Los movimientos policiales en esta jornada correspondieron a un habitual control de seguridad ciudadana, para combatir los delitos y el crimen organizado
No está preparado ningún operativo de desbloqueo en San Julián, en el departamento de Santa Cruz, por lo que el despliegue de policías responde a patrullajes de seguridad ciudadana en la capital cruceña y Cotoca y zonas aledañas, informó el subcomandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Franklin Villazón.
De esta forma descartó versiones que circulaban de un nuevo operativo de desbloqueo en San Julián, donde el fin de semana hubo resistencia a un operativo policial-militar que acabó con cuatro policías heridos por impactos de bala.
Los movimientos policiales en esta jornada correspondieron a un habitual control de seguridad ciudadana, para combatir los delitos y el crimen organizado, en el marco del Plan Halcón.
La Fiscalía solicitará seis meses de detención preventiva para el gerente comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Nelson Alejandro Mendoza, y para el gerente de YPFB Logística, Eddy Torrico, por la presunta compra y comercialización de gasolina desestabilizada o de mala calidad que provocó fallas mecánicas en miles de vehículos.
Ambos ejecutivos fueron aprehendidos en el marco de una investigación que busca establecer responsabilidades e identificar a los autores de la importación y distribución de este carburante. Por este mismo caso, ya se encuentra recluido con detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, el gerente de Productos Derivados e Industrialización, Carlos Alfredo Cuéllar.
Torrico y Mendoza fueron capturados el lunes y, luego de prestar sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público, resultaron imputados formalmente, por lo que permanecen en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
El fiscal del caso David Torrez informó que los aprehendidos son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
«La Fiscalía solicitará que Torrico cumpla la detención preventiva en el centro penitenciario de Palmasola, mientras que para Mendoza se pedirá la reclusión en el penal de San Pedro, en La Paz», explicó.
El proceso penal es impulsado por la diputada de oposición Lissa Claros (Alianza Libre) y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La distribución del combustible en mal estado provocó serios daños en los motores de miles de motorizados. Tras haber negado sistemáticamente la importación de este carburante, el gobierno del presidente Rodrigo Paz terminó por aceptar la situación y activó un seguro para resarcir los daños económicos de los propietarios afectados.
