El proceso de despenalización es a petición del Gobierno de Bolivia alegando que es un derecho de los pueblos indígenas. El Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) aprobó por consenso una decisión para iniciar en este sentido el proceso de enmienda de la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961.
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