«Podríamos ver un cierre masivo de empresas en las próximas semanas. El escenario es extremadamente peligroso”, alertó el director ejecutivo de los Empresarios Privados de El Alto, Héctor Antonio Uriarte.
El director ejecutivo de los Empresarios Privados de El Alto, Héctor Antonio Uriarte, manifestó su preocupación por la creciente inestabilidad económica que enfrenta el país, particularmente por la escasez de dólares y la inseguridad jurídica que limita el funcionamiento del sector productivo.
En contacto con radio Panamericana, Uriarte afirmó que las restricciones cambiarias están poniendo en riesgo la sostenibilidad de cientos de empresas que dependen de divisas para la importación de insumos y el cumplimiento de compromisos financieros. Advirtió que la situación no afecta únicamente a El Alto, sino a todo el país.
“Si el gobierno no actúa con medidas urgentes para estabilizar el dólar, podríamos ver un cierre masivo de empresas en las próximas semanas. El escenario es extremadamente peligroso”, alertó el representante empresarial.
El sector privado ha venido expresando reiteradamente su malestar por la falta de respuesta efectiva por parte del Ejecutivo ante el deterioro del entorno económico. En este contexto, los empresarios alteños hacen un llamado al diálogo, pero también a la acción inmediata, antes de que la crisis se torne irreversible.
“La única alternativa al ajuste es una crisis aún más profunda, con consecuencias económicas y sociales devastadoras”, alerta al sostener que aplicar ajustes requerirá un entorno de estabilidad política y consenso social.
Reducir el déficit fiscal del 10,9% actual al 3,7% es posible en un plazo de tres a cinco años, explica la Fundación Milenio en su Plan Bicentenario, y añade que superar la crisis sólo será posible con austeridad y sacrificio y con un entorno de estabilidad política y consenso social, de lo contrario, el ajuste económico será inviable.
Además se requiere del apoyo financiero externo (prestamos de organismos internacionales). Se estima que con estas medidas se lograría estabilizar la economía y generar condiciones para una “revolución exportadora” que dinamice el crecimiento.
Sin embargo, los autores del plan —entre ellos los economistas Henry Oporto, Luis Carlos Jemio y Mauricio Medinaceli— reconocen que las medidas conllevan “austeridad y sacrificio”. En su diagnóstico, la única alternativa al ajuste es una crisis aún más profunda, con consecuencias económicas y sociales devastadoras.
Subsidio a combustibles debe concluir en dos años
El Plan Bicentenario elaborado por la Fundación Milenio para enfrentar y superar la crisis económica propone entre varias medidas de “ajuste profundo” la eliminación gradual del subsidio a los combustibles, para ello debería subirse progresivamente el precio de los combustibles hasta equipararlos con el valor internacional en un plazo de dos años.
El subsidio actual, que alcanza los 1.788 millones de dólares anuales, será reemplazado por una compensación directa a las familias más vulnerables, sugiere Milenio.
El BCB debe recuperar su independencia
La Fundación Jubileo enfatiza que los recortes deben ir acompañados de una reforma institucional que recupere la independencia del Banco Central de Bolivia (BCB) y cree un marco de gobernabilidad democrática.
El “Plan Bicentenario”, elaborado por la Fundación Jubileo con apoyo de expertos independientes, no cuenta aún con respaldo oficial, pero pretende ser una hoja de ruta para el próximo gobierno. “No anuncia milagros”, aclaran sus autores, “pero sí delinea un rumbo nítido: disciplina hoy para crecer mañana”.
Con ese recorte se ahorrará 1.685 millones de bolivianos anuales. El gasto en salarios del sector público llegó a $us 6.500 millones de dólares en 2023 (15% del PIB), creció por clientelismo político más que por eficiencia en la provisión de servicios. Se plantea reducir ministerios de 17 a 11, cerrar o fusionar empresas estatales deficitarias, eliminar entidades descentralizadas no esenciales.
Fuente: ANF
La Paz.- La Fundación Milenio presentó el pasado 20 de mayo el “Plan Bicentenario: Para vencer la crisis y construir el futuro”, una ambiciosa propuesta de reestructuración económica que incluye un “ajuste profundo” en el aparato estatal. El plan contempla el despido de al menos 19.125 funcionarios públicos como parte de una estrategia de racionalización del gasto para superar el déficit fiscal que aqueja a Bolivia desde hace más de una década.
La medida forma parte del “Programa de Estabilización Económica”, descrito en el capítulo II del documento, que busca enfrentar lo que los autores califican como una “crisis de balanza de pagos de primera generación”, con un déficit fiscal superior al 10% del PIB y reservas internacionales que han caído a niveles críticos. Solo 46,8 millones de dólares están disponibles como divisas líquidas, según el informe.
El gasto en salarios del sector público, que alcanzó los 6.500 millones de dólares en 2023 (15% del PIB), es uno de los principales objetivos del recorte. La Fundación Milenio sostiene que este gasto ha crecido por razones de clientelismo político más que por eficiencia en la provisión de servicios, lo que ha llevado a un sobredimensionamiento del aparato estatal.
La reestructuración contempla una reducción del número de ministerios de 17 a 11, el cierre o fusión de empresas estatales deficitarias y la eliminación de entidades descentralizadas que no cumplen funciones esenciales. Estas acciones, según el Plan Bicentenario, permitirían un ahorro fiscal de al menos 1.685 millones de bolivianos anuales, equivalentes al 0,5% del PIB.
El plan propone además la creación de una regla fiscal y un sistema de presupuesto por resultados que permita medir el impacto de cada gasto público. La meta es pasar de un Estado sobredimensionado y poco eficiente a uno más pequeño, focalizado y orientado al desarrollo sostenible.
Aunque el documento no especifica el cronograma exacto para los despidos, sí remarca la urgencia de iniciar el ajuste cuanto antes, argumentando que “la falta de decisiones correctivas solo puede agudizar los problemas”.
El ministro de Justicia, César Siles, pidió al candidato y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que convoque a una sesión para aprobar la ley de resguardo del principio de preclusión. El objetivo, según la autoridad, es garantizar las elecciones generales frente a las acciones judiciales contra las organizaciones políticas participantes.
“Exhortamos a la Cámara de Senadores a pronunciarse ahora. No nos cuesta nada convocar a una sesión de la Cámara de Senadores y aprobar este proyecto, para garantizar y blindar las Elecciones Generales del 17 de agosto”, insistió Siles, en una entrevista con Bolivia Tv.
El 15 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 428/2024-2025 “de modificación a las leyes N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, de 16 de junio de 2010, y N° 026 del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010”. El objetivo es garantizar el principio de preclusión para los procesos electorales.
La norma, compuesta por tres artículos y una disposición única, fue remitida al Senado para su respectivo tratamiento. Sin embargo, hasta este jueves, Rodríguez, quien aspira a ser candidato presidencial, no viabilizó su tratamiento.
“Están haciendo campañas por Samuel y Tuto y no han asegurado la elección de los bolivianos. Es lamentable que parlamentarios estén priorizando una campaña y no cumpliendo con su trabajo”, observó, a su vez, la diputada opositora Alejandra Camargo.
En los últimos días se presentaron, al menos, 10 acciones constitucionales contra el Órgano Electoral, principalmente dirigidas a anular partidos y asociaciones políticas. Esto, consideran oficialistas y opositores, puede amenazar el normal desarrollo de las elecciones.
Por otro lado, Siles exhortó a las autoridades judiciales a “no convertirse en mercenarios de la justicia, al contrario, garanticen también ustedes, pongan su granito de arena, para que se realicen las elecciones generales el 17 de agosto y hagan lo correcto en el marco del Estado Constitucional de Derecho”.
Largas filas de vehículos se extienden en diferentes estaciones de servicio, donde decenas de conductores deben esperar muchas horas para lograr su objetivo. ¿Reclamos?, llame a la ANH, dicen en las gasolineras.
En Cochabamba, las estaciones de servicio de venta de combustibles para vehículos colocaron avisos donde señalan los tres requisitos de venta de los mismos. Primero se advierte que no hay venta en bidones, la segunda condición es que los motorizados deben tener las dos placas puestas con pernos, y el tercero que el límite de carga para autos que tienen gas natural vehicular (GNV) es de Bs 150.
Largas filas de vehículos se extienden en diferentes surtidores de la ciudad de Cochabamba, donde decenas de conductores deben esperar muchas horas, entre el frío de la noche y el sol de mediodía; estaciones de servicio publicaron requisitos para la carga de gasolina.
Un surtidor está ubicado en la Av. Circunvalación, cerca de la Av. Atahuallpa, colocó en una pequeña pizarra una serie de requisitos, asegurando que solo siguen órdenes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En el lugar, un motociclista contó que esperó 10 horas en la fila para cargar 50 bolivianos.
Asimismo, se solicita que las motos tengan tarjeta B-Sisa y los autos, la etiqueta B-Sisa. Del mismo modo, se afirma que se dará prioridad a ambulancias y policías.
Por otro lado, informan que las estaciones autorizadas para la venta en bidón son «Cochabamba Central», «Las Islas», «Paraje 24/7» y «City Truck».
Finalmente, piden que, ante cualquier reclamo, llamen al número de la ANH 200-10-6006.
Tras la aprehensión del mayor Gabriel Jesús S. H., el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que se investiga los vínculos que tenía este exjefe policial con uno de los cabecillas del Primer Comando de la Capital (PCC), Marcos Roberto Almeida, alias «Tuta».
«Si se corrobora que tenía vínculos, se va a sancionar con todo el peso de la ley, porque esta clase de elementos lo que hacen es dañar la imagen de la Policía Boliviana. Además, se va a iniciar un proceso disciplinario», afirmó Mamani.
La autoridad afirmó que este tipo de actos «manchan la imagen de la Policía».
«Nosotros hemos sancionado con todo el peso de la ley a policías identificados. En caso que se evidencie algún delito, se va a sancionar con todo el peso de la ley», señaló.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas también informó que aún se está a la espera de confirmar si otros efectivos policiales están implicados. Además, confirmó que personal del Servicio General de Identificación Personal (Segip) ha sido citado a declarar.
El Tigre, que ganaba 0-1 hasta el minuto 89, dejó escapar la chance de sumar tres puntos en la Copa de la División Profesional. Los dirigidos por Carlos Bustos terminaron el partido con 9 hombres.
The Strongest perdió la oportunidad de sumar su segunda victoria en la Copa de la División Profesional tras un empate agónico por parte de Totora Real Oruro (1-1), que impidió el festejo de los aurinegros en el estadio Jesús Bermúdez.
El equipo paceño se puso en ventaja en el marcador a través del argentino Martín Chiatti a los 66 minutos del partido, pero a los 89’ Ricardo Orihuela marcó el 1-1 definitivo a favor del cuadro local.
El Tigre jugó gran parte del compromiso con 10 hombres por la expulsión de Dilan Saavedra y, en el segundo tiempo, los dirigidos por Carlos Bustos terminaron el duelo con otra expulsión tras la roja que vio Adrián Jusino (54’).
Con el empate, The Strongest sigue liderando el Grupo B de la Copa de la División Profesional, pero con cuatro puntos. Totora Real Oruro se queda con dos unidades.
Con el objetivo de insistir en la inscripción de Evo Morales como candidato a la presidencia, los evistas volverán a marchar en La Paz. La movilización también será en contra de la crisis económica que atraviesa el país.
«El gobierno traidor viene utilizando un nuevo método judicial denominado «Lawfare o Guerra Jurídica», con la única finalidad de impedir o proscribir de la vida política a nuestro líder nato e indiscutible Evo Morales Ayma», reza parte del comunicado.
Con ese fin, los seguidores de Morales convocaron para una marcha que se realizará el lunes 26 de mayo. Según el documento, se concentrará en la avenida Montes a las 10.00. Se ordena a los participantes portar whipalas y tricolores.
Los seguidores del dirigente cocalero indicaron que Morales «se encuentra plenamente habilitado», pese a que un referéndum, realizado en 2016, la Constitución y el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmaron que no lo está.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) sostiene que la salida a la crisis de Bolivia no vendrá con confrontación, sino con propuestas viables. Esa institución religiosa pidió a las autoridades, líderes sociales y políticos dejar de lado los intereses personales o partidarios y trabajar por un proyecto del bien común.
“Creemos firmemente que la salida a esta crisis no vendrá de la confrontación, sino de propuestas viables. Necesitamos una visión de país que nos saque de esta situación con soluciones estructurales, sostenibles y participativas”, se lee en un comunicado que emitió la CEB.
En ese documento, se exhorta a las autoridades, a los líderes sociales y a todos los actores políticos “a dejar de lado los intereses personales o partidarios y trabajar por un proyecto del bien común de la nación”.
La CEB indica que se manifiesta para expresar su profunda preocupación ante la situación que atraviesa el país. “En estos días marcados por una creciente tensión social, queremos hacer un llamado a los actores políticos a tomar conciencia, responsabilidad y el compromiso con el bien común”, expresó.
En una audiencia de proceso abreviado, se sentenció a dos años de cárcel a Aníbal Aguilar, el civil señalado por el Gobierno de ser el “ideólogo” de la toma militar de la plaza Murillo, ocurrido el 26 de junio de 2024.
El fiscal del caso Omar Mejillones indicó que la determinación fue dictada por los delitos de terrorismo y alzamiento armado en grado de complicidad, según Erbol. Señaló que desconoce si Aguilar permanece en prisión o ya fue liberado, debido a que la pena es menor y el sentenciado puede obtener suspensión condicional de la condena.
A finales de junio del año pasado, Aguilar fue aprehendido y presentado por el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como el “asesor” e “ideólogo central” de la acción militar dirigido por el excomandante del Ejército general Juan José Zúñiga en la plaza Murillo.
Aguilar fue asesor del Ministerio de Defensa hasta el día en que sucedieron los hechos en plaza Murillo.
Es necesario que se lleve adelante un proceso investigativo/judicial con todas las garantías de transparencia, imparcialidad y sin injerencia del poder Ejecutivo, evitando, además, la politización del caso por la coyuntura electoral, demanda la mencionada fundación.
Cuadros: CONNECTAS
Fuente: eju.tv
“El país espera respuestas de las partes e instituciones involucradas, además del Poder Ejecutivo en general”, señaló hoy en un pronunciamiento institucional la Fundación Tierra al referirse a un reportaje realizado por una alianza de medios internacionales liderada por CONNECTAS en el cual se revela que Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, con apenas 25 años de edad compró en 2021, en un lugar privilegiado de Santa Cruz la propiedad “Adán y Eva” por USD 3,3 millones, pero además se procedió al desmonte de un considerado “paraíso terrenal” para cultivos extensivos de maíz y soya, pese a pertenecer a una zona de bosque de conservación y uso sostenible de la tierra.
Esta transacción en un lugar privilegiado de Santa Cruz, el departamento más extenso y productivo de Bolivia, se concretó en 2021, un año y medio después de que el hijo del presidente dejara de ser funcionario público, cita el mencionado reportaje.
Investigación sin injerencia del gobierno, ni electoralización
La Fundación Tierra también pide “se realice una investigación sin injerencia política puesto que, al tratarse de un caso con posibles conflictos de interés de alto perfil, es necesario que se lleve adelante dentro de un proceso investigativo/judicial con todas las garantías de transparencia, imparcialidad y sin injerencia del poder Ejecutivo, evitando, además, la politización del caso por la coyuntura electoral”.
“Un pronunciamiento oficial en este sentido sería una señal política de suma importancia para Bolivia”, añade en referencia a que las instituciones involucradas no interfieran ni la investigación, ni la electoralicen.
Para esa fundación, la investigación es pertinente en el marco del respeto al Estado de Derecho y considerando la urgente necesidad de luchar contra los delitos agroambientales.
No es el único caso
Pero además señala que el caso del predio “Adán y Eva” debe ser el inicio de un proceso amplio de investigación y fiscalización nacional de las irregularidades y delitos agroambientales que están por detrás de las autorizaciones de asentamientos en tierras y bosques protegidos, titulaciones de predios empresariales con derechos de uso agrícolas que contravienen las normativas vigentes, aprobaciones de modificaciones de POP, permisos de desmontes y quemas, entre otros.
Grandes tierras, grandes inversiones
La Fundación Tierra precisa que el predio. “Adán y Eva” se encuentra entre los municipios de La Guardia y Cabezas del departamento de Santa Cruz, dentro de una zona de alto valor comercial para la expansión de monocultivos, por lo que los precios de mercado oscilan entre 2.000 y 3.500 dólares por hectárea.
“Además del valor de la transferencia, el desarrollo productivo de este tipo de propiedades requiere inversiones iguales o mayores por cada hectárea para cubrir los costos de desmonte, habilitación, siembra, uso de semillas transgénicas, agroquímicos, cosecha, almacenamiento y empleo de tecnología mecanizada”, señala el pronunciamiento al explicar que a los costos de adquisición de esas tierras, se deben añadir las inversiones para se las pueda cultivar.
Fundación Tierra, señal también que debe investigarse el cambio del uso del suelo, considerando que la propiedad está dentro de la categoría de Bosque de Conservación y Manejo sostenible.
Tras la presentación casi una decena de recursos judiciales contra organizaciones políticas, procesos que pondrían en riesgo los comicios generales, el TSE exhorta a jueces constitucionales a respetar las competencias del Órgano Electoral
Fuente: Brújula Digital
Luego de conocerse la presentación de cerca de una decena de recursos judiciales en contra de organizaciones políticas, procesos que pondrían en riesgo los comicios generales, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortaron a jueces constitucionales a respetar las competencias del Órgano Electoral.
“El TSE exhorta a las y los jueces constitucionales a actuar en apego de la Constitución Política del Estado y a respetar las competencias del Órgano Electoral Plurinacional”, se lee en el pronunciamiento que fue emitido la tarde de este jueves por el TSE.
En el documento, el TSE señala que en los últimos días se conoció la interposición de recursos legales en diferentes salas constitucionales del país, relacionados con las organizaciones políticas que se registraron ante el GTSE para participar en las elecciones generales.
En ese sentido, el TSE reafirma su compromiso de garantizar la realización de los comicios generales. Precisa que, actualmente, revisa los documentos presentados por los candidatos de las 10 organizaciones políticas habilitadas para las elecciones.
Anoche, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe informó que hay nueve demandas, entre acciones de cumplimiento, acciones de libertad y amparos constitucionales, en contra de diferentes alianzas y partidos políticos que cuentan con su habilitación para participar en los comicios generales.
“Tenemos este abanico (de demandas), como pipocas están emergiendo estas acciones legales que, sin duda alguna, están pretendiendo afectar este proceso electoral”, afirmó Tahuichi.
Estas demandas, añadió, “ponen en vilo a este proceso electoral, gracias a la dejadez de la Asamblea Legislativa”, que no aprobó el proyecto de ley de preclusión, el cual buscaba “blindar” estas elecciones generales.
Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del presidente Luis Arce, con apenas 25 años de edad compró el “Predio Empresarial y Agrícola Adán y Eva” de 2.187,8 hectáreas de superficie pagando más de tres millones de dólares.
Foto: Red UNO
Fuente: eju.tv
“El presidente y padre del nuevo rico, en su desesperación por impunidad, busca ser electo senador de La Paz”, afirmó la expresidenta Jeanine Añez en su cuenta X en referencia al hijo menor del primer mandatario, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, quien apenas teniendo 25 años de edad compró por 280.000 dólares de anticipo y un crédito bancario de más de 3.000.000 de dólares el “Predio Empresarial y Agrícola Adán y Eva”, que tiene una superficie de 2.187,8 hectáreas en el departamento de Santa Cruz el 11 de noviembre de 2021, un año después que su padre asumiera la presidencia de Bolivia.
“¿Cómo explica un joven que había trabajado como asistente en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) desde 2014, a los 18 años, su fortuna personal y su capacidad de pago para un crédito millonario?”, pregunta la ex presidenta.
“¿Dónde estaba la ABT y otras autoridades responsables de la “función social” de la tierra y la protección de los bosques cuando Rafael Ernesto Arce Mosqueira deforestó descontroladamente para siembra de soya y maíz?”, añadió Añez al referirse al hecho de que después que el hijo del presidente adquirió las 2.187,8 hectáreas de ese predio, luego, mediante un trámite exprés, recibió el visto bueno de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar los desmontes a casi mil hectáreas. Imágenes satelitales desvelan que entre 2022 y 2024 ya desaparecieron 479,46 hectáreas de bosque.
“¿Quiénes son los diligentes responsables de la construcción de un puente, con recursos del Estado, sobre el río para facilitarle el transporte a los mercados?”, es una tercera interrogante que plantea Añez.
Pero la expresidenta aclara que esas son sólo algunas muchas preguntas que nacen luego de conocerse públicamente un reportaje de investigación de la Plataforma Periodística para las Américas CONNECTAS, trabajo e investigación periodística que corroboró que las citadas tierras son de propiedad del hijo menor del presidente, pero para apropiarse de las mismas y proceder al desmonte forestal se cometieron varias otras irregularidades, de lo cual existirían pruebas documentadas.
“Otra prueba de la corrupción imperante en los gobiernos del MAS, a vista de todas su facciones que ahora se presentan en las elecciones pretendiendo engañar una vez más al pueblo boliviano que sufre la peor crisis económica, pierde su valioso tiempo en interminables filas por combustible y ve esfumarse el valor de sus magros ingresos frente a la imparable escalada de precios”, concluye Añez.
Frente Para la Victoria (FPV) informó que solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancele la personería jurídica de UN porque años atrás su candidato presidencial presuntamente dijo que la exministra Marianela Paco estaba haciendo méritos para ser «la peor ministra del gabinete» en la gestión del expresidente Evo Morales.
Fuente: eju.tv
“Rechazamos con indignación la judicialización de las elecciones a la que están entregados un grupo de personas con intereses oscuros y antidemocráticos, que recurren, sin vergüenza alguna, a argumentos falsos para impedir nuestra participación democrática”, respondió la presidenta de Unidad Nacional, Elizabeth Reyes a una denuncia por racismo que habría cometido el jefe esa organización, Samuel Doria Medina.
Fue el abogado Wilmer Vásquez, quien es asesor jurídico del Frente Para la Victoria (FPV), quien informó este miércoles que se solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancelar la personería jurídica de UN porque presuntamente su candidato presidencial dijo, años atrás, que la exministra Marianela Paco estaba haciendo méritos para ser la peor ministra del gabinete.
UN es parte de la alianza opositora Unidad que participará en los comicios del 17 de agosto de este año.
“Ni Unidad Nacional, ni sus dirigentes no han tenido nunca una sentencia en su contra por racismo y discriminación. Unidad Nacional siempre ha tenido una posición firme y respaldada en hechos en contra del racismo y la discriminación, que se expresa en sus estatutos y en el comportamiento de todos sus miembros”, añadió la presidenta de UN.
El abogado, que elevó el pedido al TSE, señaló que presuntamente el candidato presidencial dijo, años atrás, que la exministra Marianela Paco estaba haciendo méritos para ser la peor ministra del gabinete
El abogado Wilmer Vásquez, quien es asesor jurídico del Frente Para la Victoria (FPV), reportó este miércoles que se solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancelar la personería jurídica del partido Unidad Nacional (UN), organización que forma parte de la alianza Unidad en el proceso electoral que está en curso.
¿El motivo? Según el abogado, el líder de UN, Samuel Doria Medina, años atrás, incurrió en supuestos actos de discriminación al decir que la exministra Marianela Paco estaba haciendo méritos para ser la peor ministra del gabinete; sin embargo, no dio mayores detalles respecto a esto presunto episodio.
En septiembre de 2016, la entonces ministra Paco presentó una denuncia ante el Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y toda forma de discriminación por mensajes supuestamente racistas y discriminatorios divulgados mediante las redes sociales por Doria Medina y algunos opositores.
El precio del dólar paralelo registra un alza sostenida. Este miércoles, la cotización de venta en el mercado paralelo alcanzó los 17,50 bolivianos cuando el precio oficial es de 6,97 bolivianos.
Fuente: Brújula Digital
El precio del dólar paralelo registra un alza sostenida. Este miércoles, la cotización de venta en el mercado paralelo alcanzó los 17,50 bolivianos cuando el precio oficial es de 6,97 bolivianos.
El pasado 15 de mayo, la cotización más alta para la venta del dólar paralelo era de 17,30 bolivianos, mientras que el 13 de mayo se situaba en 15,60 bolivianos, lo que refleja un incremento constante de la divisa.
Brújula Digital visitó cuatro casas de cambio y consultó con cinco librecambistas ubicados en el centro paceño entre la San Francisco y Camacho y pudo corroborar el incremento de la divisa.
El dólar para la venta oscila entre los 17,30 y 17,50 bolivianos y para la compra tiene un precio de 17 bolivianos.
El tipo de cambio oficial según el Banco Central de Bolivia es de 6,96 bolivianos para la venta y 6,86 bolivianos para la compra.
Estos datos se refieren una diferencia del 151,44% para la venta y un 147,81% para la compra.
En el caso del Euro, el precio para la venta llega hasta los 19,50 bolivianos y 17 bolivianos para la compra. Según el BCB, cada unidad de euro debería tener un costo de 7,73 bolivianos.
Este martes, gremiales cerraron sus negocios en La Paz en protesta ante la situación económica del país. “La moneda boliviana ha muerto”, decía en uno de los muchos letreros que se vía en puestos de venta de la Calatayud.
Uno de ellos señalaba que, en 2022, el salario mínimo era de 2.250 bolivianos, lo que entonces equivalía a 323 dólares al tipo de cambio oficial. En cambio, aunque este año el salario mínimo incremento y es de 2.750 bolivianos, actualmente equivale a solo 157 dólares si se considera el tipo de cambio paralelo.
