Suxo dice que incurrió en uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
Las pesquisas del caso YPFB están paralizadas. Hoy es la audiencia de O’Connor.
Planta: éstas son las instalaciones de SIPSA, cuando todavía operaba. Actualmente sus tareas están paralizadas y los obreros impagos desde enero
Santos ordenó entregar equipos recalificadores de YPFB a SIPSA
La Prensa
Yacimientos utilizó las plantas recalificadoras de balones de GLP hasta el año 1998. Los trabajadores de la recalificadora se declararon en emergencia por estar impagos desde enero.
Mediante dos memorandos dirigidos a las gerencias nacionales de Planificación, Comercialización y Administativa-Financiera, Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ordenó entregar a la sociedad anónima mixta SIPSA equipos pertenecientes a la estatal para recalificar y reparar garrafas de gas licuado.
Ambos “memos” fueron firmados el 19 de septiembre, dos semanas después de que se constituyera Servicios e Industria Petrolera Sociedad Anónima (SIPSA), empresa a la que YPFB concedió el monopolio de la recalificación y reparación de garrafas y le entregara un taladro alquilado por Venezuela para la prospección de hidrocarburos.
El presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, anunció el miércoles de la semana pasada que esta empresa será disuelta por las irregularidades en su gestación.
La comunicación escrita dice: “De acuerdo a solicitud YPFB G-G 008/2008 de YPFB Servicios e Industria Petrolera, se instruye proceder con todos los trámites administrativos y legales para dar en administración los equipos y maquinarias de reparación, recalificación de garrafas de GLP, que se encuentran a cargo del Distrito Comercial Occidente en las ciudades de La Paz y Oruro, para el cumplimiento de la presente se deberá coordinar con las unidades correspondientes”.
Con similar tenor, Ramírez dispuso que se concediera en iguales condiciones la planta reparadora y recalificadora de envases para diez y 45 kilogramos de gas, equipos provenientes de la planta Qhora Qhora, Sucre.
La reparación y recalificación de garrafas es un proceso que permite la reutilización de éstas cuando han sufrido algún desperfecto a causa de su uso.
Consultada sobre este hecho, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo que Ramírez no podía disponer la entrega de esos activos a una sociedad anónima mixta.
Según el Código de Comercio vigente, una sociedad anónima mixta es una empresa privada. La ministra Suxo sostuvo que ese hecho puede ser tipificado como uso indebido de influencias, porque aprovechó su posición al frente de la empresa para dar esa orden, y conducta antieconómica, porque con su decisión se causaron daños al patrimonio del Estado.
YPFB utilizó los equipos de recalificación y reparación de garrafas hasta 1998, cuando el servicio pasó a manos de tres empresas privadas: Petroservis, Full Industry y Socoin S.R.L.
La Superintendencia de Hidrocarburos no renovó las licencias de estas empresas en marzo de 2008, aunque sus actividades, por orden de la estatal petrolera, fueron suspendidas unos meses antes.
Full Industry afrontó severos problemas con la estatal como consecuencia de que no pudo cumplir los compromisos asumidos con Yacimientos, e incluso sufrió algunos robos.
Finalmente fue adquirida en 216.000 dólares por la estatal. A fin de convertirla en una sociedad anónima, transfirió dos de 220 acciones, equivalentes aproximadamente al 1 por ciento del paquete, a Lucy Barbery y Nilda Domínguez, propietarias de la recalificadora privada, que se hallaba en una situación económica delicada.
Ésta es la quinta irregularidad que se descubre en la formación y funcionamiento de SIPSA: su constitución y entrega de dos acciones a dos particulares, la subida de tarifas por recalificación de garrafas autorizada por la Superintendencia del ramo, la omisión del pago del importe de las acciones para la entrada en labores de la sociedad anónima mixta y la contratación de 140 trabajadores sin contar con la debida certificación presupuestaria.
Entre septiembre del año pasado y enero de éste, SIPSA trabajó normalmente, pero desde hace un mes las operaciones están paralizadas por falta de insumos, y hasta la semana pasada unas 180.000 garrafas, tanto de diez como de 45 kilogramos, se almacenaban en instalaciones de la empresa sin que pudieran ser sometidas a reparación y no existe otra planta que realice esta tarea en el territorio nacional.
Funcionarios de la estatal temen que surjan problemas de abastecimiento en el futuro, no por la falta del energético, sino por la reducción de la cantidad de garrafas para su distribución a los consumidores.
Los trabajadores de esta empresa confirmaron la información del fiscal Edwin Sarmiento en sentido de que habían sido contratados para ser funcionarios de YPFB y que fueron destinados a esa empresa. El grupo de operarios se declaró en estado de emergencia, pues no perciben sus haberes desde enero, por lo que no descartan la posibilidad de declararse en huelga de hambre. Su protesta se dirige contra el presidente ejecutivo de Yacimientos, Carlos Villegas, a quien exigen, además, pintura y válvulas para la recalificación de los balones de gas licuado.
El anuncio de la disolución de SIPSA causa inquietud entre los dirigentes sindicales, quienes temen por el futuro de los equipos y maquinaria concedidos en administración a SIPSA.
Además, un representante de los trabajadores de la estatal cuestionó el hecho, a su turno, de que al haberse entregado activos del Estado a favor de un privado, exactamente tal como sucedió con la capitalización aprobada por el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre 1993 y 1997, las empresas estatales quedaron reducidas a condición residuales.
El artículo quinto del Decreto 28701, de nacionalización de los hidrocarburos, establece que “el Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país”.
Esta norma no fue acatada por Ramírez al confiar parte del patrimonio de la estatal para su explotación laboral a la sociedad anónima mixta.
A instancias del Ministerio de Transparencia, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación sobre el caso, cuya primera fase todavía no ha concluido.
Una de las primeras acciones de esta labor fue la intervención a las oficinas de la sociedad mixta en Santa Cruz de la Sierra.
A principios de abril, el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, comparecerá ante el Ministerio Público en condición de investigado o sospechoso por esta causa, por lo que deberá concurrir en compañía de un abogado defensor.
Ex Presidente de la estatal aún no asume defensa
Al no haber sido todavía notificado con la investigación abierta por el caso YPFB-SIPSA, Santos Ramírez no cuenta aún con un defensor para atenderlo en este caso abierto a instancias del Ministerio de Transparencia y Corrupción Institucional.
Una fuente de esa cartera refirió que el Ministerio Público evalúa todavía la información del tema, por lo que no hizo la notificación correspondiente para que Ramírez sea trasladado desde su celda en el penal de San Pedro a las oficinas del Ministerio Público con el fin de que preste sus declaraciones informativas.
El defensor de Ramírez, José Luis Paredes, explicó ayer que atiende al ex Presidente de la estatal petrolera exclusivamente por el caso Catler-Uniservice y no por la causa abierta a raíz de la formación de SIPSA; “aunque si me lo pide, tomaré el caso”.
Paredes sostuvo que mantiene contacto permanente con su cliente en la cárcel y que éste le comunicó su intención de no interferir en las investigaciones de los fiscales ni apurarlos porque desea que se descubra la verdad de los hechos.
“No le puedo decir cómo se siente mi cliente, porque cuando me entrevisto con él, nos referimos exclusivamente al proceso judicial, no le preguntó cómo está su salud o su condición anímica, aunque es obvio que nadie se siente bien en prisión”.
Paredes anunció que en cuanto el Fiscal reciba la declaración de la última persona implicada en el caso, solicitará la cesación de la detención preventiva, pues una de las causas esgrimidas por la juez Marcela Siles para ordenar su reclusión es que podía influir sobre los demás investigados o testigos para que le favorezcan con sus correspondientes testimonios.
Un allegado de Ramírez que forma parte de las filas del oficialismo, quien pidió reserva en torno a su identidad, informó: “Cuando Santos (Ramírez) se dio cuenta de que había problemas con SIPSA, ordenó que no se hiciera el pago”.
Pese a ello, el proceso de constitución de la empresa siguió su curso y la sociedad mixta recibió equipamiento de YPFB y funcionó durante unos cuatro meses hasta paralizar sus operaciones.
Al menos cinco irregularidades en la constitución de la sociedad
Al menos en cinco irregularidades se incurrió en la constitución y el funcionamiento de la firma YPFB Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA). El presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, indicó, el 12 de febrero, que las anomalías van desde la formación de la compañía, su manejo financiero y en los pasivos o deudas que se han contratado.
La empresa fue creada para llevar a cabo dos funciones. La primera era la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) y la segunda, prestar servicios de perforación petrolera.
SIPSA fue creado como sociedad anónima mixta entre el Estado y privados; sin embargo, llevaba el nombre de la estatal petrolera. Si iba a ser subsidiaria de YPFB, debió designarse sociedad anónima mixta.
La compañía se constituyó el 4 de septiembre de 2008, cuando la firma Full Industry S. A. cambió su denominación social por SIPSA. YPFB compró el cien por ciento de las acciones en 216.000 dólares, pero se entregó el 1 por ciento a dos particulares, las dos ex propietarias de la empresa adquirida.
Un allegado al ex presidente de YPFB Santos Ramírez aseguró que la estatal no pagó el importe comprometido por las acciones, pero la empresa se constituyó y comenzó a trabajar.
SIPSA incurrió en otra irregularidad al haber contratado a 140 funcionarios sin certificación presupuestaria.
Fuera de sus atribuciones, la Superintendencia de Hidrocarburos incrementó el precio para la recalificación de las garrafas entre 48 y 68,1 por ciento, cinco días después de la creación de YPFB-SIPSA, que quedó con el monopolio del servicio, y cuando la reguladora ya no tenía tuición para fijar costos de acuerdo con el Decreto Supremo 29066, ni había subido el precio de los insumos, tales como el bronce para las válvulas.
Un documento del 21 de marzo de 2007 establece que la reguladora podrá fijar estos parámetros sólo por un año más, hasta el 22 de marzo de 2008.
El ajuste beneficiaba directamente a SIPSA pues, de acuerdo con el acta de reunión de su directorio del 19 de septiembre, el gerente general Rogelio Ashimine obtuvo la autorización para firmar un contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 1,8 millones de dólares para hacer la recalificación y reparación de los balones de gas licuado.
La Prensa tuvo acceso a dos memorandos emitidos por Santos Ramírez a tres gerencias de la estatal petrolera el 19 de septiembre del año pasado, mediante los que se instruye la entrega de las plantas reparadoras de garrafas de Sucre, La Paz y Oruro a la sociedad mixta, por lo que el monopolio de esta actividad quedó en poder de una subsidiaria privada de la petrolera nacionalizada el 1 de mayo de 2006, en tanto que las dos competidoras no pudieron renovar su licencia de operaciones en marzo del año pasado.
Lito Gonella reclama sus pagos
Los 3,3 millones de dólares que la Asociación Accidental Catler-Uniservice recibió de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no se destinaron al pago del avance en la fabricación de las piezas para la planta separadora de líquidos, delegada a la subcontratista S.A. Lito Gonella e hijo I.C.F.I., y tampoco para construir infraestructura en el campo Río Grande, en Santa Cruz.
El representante en Bolivia de la empresa Lito Gonella, Juan Carlos De Ávila, informó que precisamente antes de que se descubrieran los hechos de corrupción en la estatal petrolera, a fines de enero, esa compañía debió cobrar 1,99 millones de dólares que corresponden al 35 por ciento del costo total establecido en el contrato respectivo que alcanza a 5,7 millones de dólares.
En Santa Cruz, de acuerdo con el informe del fiscal Edward Mollinedo, una comisión del Ministerio Público inspeccionó el 16 de marzo el avance de obras en el campo Río Grande, donde se debió instalar la planta separadora, sin embargo no se encontró “ni un ladrillo” puesto, pero el consorcio aclaró que no recibió la orden de proceder.
La Prensa trató de entrevistar al presidente de SICA Metalúrgica Argentina S.A., pero su secretaria informó que ayer era día feriado en ese país, por lo que no era posible encontrarlo en sus oficinas.
Catler-Uniservice firmó un contrato con YPFB el 14 de julio del año pasado para la construcción de la planta de extracción de gasolina natural y gas licuado de petróleo (GLP) a partir del gas natural.
El costo del proyecto se fijó en 86,3 millones de dólares, con los que se abrió una carta de crédito en el Commerce Bank, de Estados Unidos, para pagar a otra subcontratada, Gulsby Process System, por otras labores relacionadas. Pero también YPFB adelantó 3,3 millones en dos partidas, bajo el concepto de anticipo a la sociedad accidental. La primera se solicitó el 18 de noviembre y la segunda, el 15 de diciembre de 2008.
De Ávila explicó que entre fines de octubre y principios de noviembre de 2008 los ejecutivos de su compañía firmaron un contrato con Catler-Uniservice para proveerles los tanques móviles y estacionales que se acoplarían a la planta gasífera.
Lo que primero lograron, dijo, fue la adquisición del 45 por ciento del material destinado a la producción de estos elementos que, aseguró, es lo más difícil. “Las chapas son especiales y grandes, que en Argentina no se consiguen, se pueden comprar de Minas Gerais, Brasil, o en Europa. Son chapas establecidas conforme lo dice la ley, si no, no aguantarían porque son para formar tanques de alta presión”.
Explicó que de acuerdo con el contrato, debían entregar una boleta de garantía, que se presentó a Catler-Uniservice en enero y que se obtuvo del banco Bisa, “pero no recibimos la orden de proceder, porque estallaron los problemas que son conocidos por todos” a partir de la muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach.
Edictos para Ashimine
El ex gerente general de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (YPFB-SIPSA) Rogelio Ashimine será convocado por edictos publicados en medios de circulación nacional para que asista a declarar ante la Fiscalía por el caso Catler-Uniservice, pues cuando estalló el caso, el presidente Evo Morales ordenó su destitución.
Una fuente de la Fiscalía de Corrupción Pública confirmó la información.
En caso de que no se presente a prestar sus declaraciones informativas, se emitirá una orden de aprehensión.
Datos
SIPSA se constituyó el 4 de septiembre de 2008 sobre la base de Full Industry.
15 días más tarde recibió los equipos recalificadores pertenecientes a Yacimientos.
Sus labores están paralizadas desde hace un mes y nadie más cumple este trabajo.
Audiencia cautelar
La juez Marcela Siles presidirá esta tarde una audiencia cautelar contra cinco imputados.
La Fiscalía imputa a Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mc Galem y Fernando Córdoba.
Los tres ejecutivos de Catler-Uniservice son sindicados de organización criminal y cohecho.
Además a Gonzalo Aramayo y Javier Navia, todavía parientes políticos de Santos Ramírez.
Sobre ellos pesan acusaciones de los mismos delitos en grado de complicidad.
El Ministerio Público pedirá la detención preventiva de estas cinco personas.
Las pesquisas del caso YPFB están paralizadas
ACCIONES • La última intervención fue en Río Grande. Hoy es la audiencia de O’Connor.
La Razón
Desde hace una semana que el caso de Catler-Uniservice y los presuntos hechos de corrupción al interior de Yacimientos, que debían ser investigados por la comisión especial de fiscales, se hallan estancados.
El lunes 16 de marzo, representantes de la comisión fueron a constatar el avance de obra de la planta separadora de licuables, que debía ser construida en Río Grande, provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz.
Allí comprobaron que “no había ni un ladrillo” que denote el inicio de la obra. Entonces, los fiscales retornaron a la sede de gobierno y no informaron más sobre el tema. La defensa de los acusados alegó que una parte de la planta era construida en Estados Unidos y que, por lo tanto, no había ningún retraso.
La pasada semana, el defensor legal de Miguel O’Connor D’Arlach, Javier Camacho Pinto, informó que la audiencia de su cliente —donde también se procesaría a Gonzalo Aramayo, Javier Navía Doria Medina (familiares de la esposa de Santos Ramírez), Mario Cossío y Luis Fernando Córdova (colaboradores)— sería realizada hoy. El dato fue corroborado ayer por la jueza Décima de Instrucción en lo Penal, Marcel Siles, quien en un contacto telefónico afirmó que la audiencia estaba programada para hoy, pero no precisó la hora.
Luego del asesinato al empresario Jorge O’Connor D’Arlach, el 27 de enero, los fiscales tomaron declaraciones de implicados durante casi dos meses y no dejaron tregua a su trabajo ni al de los periodistas. Ese ritmo se detuvo notoriamente.
La Fiscalía logró el envío de tres implicados ante un juez. Ninguno, a excepción de Ramírez, recibió una detención preventiva sino sólo medidas sustitutivas.
Asimismo, en el transcurso de las pesquisas, la Fiscalía determinó que con la firma del contrato, el Estado había perdido 16,6 millones de dólares.
De ellos, 3,3 habían sido derivados a cuentas personales de O’Connor. Hace una semana, estas actividades se paralizaron y no se conoció más del caso.