Ofensiva. El oficialismo avanza en su estrategia para desmontar al Poder Judicial. Con mayoría del MAS, Eddy Fernández fue acusado por supuesta retardación de justicia en las causas abiertas por “febrero negro”, octubre de 2003 y las acusaciones de corrupción contra ex autoridades. La defensa y la oposición tildan el fallo de “golpista” e “inconstitucional”.
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia durante una reunión de evaluación. Ocurrió en febrero pasado (foto archivo La Prensa)
El MAS imputa a Fernández por retardación de justicia
La Prensa
Una comisión de Diputados se dio tres meses para indagar
La Comisión de Constitución de Diputados, controlada por el MAS, juzga a Eddy Fernández
La abogada del Presidente de la Suprema dijo que su cliente no recibió ninguna citación de la comisión.
El oficialismo imputó anoche en el Legislativo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, por el delito de retardación de justicia por tres procesos judiciales, entre ellos “octubre de 2003”, y se dio un plazo de tres meses para “profundizar” la investigación. La oposición acusó al MAS de iniciar el descabezamiento del Poder Judicial.
La decisión fue aprobada en un informe de la Comisión de Constitución de Diputados, presidida por René Martínez (MAS), con cuatro votos de los también masistas Félix García, Víctor Márquez, Milena Hinojosa y Vito Balcázar (suplente de José Pimentel). Los diputados de la opositora Podemos se abstuvieron de emitir su criterio, pero no abandonaron la sesión.
La parte resolutiva de ese informe dice que “se formaliza, imputación contra Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la comisión de delito, negación o retardación de justicia previsto en el artículo 177 del Código Penal, concorde al artículo 3 parágrafo 2 de la Ley 2445, delito cometido en el ejercicio de sus funciones”.
El podemista Bernardo Montenegro denunció ayer que el informe preliminar del Comité del Ministerio Público fue redactado sólo por su secretario, Jorge Silva (MAS), y lo invalidó como documento para iniciar un proceso contra Fernández. Además acusó a los masistas de querer “descabezar el Poder Judicial”.
Tres meses para indagar
El diputado Martínez (MAS) explicó que el Comité del Ministerio Público fue el encargado de elaborar el informe preliminar de la denuncia presentada el 30 de noviembre por el abogado de las víctimas de octubre de 2003, Rogelio Mayta, contra Fernández por retardación de justicia en tres procesos judiciales.
Uno de esos procesos es el juicio penal contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros por la muerte de más de 60 personas en octubre de 2003.
Los otros dos son: contra el ex ministro de Salud (en la segunda gestión presidencial de Hugo Banzer Suárez) Tonchy Marinkovic, por la presunta compra con sobreprecio de vacunas, y el ex prefecto de La Paz Luis Alberto “Chito” Valle, por la supuesta malversación de fondos públicos.
El mismo comité se encargará de proseguir con las indagaciones en un lapso de tres meses, tiempo en el que podrá convocar al Presidente de la Suprema y a la parte demandante. De acuerdo con el diputado Silva, el Comité del Ministerio Público aprobó la noche del martes un informe preliminar que recomendaba la apertura de un proceso contra Fernández por la “supuesta comisión del delito de retardación de justicia” y emitió una citación para que el Presidente de la Suprema presente su descargo en la sesión de la Comisión de Constitución de Diputados programada para las 18.30 de ayer.
Fernández no se presentó porque, de acuerdo con la versión de su representante legal, Audalia Zurita, no recibió el citatorio oficial. La abogada entregó un memorial redactado por su defendido, quien aseguró en ese documento haber tenido conocimiento de la convocatoria sólo por vía “extraoficial”.
Se habla de juicio a ex ministros
Los ex ministros y ex mandos militares del Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada podrían ser juzgados en tribunales de La Paz y El Alto de acceder la Corte Suprema a un pedido presentado en ese sentido por el Ministerio Público. El fiscal de recursos, Milton Mendoza, uno de los responsables de llevar adelante una investigación en el caso “octubre negro”, dijo que los frecuentes incidentes planteados por la defensa de los imputados puede demorar el inicio de las audiencias públicas, perjudicando el futuro del proceso.
Mendoza aclaró que esta figura se daría para aquellos ex funcionarios que no gozan de privilegio constitucional conforme a la nueva Carta Magna y que podrían ser procesados en la vía ordinaria, como es el caso de los ministros de Estado y jefes militares supuestamente implicados en la muerte de decenas de personas en septiembre y octubre de 2003 en La Paz.
No obstante, según el pedido de la Fiscalía, el ex Presidente de la República seguirá siendo juzgado ante la Corte Suprema debido a que se le reconocerán sus privilegios de ex gobernante inscritos en la nueva Carta Magna.
Repercusiones
Audalia Zurita
Abogada de Eddy Fernández
“La decisión de la comisión acerca de la imputación es ilegal. Queríamos conocer el informe del Comité del Ministerio Público, pero el diputado René Martínez lo impidió. Hoy (ayer) hemos considerado presentar un recurso de amparo constitucional ante la Corte de Distrito de Chuquisaca y hacer otras denuncias legales a instancias que están en análisis”.
Bernardo Wáyar
Colegio de Abogados
“La imputación no tiene fundamento jurídico, no refleja una conducta antijurídica por parte del Presidente de la Corte Suprema, ninguno de los tres hechos que se exponen son fundamentados, lo que es un requisito para dictar una resolución. Éste es un nuevo atropello al estado de derecho, porque la Corte ha dictado resoluciones que no le han gustado al Gobierno”.
Bernardo Montenegro
Podemos
“El oficialismo quiere descabezar el Poder Judicial para evitar que se impugnen leyes como el Código Electoral Transitorio, que se está tratando en el Senado. Tampoco quiere que sean enjuiciados los corruptos del MAS, como Santos Ramírez, que han dañado la economía del país y provocado el descalabro de la nacionalización de los hidrocarburos”.