Editorial El Diario
Las palabras del presidente Alan García en réplica a las de su homólogo Evo Morales, pronunciadas el Día del Mar, muestran la impresión que en el exterior se tiene sobre la flojedad o laxitud del Gobierno Nacional frente a la magna causa nacional de retorno al mar. Hay, pues, verdades que duelen: “Me parece que hace rato que Bolivia renunció a la salida al mar…porque no se ha vuelto a tratar eso firme, claramente con Chile…No han reclamado nada, de manera que me parece simplemente un deseo de participar en una discusión de a dos, a donde no ha sido invitada (Bolivia)”. La cancillería niega cualquier grado de omisión, pero parece que tiene poco que decir al respecto.
Seguramente en un mal momento de ánimo el Primer Mandatario volvió a criticar la gordura del Presidente Alan García, en expresión más que impropia y del respeto que a ese nivel se deben los jefes de Estado o aun entre miembros de menor jerarquía de dos o más naciones. Si tal expresión sería ofensiva entre contendientes políticos de un mismo país, tanto más lo será tratándose de un presidente extranjero. Bolivia y Perú son pueblos hermanados por vínculos históricos precolombinos y por afinidades étnicas que tradicionalmente han mantenido estrechas relaciones, habiendo sufrido juntos la agresión chilena. Sensiblemente la agresividad verbal del presidente Morales ha enturbiado tan recíproca amistad, desde su llegada al Gobierno.
Sin hacer un recuento, apoyó expresamente la candidatura de Ollanta Umala, con quien comparte lenguaje e ideas. Derrotado éste electoralmente por el actual mandatario peruano e invitado a la posesión de mando, lo primero que hizo fue visitar al candidato vencido, incurriendo en una descortesía alejada del protocolo más elemental. Episodios como este muestran a nuestros gobernantes como desconocedores de las sutilezas y habilidad necesaria para el manejo de las relaciones internacionales. Como referente no sólo tenemos al Perú, con los Estados Unidos las cosas subieron de tono. Fueron expulsados el embajador y otros miembros de su cuerpo diplomático. Inclusive Luiz Inácio da Silva, connotado amigo de Evo Morales, dijo que el Brasil en el tema gasífero estaba cerca de superar su dependencia del “mal humor” ajeno, en obvia referencia a su relación con Bolivia.
Es aconsejable renunciar al camino de la beligerancia con propios y extraños. El respeto no está reñido con la defensa de los intereses nacionales. Lo contrario conduce al aislamiento y a la pérdida de amistades que tarde o temprano serán necesarias. Las actitudes dignas distan mucho del insulto y nadie puede pretender originalidad haciendo gala de malacrianza. Tal vez lo hace algún mandatario del Caribe… Es comprensible que el Perú esté susceptible por su diferendo marítimo con Chile. Las palabras del Primer Mandatario equivalen a un apoyo indirecto a Santiago. Si como afirma el Canciller peruano, José García Belaunde, Bolivia fue notificada con bastante anterioridad, sus diplomáticos debían adelantarse a tratar con cada uno de los beligerantes para prevenir los derechos espectaticios que le asisten, en un tema necesariamente trilateral pero de alcance hemisférico, como ha sido reconocido.
Ahora la situación es delicada al verse nuestro país con las manos atadas ante la Corte Internacional de La Haya, al depender tanto de Chile como del Perú en su demanda marítima, pero lo recordamos de nuevo con el viejo refrán: “En la tardanza está el peligro”. Como recordó el presidente Alan García, “hace rato” que ni tirios ni troyanos se ocupan del tema y su voz se encuentra embargada. El Gobierno de Sánchez de Lozada casi renegó de nuestra magna causa, la presente Administración arrullada por los cantos de sirena desde el Mapocho y adormecida por la “mutua confianza”, no reacciona ni ante la sentencia del Ministro de la Presidencia de Chile: “El tema será bilateral de aquí a la eternidad…”. Sólo falta el responso.
Disputando soberanía al Estado
Los comunarios de Cohoni, en el departamento de La Paz, rechazaron con 36 contusos, 4 de ellos graves, y un herido de bala, la retoma de la mina Himalaya por el UTOP, dependiente de la Policía Nacional. Argumentaron que por disposición de la nueva Constitución “los recursos naturales pertenecen a los originarios”, quienes deben explotarlos y manejarlos, sin empresarios, “como dice (el presidente) Evo Morales”. Por su parte, la COR de El Alto dio un plazo perentorio de 30 días a 50 Organizaciones No Gubernamentales, para que le hagan una rendición de cuentas de los dineros que administran. Un ampliado examinará la situación para “aplaudirlas” o aplicarles “sanciones”, adelantando que no se dudará “en echarlas y tomar sus instalaciones”. El mismo ampliado definirá si procede o no la expulsión del comunicador Andrés Rojas de un canal televisivo católico, por supuestos agravios a dicha ciudad.
Por donde se mire las vías de hecho son contrarias al ordenamiento legal y están configurando un estado de caos y anarquía. Suponemos que no todos los pobladores de Cohoni se identifican con el atropello, ni con una “nacionalización” sin pies ni cabeza. Sin embargo, su concentración en gran número revela que están aleccionados por los dirigentes del sindicato agrario. Estos los necesitan para sus fines que, obviamente, son de lucro y de ascenso político. Ya se ha visto que la COR es un trampolín para idénticos fines políticos, preparando a los movimientos sociales para un estado de efervescencia permanente.
Todos conocen que los indicados sucesos de avasallamiento no son los únicos. Aunque la lista es larga, basta con recordar la toma violenta de la casa del ex presidente Víctor Hugo Cárdenas, similar hecho contra la ex diputada oficialista Marleny Paredes en Yungas, las ocupaciones de tierras en el Oriente a órdenes del dirigente Queso, sin que sean extraños los preparativos para desalojar a la Alcaldía de La Paz del Parque de Mallasa de esta ciudad, aduciendo derechos propietarios de la comunidad.
En el caso de la vivienda de Huatajata de la ex autoridad, los vecinos han decretado por sí mismos la “expropiación” del inmueble para destinarlo a un asilo de ancianos, vulnerando la Constitución y todo el procedimiento que señalan las leyes. Policías y fiscales están prohibidos de intentar cualquier investigación por decisión comunitaria, acatada de inmediato por dichos organismos. Ni qué decir de las órdenes de la COR en relación con las Organizaciones No Gubernamentales, sin haber recabado un requerimiento judicial que fundamente su exigencia como correspondería jurídicamente, al paso que la apropiación de la mina Himalaya no es otra cosa que un asalto con la agravante del uso de armas contra la institución del orden. En suma, vemos surgir poderes que le disputan soberanía al Estado, lo cual es sólo el inicio de lo que se puede esperar al amparo de los excesos de la nueva Constitución. A esta altura de los acontecimientos, es tiempo para que el Gobierno declare si estos hechos ha de condenarlos mediante la ley y la razón, a fin de otorgar mínimas garantías de respeto a las personas, a la propiedad y a las instituciones.
De lo contrario querrá decir que se ha impuesto una especie de soviets y de tribunales populares, cuya barbarie la humanidad sólo contempló en los inicios de la Revolución rusa de 1917. Los derechos ciudadanos no deben quedar a merced del autoritarismo de los ampliados y de los movimientos sociales. En lo que hace a El Alto, no es admisible que algunos dirigentes desvirtúen las esperanzas de que por ser la ciudad más joven del país sería un paradigma evolucionado de libertad responsable, de tolerancia y trabajo, proyectando una vida plena con los mejores ideales de paz y concordia. No perdemos la esperanza de que más pronto que tarde los alteños nos brinden una mejor imagen, renovada y constructiva.