Siendo un organismo internacional que ha hecho de la defensa de los derechos humanos el eje de su accionar, los funcionarios de Naciones Unidas en Bolivia podrían y deberían cumplir un papel más relevante y equilibrado en ese sentido. Esto viene a cuento de las declaraciones vertidas por Dennis Racicot y Yoriko Yasukawa en torno al debate de la Ley 045, denominada “antirracista” o “mordaza”. Especialmente nos preguntamos: ¿por qué el pedido de consenso viene recién en la etapa de la reglamentación de la ley y no se hizo en el momento en que la norma se discutía en el parlamento? ¿Por qué sólo se pide consenso cuando le conviene al gobierno y no cuando la prensa y la oposición lo pedían? ¿No es eso funcionalidad? ¿Parcialidad? Dicen los burócratas de la ONU destinados a Bolivia que en países europeos y otras naciones existen leyes antirracistas, obviando la distancia evidente que separa a una democracia hecha y derecha, en la que esos mecanismos pueden aplicarse con la misma vara para todos los ciudadanos, de las “democraduras” prevalecientes en varios puntos de América Latina. Obviar el contexto de gobiernos hegemónicos y perseguidores es ingenuidad o simple complicidad. Algunos consejos para estos funcionarios, entonces, para que sus gestiones no se vean empañadas en un futuro no muy lejano, cuando las máscaras seudodemocráticas de los regímenes neo-autoritarios terminen de caer: 1) escuchen a todos los actores políticos y sociales del país, sin distinciones; 2) conozcan las realidades profundas de Bolivia y eviten los preconceptos románticos o ideológicos que pudieran tener antes de su llegada; 3) tengan presente que no están en un contexto de normalidad política sino en una encrucijada que puede acabar con la democracia boliviana, y que coadyuvar en la preservación de las libertades fundamentales debería ser su principal mandato. ¿Escucharán?
Libros libres
Por el momento, la reacción rápida de los intelectuales parece haber obligado al gobierno a poner retro en la posible purga de textos clásicos en las aulas. De todas maneras, habrá que mantener la guardia levantada para evitar futuras “estrategias envolventes”.
Gobernación sin rumbo
El gobierno departamental de Santa Cruz se convirtió últimamente en un mero instituto de estadísticas, apenas encargado de difundir cifras de los desastres y otros problemas, sin aportar soluciones. Son los resultados de una autonomía congelada, no sólo por las maniobras del centralismo sino, lo que es peor, por ineficiencia de gestión y priorización de otros intereses. Agreguémosle a eso la incapacidad de diálogo, especialmente patente en el manejo del conflicto en la salud pública…