“…es lamentable que este funcionario emita declaraciones parcializadas”, dice legisladora de oposición. La senadora Reck observa “demasiado” apoyo del funcionario a la legislación elaborada, sancionada y promulgada por el Gobierno de Morales y que sus opiniones no resguardan a la población en su conjunto.
EL REPRESENTANTE DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU EN BOLIVIA Y PERIODISTAS EN PALACIO DE GOBIERNO.
Las opiniones y declaraciones persistentes realizadas en los medios de comunicación del Gobierno por el representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Dennis Racicot, sobre la Ley Contra el Racismo y los dos artículos calificados de “mordaza” por el periodismo boliviano independiente, no toman en cuenta a todas las partes en conflicto, según la senadora Centa Reck (CN). Por ello anunció que hará un reclamo formal ante la Organización de las Naciones Unidas y otras entidades internacionales.
“Por las declaraciones que hemos escuchado, es lamentable que este funcionario emita esas declaraciones parcializadas, consideramos que no está tomando el debido resguardo por la población en su conjunto y está planteando una posición de demasiado apoyo a la legislación aprobada por el Gobierno, que es lesiva a las garantías y libertades ciudadanas”, sostuvo la legisladora de oposición.
RECLAMO A LA ONU
Afirmó que “ésto amerita un reclamo. Nosotros estamos pensando plantearle una visita y un reclamo escrito, por esta actitud que definitivamente dejaría desguarnecida a la sociedad en un derecho tan fundamental como es la libertad de expresión y que no es propia de un funcionario de un órgano que creemos que debería resguardar justamente los derechos, las garantías y las libertades”.
“Hay que acudir a todas las instancias y hay que seguir con todos los procedimientos, pero creo que sobre todo las autoridades internacionales que están acá para guardar derechos deben tener mucho cuidado en su pronunciamientos”, afirmó al asegurar que con el tiempo se va a ver lo lesivo que puede resultar esta norma y “van a ser cómplices de una situación en la que Bolivia está atravesando un momento muy grave y definitivo de su historia”.
ALTO COMISIONADO
El representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Dennis Racicot, planteó penas graduales a medios de comunicación y personas que cometan delitos de racismo y discriminación, las mismas que a su juicio deberían estar claramente establecidas en la Ley 045, según una versión de ABI.
“Una sanción gradual es lo más aconsejable, pues en ese marco se puede aplicar penas mayores en casos muy extremos, es decir, las sanciones deben ir de un nivel leve hasta uno más grave”, aseguró el representante de la ONU al enfatizar que lo más recomendable era que la ley tuviese de principio la descripción de los distintos delitos sancionables y las sanciones correspondientes, además del organismo que tendrá la tuición de vigilar y supervisar las penas.
Por tal motivo, dijo que en las multas hay un esquema de valor conforme a la importancia del delito que debe ser bien definida en la ley, en este marco están los delitos leves, graves y muy graves, tal como ocurre en España que diferencia rangos de penalidades y, por lo tanto, establece multas económicas elevadas según el caso.
En este sentido, criticó la forma en que se llevó adelante la promulgación pues, a su juicio, dejó demasiado a una regulación, situación que no es aconsejable frente a las condiciones que plantea los Derechos Humanos en cuanto a las restricciones a la libertad de expresión.
OTROS PAÍSES
Asimismo, dijo que esta acción que se emprendió en el país no es novedosa sino que, al contrario, Bolivia se une a una tendencia ya ejecutada por varios países del mundo y, en este marco, de acuerdo a un estudio que realizó la ONU en 10 países, existen tres tendencias marcadas.
La primera es en países que combinan delitos precisos en el Código Penal y delitos dirigidos a la personalidad jurídica de los medios a través de una ley de medios de comunicación, estos son Colombia y Venezuela. En cambio, en naciones como España, México o Uruguay, las sanciones son económicas a través de multas.
El tercer caso es el de la autorregulación y las penas de cárcel, se aplican sobretodo en la ley de Alemania y Perú. Otra sería la de exclusivo carácter administrativo con multas, situación que se aplica en Chile.
El Diario