La consulta popular impulsada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para acometer reformas en la justicia y otros asuntos, alentó a la formación de un nuevo grupo opositor denominado Cauce Democrático.
Encabezados por el ex presidente democristiano Osvaldo Hurtado (foto), ese grupo advirtió hoy que la democracia en Ecuador está en riesgo y que Correa pretende extender su poder a la función judicial con la consulta, informó el canal Ecuavisa.
Hurtado, que gobernó el país entre 1981 y 1984, dijo en la ceremonia de lanzamiento de la nueva formación que en la consulta de Correa "el pueblo ecuatoriano decidirá si quiere ser gobernado por una democracia o por una dictadura".
Además, señaló que en el contenido de la consulta hay dos temas fundamentales para Correa, que son "la justicia y los medios de comunicación", porque todo lo demás, a su modo de ver, "es adorno".
De su lado, el ex canciller José Ayala Lasso criticó "la utilización de fiscales y jueces para perseguir a quienes el gobierno (de Correa) considera sus enemigos".
María Elsa de Mena, ex funcionaria en pasados gobiernos, leyó un manifiesto del nuevo grupo político: "El caudillismo y el autoritarismo suelen engendrar gobiernos que conculcan derechos y libertades, afectan la unidad nacional, propician la corrupción".
El escritor Simón Espinosa se refirió, por su parte, a una pregunta de la consulta sobre regulaciones a los medios de comunicación.
El oficialismo lo que quiere "es poner miedo a los medios particulares, seguir dominando los medios públicos para que no haya crítica al proyecto fundamental del gobierno", señaló Espinosa.
La consulta popular impulsada por Correa consta de diez preguntas, cinco que implican cambios constitucionales y las demás sobre otras reformas.
Las cinco preguntas que implican un cambio constitucional versan sobre la extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Las otras plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, así como la prohibición de los juegos de azar y corridas de toros.
El plebiscito plantea, por último, la creación de un "Consejo de Regulación" sobre los contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios.
EFE