El fiscal Soza presentó la acusación formal contra el ex dirigente cívico por el presunto delito de alzamiento armado, pero su abogado dijo que el Ministerio Público no tiene ninguna prueba y que está en duda la jurisdicción paceña en el caso.
Ref. Fotografia: EN LA MIRA • Branko Marinkovic y Rubén Costas son dos de los líderes señalados por el fiscal Soza.
EL DÍA
Soza identifica al ‘consejo supremo’ y acusa a Branko
El fiscal Marcelo Soza identificó ayer al llamado ‘consejo supremo’ que financiaba al supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa y presentó una imputación formal contra el ex presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, en un acto que su defensa califica de ilegal.
El representante del Ministerio Público señaló a la red Unitel que quienes pagaban los gastos de la presunta organización subversiva, además de Marinkovic, eran el ex prefecto Rubén Costas y ahora candidato a la reelección, el gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Mauricio Roca, el ahora senador por Convergencia y gerente de la CRE, Germán Antelo, y el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Eduardo Paz.
“El día de hoy se presentó ante la juez Séptimo de Instrucción Cautelar de La Paz, Betty Yañíquez, la imputación contra el señor Marinkovic por terrorismo y alzamiento armado”, dijo Soza.
La autoridad del Ministerio Público señaló que en las siguientes horas también presentará la imputación contra el militar jubilado Lucio Áñez y el ahora vicepresidente del Comité pro Santa Cruz y gerente de la Federación de Ganaderos, Guido Náyar, además de otras personalidades de Santa Cruz y en caso de que no se presenten a declarar en la Fiscalía de Distrito de La Paz se les librará mandamiento de apremio.
El caso se relaciona con el grupo comandado por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, abatido a tiros la madrugada del 16 de abril del año pasado en un operativo policial desarrollado en el hotel Las Américas. Junto a él murieron el rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Micheal Dwyer.
Sobre el tema, Erick Feifert, el abogado defensor de Marinkovic, aseguró que la imputación constituye una violación al debido proceso porque “el señor fiscal sabe muy bien que de acuerdo a fallos constitucionales no se puede imputar a nadie que no haya prestado sus declaraciones, según la sentencia constitucional 17/14/03R del 25 de noviembre del 2003”.
El jurista señaló que el cívico cruceño no ha declarado y alegó que la jurisdicción de La Paz no es competente porque el supuesto hecho se cometió en Santa Cruz y porque la Corte Suprema y la Sala Penal Primera de la Corte Superior declararon que el caso debe ventilarse en territorio cruceño.
“No puede ser que un fallo de la Corte Superior de Distrito de La Paz anule otro de la Corte Superior de Santa Cruz si ambas tienen la misma jerarquía”, dijo.
También se preguntó cómo es que el Gobierno tiene el don de ‘adivinación’ o es que lo prepararon todo pues con fecha 30 de marzo, presentó la querella el 14 de abril, al día siguiente fue el atentado a la casa del cardenal Terrazas y al siguiente el operativo en el hotel Las Américas. ED/Agencias
Abogados ven violación al derecho al juez natural
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, dijo que independientemente de cualquier investigación que pueda iniciar el Ministerio Público, se debe respetar el derecho de las personas al juez natural que significa ser procesado en el distrito donde supuestamente se cometió el hecho.
Dijo que el artículo 49 del Nuevo Código de Procedimiento Penal es claro cuando señala que el ciudadano tiene derecho a que sea en el lugar donde vive, donde pueden encontrar las pruebas donde debe ventilarse la causa, porque hacer lo contrario es colocar en un estado de indefensión a las personas.
Resulta violatorio a los derechos humanos trasladar a un ciudadano a otro distrito judicial porque implicará dejar a su familia y a su trabajo y de algo tendrá que vivir mientras enfrenta una acusación.
Rojas señaló que son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen y ese puede ser el caso de la juez paceña Betty Yañíquez.
Sobre el tema, la juez Betty Yañíquez negó estar siendo presionado políticamente y dijo que la defensa tiene derecho a plantear los recursos que crea correspondientes, en cuanto al derecho al juez natural, que ella los resolverá de acuerdo a ley.
Dijo que la resolución del 27 de agosto del 2008 de la Corte paceño anuló los actuados incluyendo el conflicto de competencia planteado por el juez Tapia Pachi.
Se amplía la investigación
Rózsa
El fiscal Marcelo Soza anunció que una vez radicado el expediente en la jurisdicción de La Paz retomará la investigación del caso de terrorismo y la citación de algunas personas que pueden contribuir ya sea como imputados o testigos a la nueva tipificación de alzamiento armado.
Señaló que en el transcurso de estas dos semanas anotarán preventivamente los bienes de quienes se han fugado del país para luego empezar con las convocatorias y estimó que en tres meses presentará las conclusiones.
Consultado sobre qué bases, teniendo en cuenta que uno de sus testigos clave, Ignacio Villa Vargas, ha desaparecido, Soza afirmó que también hay otras declaraciones, documentos, material informático, y pautas escritas por el propio Rózsa que se han acumulado.
Más implicados
Pedido • El fiscal Soza solicitó a la juez Yañíquez tomar el control jurisdiccional de estas personas que serán investigadas.
Nombres • Son Lindo Justiniano Roca, Uldemar Luigui Leñoz La Serna, Juan Carlos Santiesteban López, Hugo Vásquez Ortiz, Humberto Pinto Roca, Juan Pablo Paz Soria, José Eduardo Serrate, Óscar Castedo Cadario, Marcelo Antonio Aguilar Linares, Gary Julio Rado Araúz, Juan Carlos Egüez Rivera, Guillermo Capobianco Cruz, Marcelo Quevedo Camargo, Rodríguez Eduardo Virreira Suárez, y Pablo Humberto Costas Aguilera.