Los 15 confinados de Pando irán a juicio abreviado.
Informe de Unasur servirá para acusar a ministros.
Rada pide informe a Policía sobre los hechos de Pando.
Juicios. Los 15 ex confinados, habrían firmado un memorial, presionados por funcionarios del Gobierno
El Deber
ANF. La Paz. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, negó que funcionarios de ese despacho hayan negociado o presionado a 15 ex confinados de Pando para que éstos se acojan a un juicio abreviado por los hechos violentos registrados en esa región a cambio de una pena mínima.
«He escuchado algunas versiones que a modo de transcendidos y rumores circulan, quiero decir que es absolutamente falso eso; la decisión de acogerse a un procedimiento abreviado, que está previsto en el nuevo Código de Procedimiento Penal, es una decisión personalísima», manifestó ayer el ministro.
Por lo tanto, acotó, quienes se acogieron a ese procedimiento tienen sus razones estrictamente muy personal y no corresponde hablar de ningún otro tipo de versiones que intenten involucrar a instituciones u organismos judiciales.
El abogado de los ex confinados de Pando, Carlos Frías, reveló que conoció información de fuentes policiales respecto a que dos funcionarios del Ministerio de Gobierno junto a un fiscal se hicieron presentes en celdas judiciales el 28 de noviembre para ofrecerles un negociación y hacerles firmar un memorial en el que aceptaban someterse a un proceso abreviado.
Según el abogado defensor, sus clientes fueron presionados por funcionarios gubernamentales que se aprovecharon de la situación en la que se encontraban y terminaron accediendo a sus propuestas.
Estos 15 pandinos que se declararon culpables del delito de asociación delictuosa deberán presentarse a una audiencia que fijó el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal para el 9 de diciembre en la que se considerará el procedimiento abreviado al que se acogieron.
Por otra parte, la defensa de los dirigentes tarijeños Felipe Alejandro Moza Segundo, Carlos Alberto Zeballos Arñez y Carlos Fernández Rodas, que llegaron el miércoles a La Paz, recusó al juez Róger Valverde, arguyendo una supuesta amistad entre los fiscales que investigan el caso. De ese modo Valverde pasó el caso a manos del juez noveno de Instrucción en lo Penal, Rolando Sarmiento, quien debe conocer el proceso mañana, aunque el abogado defensor, Eduardo Plaza, se reservó el derecho de una nueva impugnación contra esta autoridad.
Moza, Zeballos y Rodas están aprehendidos desde el miércoles en celdas de la Policía Judicial y no se vislumbra una solución a su problema por las acciones de la defensa, curiosamente, fue el pasado sábado cuando los procesos contra los ex confinados y otros dos dirigentes de Tarija fueron resueltos por los jueces de turno.
Informe servirá para acusar a Quintana
Los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez y de Tarija, Mario Cossío, utilizarán el informe de la Unasur y del Defensor del Pueblo para acusar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y ampliar la querella contra sus colegas de Defensa, Wálker San Miguel, y el de Gobierno, Alfredo Rada.
El representante legal de los prefectos, Alberto Morales, solicitó oficialmente a la Fiscalía General abrir investigación penal contra Quintana por estar presuntamente involucrado en la ejecución de un plan a partir de agosto en Cobija, la entrega de vehículos antes del 11 de septiembre, el uso de esos vehículos para el traslado de campesinos y armamento.
También está el haberse encomendado la ejecución del estado de sitio en Pando después de las muertes del 11 de septiembre, cuando esta función le correspondía al ministro de Gobierno o en su caso al de Defensa. /ANF
Rada pide informe a Policía sobre los hechos de Pando
INVESTIGACIÓN | El informe de la misión de Unasur sobre los sucesos de Pando será presentado en la Cumbre de Presidentes en Brasil, el 16 de diciembre próximo
Los miembros de la comisión de Unasur en el balcón de Palacio de Gobierno el martes pasado. | Abi
Los Tiempos
Agencias. Ante el anuncio de los prefectos opositores de que pedirán la ampliación de su querella penal por los sucesos violentos de Pando contra los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de Defensa, Walker San Miguel; el titular de Gobierno informó ayer que solicitó un informe «pormenorizado» sobre las acciones que desarrollaron los efectivos frente a los acontecimientos del 11 de septiembre pasado.
Los prefectos de Santa Cruz, Tarija y Beni, a través de su representante legal presentaron este jueves, ante la Fiscalía de la República, en Sucre, una querella contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y anunciaron la ampliación de la misma contra Rada y San Miguel, a base del informe presentado el martes pasado por la Comisión de la Unión de Naciones Sudamericana (Unasur) y del Defensor del Pueblo, en los que se concluye que los uniformados habrían incurrido en incumplimiento de deberes.
Según los opositores, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas, cuya actuación se cuestionada, se rigen por una cadena de mando única que pasa por los dos ministros titulares de cada área y que llega hasta el Capitán General de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que es el presidente de la República, Evo Morales.
Rada no quiso responder a estas implicaciones y se limitó a informar, que ya solicitó un informe al Comando General y que éste a su vez lo requerirá al de Pando sobre los hechos que se sucedieron en ese departamento.
Recordó que luego de los hechos luctuosos en esa región, el entonces comandante departamental, coronel Silvio Magarzo, fue relevado de sus funciones.
«Voy a esperar esos informes, una vez los tenga podré pronunciarme, veremos si ha habido una actuación adecuada de la Policía y por supuesto que también habrá toda la contribución de este Ministerio y del Comando General a la investigación que se está efectuando por la Fiscalía», manifestó al precisar que serán entregados al Ministerio Público.
La comisión de Unasur, en su informe que el miércoles entregó al presidente Evo Morales, señaló que en Pando hubo una «masacre» y una violación flagrante al derecho a la vida que dejó al menos 20 campesinos muertos y responsabilizó de esto a la Policía.
Según expuso Mattorollo, «…los cuadros superiores de la Policía incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque…».
Similar conclusión emitió el defensor del Pueblo Waldo Albarracín en su informe que entregó el pasado 29 de noviembre y en el que indica que «la Policía Nacional realizó acciones insuficientes sin extremar esfuerzos, omitiendo el cumplimiento de sus atribuciones y competencias consagradas en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía…».
Para el ministro Rada, el informe de Unasur «no es un sentencia» ni tiene un carácter vinculante, no obstante reconoció que contribuye al esclarecimiento de lo que ocurrió en Porvenir y otras poblaciones pandinas.
El titular de la comisión de Unasur, Rodolfo Mattarollo, anticipó que el informe entregado al presidente Morales el pasado martes, será analizado en la Cumbre de Presidentes que se realizará el 16 de diciembre próximo en Bahía de San Salvador, Brasil.
Mattarollo, en declaraciones a la agencia argentina Télam, indicó que «por decisión de la presidenta pro témpore de Unasur, Michelle Bachelet, se incluyó en la agenda de la reunión de mandatarios, el informe realizado por la comisión sobre lo sucedido en Pando, el 11 de septiembre último».
Gobierno niega presiones
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, por otra parte negó que funcionarios de ese despacho hayan negociado o presionado a 15 ex confinados de Pando para que éstos se acojan a un juicio abreviado -que se celebrará este 9 de diciembre- por los hechos violentos registrados en esa región a cambio de una pena mínima.
«He escuchado algunas versiones que a modo de transcendidos y rumores circulan, quiero decir que es absolutamente falso eso; la decisión de acogerse a un procedimiento abreviado que está previsto en el nuevo Código de Procedimiento Penal es una decisión personalísima», manifestó este viernes el Ministro.
Por lo tanto, acotó, quienes se acogieron a ese procedimiento tienen sus razones estrictamente personales y no corresponde hablar de ningún otro tipo de versiones que intentan involucrar a instituciones u organismos judiciales.
El abogado de los ex confinados de Pando, Carlos Frías, reveló que conoció información de fuentes policiales respecto a que dos funcionarios del Ministerio de Gobierno junto a un Fiscal se hicieron presentes en celdas judiciales el 28 de noviembre ofrecerles un negociación y hacerles firmar un memorial en el que aceptaban someterse a un proceso abreviado.
Según el abogado defensor, sus clientes fueron presionados por funcionarios gubernamentales que se aprovecharon de la situación en la que se encontraban y terminaron accediendo a sus propuestas.