entrevistas que ya estaban programadas se mantendrán.
Añadió que se espera que estas directrices se publiquen en los próximos días. La orden podría retrasar gravemente la tramitación de visas y perjudicar a las universidades —muchas de las cuales el presidente Trump acusa de tener ideologías de extrema izquierda— que dependen en gran medida de los estudiantes extranjeros para sus ingresos.
Este congelamiento es una nueva intensificación de las medidas de verificación actuales, dirigidas principalmente a los estudiantes que participaron en protestas pro-palestinas en los campus.
Desde marzo, los funcionarios consulares deben realizar revisiones obligatorias en redes sociales en busca de evidencia de apoyo a «actividades terroristas u organizaciones terroristas», que podría ser tan amplia como mostrar apoyo a la causa palestina, según un cable obtenido por The Guardian.
Gaza, en el centro del conflicto
Esta directiva exige a los funcionarios tomar capturas de pantalla de contenido «potencialmente despectivo» para su registro permanente, incluso si las publicaciones se eliminaban posteriormente.
La nueva ampliación aplicaría la revisión de redes sociales a todos los solicitantes de visas de estudiante, no solo a aquellos marcados por activismo. Bajo el proceso de revisión, los funcionarios consulares examinarían las publicaciones y comentarios de los solicitantes en plataformas como Instagram, X y TikTok en busca de contenido que consideren una amenaza para la seguridad nacional, lo cual desde entonces se ha vinculado a la postura de la administración Trump sobre la guerra en Gaza.
La iniciativa anunciada este martes comenzaba a generar un fuerte impacto en los campus estadounidenses, que suelen alimentarse de los mejores alumnos y profesores internacionales. Muchos de ellos luego se quedan en EE.UU. para proseguir con sus investigaciones.
Stephen Yale-Loehr, profesor de Derecho de la Universidad de Cornell y abogado especializado en inmigración, dijo a Clarín que “la suspensión de las solicitudes de visas de estudiante por parte del Departamento de Estado es el último frente en la guerra de la administración Trump contra los estudiantes internacionales».
Agregó que «estas medidas incluyen la detención de algunos estudiantes extranjeros, la revocación de visas o estatus migratorio a más de 1000 estudiantes internacionales, la eliminación de la capacidad de Harvard para aceptar estudiantes internacionales y la amenaza de eliminar la posibilidad de que los estudiantes del exterior trabajen en EE. UU. después de graduarse». «La combinación de estas medidas está alejando a los estudiantes internacionales de EE.UU.”, advirtió.
Un profesor de la Universidad de Georgetown, que prefirió que no se publicara su nombre, dijo a Clarín que la limitación de estudiantes extranjeros provocará “un impacto muy grande porque las universidades más prestigiosas de EE.UU. también tienen relevancia porque atraen alumnos de todo el mundo y después esos alumnos son profesionales o profesores que vuelven a enseñar a sus países de origen”.
Más allá del impacto económico que la ausencia de extranjeros puede generar en la universidad, señaló que hay áreas de estudio que se verían particularmente afectadas. Por ejemplo, “tener a rusos y ucranianos en un programa del Este de Europa es muy importante para todo el curso”, señaló. Dijo, además, que ya conoce casos de estudiantes que cambiaron su decisión y en vez de estudiar en EE.UU. se van a Canadá o a Australia.
Kareem Carr, estudiante de doctorado en estadística de Harvard, posteó en X: «No se equivoquen. Este es un evento de nivel de extinción para el dominio científico estadounidense». Y mencionó un índice de Nature que señala que Harvard es hoy la única universidad de EE.UU. en el top ten global de investigación. El resto son de China.
Rubio había anticipado nuevas restricciones en marzo después de que policías vestidos de civil arrestaran a la estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, Rümeysa Öztürk, frente a su domicilio. Öztürk, quien colaboró en la redacción de un artículo de opinión en apoyo a los gazatíes, fue posteriormente puesta en libertad bajo fianza mientras lucha contra una posible deportación.
«Si solicita una visa para entrar a Estados Unidos como estudiante, y nos dice que la razón por la que viene no es solo para escribir artículos de opinión, sino para participar en movimientos que vandalizan universidades, acosan a estudiantes, se apoderan de edificios y generan disturbios, no le daremos una visa», declaró Rubio en aquel momento.
La medida de este martes se produce días después de que el Ministerio de Seguridad Nacional (DHS) intentara impedir la matriculación de estudiantes internacionales en la Universidad de Harvard la semana pasada, una iniciativa que fue rápidamente detenida por un juez federal el viernes. El gobierno también está tomando medidas para cancelar todos los contratos federales restantes con Harvard, que suman unos 100 millones de dólares, y el lunes Trump amenazó con desviar miles de millones de dólares en subvenciones de la universidad.
Rubio informó a los senadores la semana pasada que su departamento ha revocado visas por «probablemente miles en este momento», en comparación con las más de 300 reportadas en marzo. «Desconozco el recuento más reciente, pero probablemente tengamos más trabajo por hacer», afirmó.
Hay más de un millón de estudiantes extranjeros en Estados Unidos, que aportan casi 43.800 millones de dólares a la economía estadounidense y generan más de 378.000 empleos entre 2023 y 2024, según la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA, por sus siglas en inglés).
Los convenios con el centro educativo alcanzan los 100 millones de dólares. El presidente ya prohibió la semana pasada las matriculaciones de estudiantes internacionales.
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, cancelará todos los contratos federales con la Universidad de Harvard, cuyo importe, según la prensa, alcanza los 100 millones de dólares. Se trata de un paso más en la estrategia de presión que el dirigente mantiene contra el prestigioso centro educativo para que se pliegue a sus exigencias políticas e ideológicas.
El Gobierno ha asegurado que enviará una carta a las agencias federales en las que se ordena que revisen sus contratos, rescindan los que no sean cruciales y los transfieran a otros proveedores en caso de ser necesario. El escrito cita preocupaciones sobre discriminación racial en las admisiones, supuestas prácticas de contratación discriminatorias y falta de protección a los estudiantes judíos frente el acoso. La carta eleva la presión contra Harvard después de que la semana pasada Trump prohibiese al centro las matriculaciones de estudiantes internacionales, una medida que por el momento ha sido paralizada por la Justicia.
El argumento, recogido en esa misiva, es que la universidad discrimina a los alumnos blancos mediante matriculaciones a más afroamericanos o hispanos y que no garantiza, según el Gobierno de Trump, la seguridad de los alumnos judíos al permitir manifestaciones propalestinas. La carta también acusa a la universidad de prácticas discriminatorias a la hora de hacer contrataciones y de la falta de protección ante supuestos acosos a estudiantes judíos.
En redes sociales, Trump ha vuelto a acusar a Harvard de fomentar el «antisemitismo» y ha propuesto redirigir los fondos para impulsar la educación en oficios, describiendo la medida como una «gran inversión» urgente para el país.
Trump asegura que ganará el duelo
El lunes, el presidente aseguró que «ganaría» este duelo con la que es posiblemente la universidad más famosa del mundo y también la más culturalmente influyente de Estados Unidos.
Desde el mes pasado, la Administración ha congelado aproximadamente 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos con la universidad, además de intentar bloquear su capacidad para inscribir a estudiantes internacionales, una medida a la que la institución se ha resistido. Estas acciones forman parte de la estrategia de Trump para presionar al centro académico a ceder ante sus demandas, ya que este se opone firmemente a que el Gobierno intervenga en los procesos de admisión y contratación.
En otra publicación, Trump afirmó que el Gobierno aún estaba esperando a que la universidad presentara la información de los estudiantes internacionales, y que Harvard estaba siendo «muy lenta» en presentar estos documentos.
La Administración Trump ha tomado medidas para congelar la financiación y bloquear la capacidad de Harvard para matricular estudiantes internacionales. La Casa Blanca ha enmarcado como una batalla por los derechos civiles, acusando a la universidad de sesgo liberal, prácticas ilegales de admisión racial y tolerancia al antisemitismo.
Harvard es la universidad más antigua y rica de Estados Unidos, con una dotación de 53.000 millones de dólares estadounidenses. Actualmente acoge a casi 6.800 estudiantes internacionales de más de 140 países. Según datos de la universidad, en el semestre de otoño de 2023 los estudiantes internacionales representaban más del 27% de la población estudiantil total.
El presidente de Harvard ve «desconcertante» la política de Trump
Por el momento, la universidad no ha respondido a la nueva medida de Trump, que ha sido adelantada por los medios estadounidenses. Sin embargo, el presidente de Harvard, Alan Garber, ha asegurado que, aunque hay problemas en el campus que deben ser abordados, el corte de los fondos es una decisión «desconcertante».
«El Gobierno federal está diciendo que tenemos que abordar el antisemitismo en particular, pero también asegura que nos falta diversidad en nuestro punto de vista. Hemos sido muy claros y hemos reconocido que hay problemas, y hago un énfasis particular en los discursos. Creemos que es un problema real que los estudiantes no puedan expresarse libremente o que los profesores sientan que tienen que pensarse dos veces los temas sobre los que enseñan», ha reflexionado en una entrevista concedida a la cadena NPR.
Garber también ha cargado contra la congelación de fondos anunciada en abril antes de la cancelación de todas las subvenciones que planea el Gobierno. «¿Para qué cortar los fondos de investigación? Claro que perjudica a Harvard, pero perjudica más al país porque, al final, los fondos de investigación no son un regalo», ha lamentado.
