Frente común. Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez, Jorge Quiroga y Víctor Hugo Cárdenas acusan a Evo de propiciar juicios penales con jueces nombrados por él. Retroactividad, penas agravadas y restricciones a la defensa son sus razones. El MAS dice que la ley aún no fue aprobada y que los ex dignatarios se precipitan.
Cárdenas, Mesa, Quiroga y Rodríguez (de der a izq)
La Prensa
Ex mandatarios piden juicio imparcial y denuncian injusticia
Respuesta: El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), dijo que los ex dignatarios asumen una posición de culpabilidad al cuestionar Ley de Responsabilidades que se gesta en la Asamblea Legislativa.
Los ex presidentes Eduardo Rodríguez, Jorge Quiroga y Carlos Mesa y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas pidieron ayer ser juzgados por un tribunal imparcial y denunciaron que los juicios penales que promueve el Gobierno del presidente Evo Morales en su contra violan los derechos humanos y contravienen los principios básicos de la legislación nacional y de tratados internacionales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), dijo que con las observaciones al proyecto, los ex mandatarios se adelantaron y asumieron una posición de culpabilidad y que se prevé una respuesta oficial del Gobierno para hoy a las 08.15 en el Palacio.
Ésta es la primera vez que cuatro ex mandatarios aparecen para una declaración pública, en la que denunciaron que su acusador, en referencia a Morales, quiere enjuiciarlos con magistrados que él nombró.
Ayer en una declaración de prensa, exteriorizaron sus observaciones al proyecto de Ley de Juicio de Responsabilidades que fue aprobado el lunes en la Cámara de Diputados y que el Movimiento Al Socialismo impulsa para viabilizar juicios de privilegio y juicios ordinarios para el Presidente, Vicepresidente y miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y el Fiscal General.
Foto. Pronunciamiento: Rodríguez, Cárdenas, Quiroga y Mesa luego de la declaración de prensa realizada ayer
El documento señala: “Ninguno de nosotros pretende convertir esta denuncia en un proyecto político. Tampoco buscamos rehuir los cuestionamientos que se puedan hacer a las decisiones y acciones que llevamos a cabo cuando ejercimos funciones públicas. La justicia boliviana debe garantizar la búsqueda de la verdad, la transparencia e imparcialidad de los fallos, evitando la judicialización de la política, independientemente de circunstanciales resultados electorales”.
Estos procesos penales despertaron preocupación en la Comunidad Europea, que hizo conocer en una reunión con el titular de la Cámara Baja y en una segunda con el presidente Morales, según publicó el semanario Pulso. Además, La Prensa conoció que representantes de organismos internacionales se reunieron con los ex mandatarios que ayer presentaron la denuncia y expresaron estas preocupaciones al Órgano Ejecutivo.
Amnistía Internacional, en una carta enviada a la Asamblea Legislativa en febrero, también recomendó que las leyes y procesos legales respeten los derechos humanos.
Los ex dignatarios de Estado afirmaron que permanecerán en el país porque consideran que sus acciones públicas y privadas estuvieron sujetas a la legalidad y la transparencia, y pidieron garantías para ejercer su defensa.
Anunciaron, además, que recurrirán “a todas las instancias nacionales e internacionales que sean pertinentes, basados en las garantías de la Constitución Política que además reconoce el valor pleno de los tratados internacionales y su preeminencia sobre la legislación local, especialmente, en materia de derechos humanos y justicia”.
El abogado constitucionalista Gabriel Peláez opinó que “nadie puede ser juzgado con una ley después de que se cometió un delito porque ninguna ley es retroactiva” y dio razón a los ex mandatarios, aunque desestimó que la demanda de éstos pueda ser escuchada por organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), porque éstos no tienen una acción directa sobre el Gobierno de un país.
Rodríguez Veltzé (2005-2006) tiene una acusación pendiente por el delito de traición a la patria por autorizar la entrega de 41 misiles chinos al Gobierno de Estados Unidos, Mesa (2003-2005) y Quiroga (2001-2002) son acusado de firmar contratos lesivos al Estado con empresas petroleras. El ex vicepresidente Cárdenas (1993-1997) fue implicado en la firma de un contrato supuestamente irregular entre la norteamericana Enron y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en su primer gobierno (1993-1997).
Los ex jefes de Estado cuestionaron que puedan ser juzgados por los jueces de la Corte Suprema que fueron nombrados en febrero por Morales, con el argumento de cubrir las “acefalías” existentes en el Poder Judicial, pues Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa fueron acusados durante el primer año de sus gobiernos.
Los ex mandatarios observaron también que el proyecto de ley no es justo porque “permite la aplicación retroactiva de delitos y penas agravadas al no resolver la contradicción entre el artículo 123 de la Constitución, que señala que “la ley dispone sólo para lo venidero”, con los artículos 13 parágrafo IV, 116 parágrafo II y 256 parágrafo I de la misma norma que establecen el respeto a los tratados internacionales ratificados por Bolivia sobre derechos humanos y la presunción de inocencia.
Cuestionan que la norma no garantiza un debido proceso porque “no establece ningún recurso contra una sentencia condenatoria, limitando a los ex dignatarios de Estado derechos y garantías básicas para su defensa, que la norma vigente reconoce hasta a los acusados por delitos de asesinato, narcotráfico o violación”.
Los ex dignatarios indicaron que afrontarán los juicios en el país.
Eduardo Rodríguez V. (2005-2006)
Quien también fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia fue acusado por el entonces diputado Evo Morales de traición a la patria, sabotaje, revelación de secretos y resoluciones contrarias a la Constitución por haber autorizado la desactivación y la entrega de 41 misiles de origen chino al Gobierno de Estados Unidos. Los delitos por los que se le acusa al ex Presidente que viabilizó la transición presidencial en el país entre junio y diciembre de 2005 tienen una sanción de 30 años de presidio sin derecho a indulto.
Carlos Mesa Gisbert (2003-2005)
Fue acusado de la firma de contratos lesivos al Estado. Se lo incluyó en el requerimiento conclusivo del caso de los llamados “petrocontratos”. El también historiador suscribió el contrato para la explotación del Campo Montecristo, entre YPFB y la empresa Petrolera Chaco S.A., el 9 de febrero de 2004. El proceso en su contra inició ante la denuncia presentada por Evo Morales, Ricardo Díaz (fallecido), Santos Ramírez (detenido en la cárcel de San Pedro por delitos económicos), Jaime Solares, Roberto de la Cruz y otros.
Jorge Quiroga R. (2001-2002)
Es acusado de haber suscrito cuatro contratos petroleros de riesgo compartido en 2001, convenio que abarcaba para 40 años en la exploración, explotación y comercialización en los campos del bloque El Ingre, Vuelta Grande Norte, Río Hondo y Bloque Aquio a cargo de las empresas Petrobras, Chaco y Total. El proceso en contra del sucesor del ya fallecido dictador Hugo Banzer fue impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la primera administración de Evo Morales.
Víctor H. Cárdenas (1993-1997)
Fue involucrado en el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidad contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la supuesta firma irregular de contratos con la desaparecida petrolera norteamericana Enron en 1994.
Los supuestos delitos son contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución. La denuncia fue interpuesta en el primer Gobierno de Evo Morales por su entonces ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.
Cuatro ex mandatarios cuestionan la ley de juicio de responsabilidades
Estrategia. Anuncian que apelarán a instancias nacionales e internacionales.
La Razón
Baldwin Montero – La Paz
Tres ex presidentes y un ex vicepresidente acusaron ayer al gobierno de Evo Morales de violar derechos fundamentales, garantías constitucionales y tratados internacionales, en su afán de someterlos a procesos penales reñidos con la ley.
En una conferencia conjunta, los ex presidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, además del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, anunciaron que recurrirán a todas las instancias nacionales e internacionales para defenderse de esta arremetida gubernamental.
“Nos preocupa la decisión del gobierno del presidente Evo Morales de someternos a procesos penales, violando los derechos humanos así como las garantías ciudadanas consagrados en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales, desconociendo principios de derecho universalmente reconocidos”, señala un comunicado conjunto que fue leído por Quiroga.
A nombre del Gobierno, el presidente de Diputados, Héctor Arce, rechazó las acusaciones.
Los ex dignatarios sostienen su denuncia argumentando que la misma persona que los acusó (Morales) fue la que luego “designó inconstitucionalmente” a los jueces que ahora deben procesarlos, quienes además “podrían aplicar retroactivamente la ley penal y condenarnos sin derecho a recurrir a una eventual sentencia condenatoria”, esto último amparados en la Ley de juicio de responsabilidades que fue aprobada por el oficialismo el último lunes.
El 18 de febrero, amparado en la denominada Ley Corta, Morales designó a 18 autoridades interinas del Poder Judicial, entre ellas cinco ministros de la Corte Suprema, tribunal donde se ventilan los juicios de responsabilidades.
Los ex dignatarios hacen notar que la citada ley viola la Constitución al atribuirle al Presidente la prerrogativa de designar autoridades judiciales, cuando ésta es atribución del soberano, según el artículo 182 de la Constitución.
Afirman que a ello se suma el aún proyecto de ley de responsabilidades, “que permite la aplicación retroactiva de los delitos y penas agravadas y suprimir garantías básicas para la defensa, como la de interponer recurso contra una eventual sentencia condenatoria”.
Con estas acciones, aseguran que se vulneran al menos 11 artículos de la Constitución Política (12, 13, 116, 115, 117, 120, 140, 178, 182, 198 y 256), además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Ame- ricana de Derechos Humanos.
Todas estas observaciones fueron incluidas además en una carta que enviaron al vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, en la que afirman que “las actuaciones realizadas hasta ahora en los citados juicios en nuestra contra están viciadas de nulidad”, por lo que reclaman que el Legislativo les escuche en una audiencia “una vez restablecida la plena vigencia de nuestras garantías”.
En su comunicado, aseguran que su acción conjunta no está motivada por el interés de conformar un proyecto político y anticipan que permanecerán en el país para asumir su defensa.
A diferencia de ellos, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y una decena de sus ministros optaron por dejar el país para evitar un juicio en su contra.
Serán juzgados con la anterior ley
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, aseguró que, de ser autorizados los juicios en contra de los ex mandatarios, éstos serán procesados con la vieja ley de responsabilidades promulgada en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y no con la nueva norma.
“En el eventual caso que haya enjuiciamiento, ellos van a ser juzgados con la ley anterior, hay un principio jurídico fundamental que es el principio que rige la norma que estaba vigente en el momento de la comisión del supuesto acto delictivo y en eso hay mucha claridad, la ley que se aplicaría sería la Ley 2445, aprobada el año 2003”.
Por ello, pidió a los mandatarios “tranquilidad” y estudiar a fondo el proyecto de Ley de juicio de responsabilidad, que en su segunda disposición transitoria define que los “juicios de responsabilidad que se encuentran sustanciando la acusación contra Presidente y/o Vicepresidente de la República (…) por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, se sustanciarán y resolverán de acuerdo con lo previsto en la Ley 2445 de 13 de marzo del 2003 y la Ley 2623 de 22 de diciembre del 2003”.
Pedido a la justicia y alerta
Los ex mandatarios reclaman que la justicia garantice la búsqueda de la verdad, la transparencia y la imparcialidad en sus fallos y temen que, de otra manera, se vulneren sus derechos y los de otros bolivianos.