Roque A. Camacho*
Las poco pobladas tierras del oriente boliviano siempre fueron apetecidas por los habitantes de las sobrepobladas regiones andinas y éstos, con la Constitución Política del Estado vigente, han sido designados como copropietarios mayoritarios de las extintas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de los indígenas.
La titulación de las TCO, o sea, tierras vírgenes con alto potencial en biodiversidad, productividad forestal, además de exquisitas para la agricultura, es el resultado del trabajo de los indígenas, sus dirigentes, técnicos, Organizaciones No Gubernamentales, la clase política nacional y el financiamiento externo anteriores y posteriores a 1996, que les sanearon y titulado en el periodo 1996-2009 un total de 12,3 millones de hectáreas (ha).
Frente al lento avance del saneamiento de tierras en sus inicios, los políticos denominados de izquierda y otros oportunistas ofrecieron a los indígenas descontentos una rápida dotación en caso de acceder al Gobierno. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) aceptó con candidez el ofrecimiento y se incorporó al instrumento político denominado Movimiento Al Socialismo (MAS), compuesto también por los pequeños propietarios campesinos (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y Bartolina Sisa), colonizadores (Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia), cocaleros (seis federaciones de Chapare) y grupos ‘sin tierra’ (Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Bolivia), territorialmente diseminados en todo el país, pero con intereses contrapuestos.
Ese revoltijo de organizaciones puede explosionar en algún momento, puesto que los indígenas procuran la tierra para vivir en ella preservándola según sus usos y costumbres ancestrales, mientras que los cocaleros, pequeños propietarios campesinos, colonizadores y ‘sin tierra’, tienen avidez de tierra para explotarla y depredarla con rudimentarias prácticas, además de ser perversamente ‘dendrofóbicos’ (odiadores de los árboles).
La conspiración de estos depredadores contra los indígenas se evidenció en la Constituyente de 2008-2009, al imponerse la tesis del oficialismo propugnada por Carlos Romero (entonces constituyente y actual ministro de Autonomías) y Fabián Yaksic (otrora viceministro de Descentralización y actual diputado oficialista), estableciendo a esos territorios como de propiedad de los pueblos indígenas, naciones originarias y campesinos. Es decir, por mandato constitucional los indígenas perdieron el dominio exclusivo sobre sus tierras y deben compartirlas con sus mencionados socios, que merced a ser mayoría en las actuales Tierras de Indígenas, Originarios y Campesinos (TIOC) –cocaleros, colonizadores, ‘sin tierra’ y pequeños propietarios– son constitucionalmente los nuevos dueños de las más de 12,3 millones de ha que antes fueron exclusivas de los indígenas.
* Juez agrario en Santa Cruz de la Sierra, [email protected]
El Deber – Santa Cruz