Homicidio culposo. La responsabilidad es compartida entre los dueños del edificio y los de la empresa que edificaba el multifamiliar Málaga. Marcela Callaú es dueña del edificio y de la inmobiliaria.
Familiares de las víctimas
La Razón
El Ejecutivo pide enjuiciar a los dueños y a la constructora del edificio Málaga
El Gobierno pide juicio a Sicruz por homicidio culposo
La responsabilidad es compartida entre los dueños del edificio y los de la empresa que edificaba el multifamiliar Málaga, advierte el Gobierno.
El Ministerio de Trabajo pidió formalmente ayer a la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz procesar, por la vía penal, a los dueños del edificio Málaga y la Sociedad Inmobiliaria y Constructora S.A. (Sicruz) por los delitos de homicidio culposo y falsedad material.
Además, dispuso el pago de 24 sueldos a los familiares de los obreros fallecidos y de indemnizaciones a los heridos, en apego a la Ley General del Trabajo. El viceministro de Trabajo, Félix Rojas, informó ayer que, en la investigación, esta cartera de Estado se constituirá en parte coadyuvante del proceso penal que llevará adelante la Fiscalía.
Además de esta investigación, la Defensoría del Pueblo confirmó la apertura de otra pesquisa para establecer responsabilidades por el derrumbe del edificio Málaga, en el corazón de Santa Cruz, que se cobró la vida de 15 personas.
Según el viceministro Rojas, el cargo de homicidio culposo contra ejecutivos de Sicruz y la familia Callaú, propietaria del multifamiliar siniestrado, se asienta en el hecho de que, pese a conocer que la obra estaba por venirse abajo, se hizo trabajar a un grupo de obreros en labores de apuntalamiento, quienes terminaron aplastados bajo toneladas de escombros.
“Nosotros consideramos que acá ha habido uso y abuso de nuestros hermanos. Los llevaron a la boca del lobo sabiendo que este edificio se iba a derrumbar, por eso en las planillas de sueldos y salarios no figuran una gran parte de los que fueron víctimas de este derrumbe”, dijo Rojas, y añadió que sólo cuatro de las víctimas tenían seguro social a corto plazo.
El cargo por falsedad material es “por no haber declarado lo que es esa empresa”, añadió en referencia al hecho de que Sicruz se registró en la Dirección Departamental del Trabajo de Santa Cruz como una empresa inmobiliaria y no del campo de la construcción.“Los dueños de la empresa y obra tienen que correr con las responsabilidades de orden penal”, recalcó la autoridad.
Un allegado a Paulina Callaú, Ismael Serrate, reveló que ella, además de ser la propietaria del edificio, es dueña del 49% del paquete accionario de Sicruz, junto con su hermano. A su vez, la Defensoría del Pueblo confirmó ayer el inicio de una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades.
“No podemos seguir tolerando tanta improvisación, creemos que esto ha llegado a un nivel… El dolor humano frente a esta tragedia debe servir para remontar esta situación”, dijo Rolando Villena, defensor del Pueblo. “Tenemos una cantidad enorme de personas que tienen responsabilidad, pero que no las están asumiendo”, añadió en referencia a las constructoras. En Santa Cruz, la representación regional del Defensor del Pueblo pidió a la Alcaldía la demolición de las edificaciones que presenten fallas, luego de que se realicen auditorías técnicas.
3 colegios cierran puertas
En tres establecimientos educativos ubicados cerca de las ruinas del Málaga no se iniciarán labores escolares con carácter preventivo mientras dure la movilización de maquinaria pesada. La oficial mayor de Desarrollo Humano del municipio de la capital cruceña, Ana María Encinas, informó ayer que “por recomendación de las autoridades de salud e instancias pertinentes queda suspendido el inicio de clases en los colegios aledaños a la zona”.
10 casas para afectados
El Gobierno financiará la construcción de 10 viviendas para igual número de afectados por el colapso del edificio Málaga. Las casas se edificarán en terrenos facilitados por una persona de la cual se guarda en reserva su nombre.
La información la facilitó Roberto Fernández, quien trabaja en este tema por encargo del presidente Morales. “Hemos realizado un diagnóstico en el que se ha detectado que hay 21 familias pobres afectadas por la tragedia. Este informe lo presentaremos este martes al Presidente”, informó el que también fuera ex candidato a alcalde por el oficialista MAS.
El Gobierno ya efectivizó la compra de dos viviendas, porque “el Mandatario, en la visita que realizó el viernes, ordenó priorizar dos casos: el de una madre que está embarazada y el de otra madre que tiene dos hijos que murieron en el edificio”, recordó.
Se trata de la viuda de Bruno Pérez Meleán y la madre de Johnny Calisaya Cairo y de Luis Egüez Cairo. Se ultiman los detalles para que en el transcurso de los próximos días puedan tomar posesión de sus respectivas viviendas.
El lunes 24 colapsó el edificio Málaga y sepultó bajo sus escombros a 15 personas. Los cuerpos de 12 personas fueron rescatados y aún se buscan los de otras tres personas. La intención del Gobierno es velar por que las víctimas tengan efectivamente la asistencia necesaria en estos momentos delicados y complejos, insistió el ex candidato a alcalde, Fernández.
Familiares de víctimas aguardan llamado fiscal
Familiares de los obreros que perecieron en el desmoronamiento del edificio Málaga dijeron ayer que aún no fueron contactados por la Fiscalía del Distrito, que debe iniciar las investigaciones.
“Deben responder por nuestros familiares. A mi sobrino lo llevaron desde la obra del zoológico al edificio Málaga, donde perdió la vida; alguien debe responder por eso. Nosotros como familia presentaremos la denuncia, pero esperamos que la Fiscalía se pronuncie”, dijo molesto ayer Isidro Flores, tío del albañil Rubén Ursagasti, cuyo cuerpo seguía desaparecido hasta la mañana de ayer.
Rubén, un muchacho de 21 años, trabajaba en otra construcción de la empresa Sicruz, y fue llamado para que apoye en el apuntalamiento de la obra que empezó a resquebrajarse el lunes 24 por la mañana. “Ahí murió junto a otros compañeros suyos que fueron traídos desde el zoológico”, insistió.
La madre de Rubén, Avelina Flores, espera también que se haga justicia, según hizo conocer Isidro Flores. Javier Egüez, hermano mayor de Yhonny Calisaya Cairo y Luis Antonio Egüez, los dos hermanos que perdieron la vida en la obra, informó que tampoco fueron contactados por la Fiscalía para dar su versión sobre el derrumbe de la construcción.
“Nadie se acercó a nosotros”, dijo José Egüez. La Razón visitó ayer las oficinas de la Fiscalía de Distrito, pero no logró el pronunciamiento de ninguna autoridad.
Investigan homicidio en el Málaga
Ministerio Público comenzará la toma de declaraciones, una vez concluya la recuperación de cuerpos
Se realizarán investigaciones periciales con el apoyo de investigadores del Instituto forense
Aideé Rojas y Yandira Toledo, El Deber
La Fiscalía del Distrito inició de oficio una investigación por homicidio y estafa a fin de determinar quiénes son los responsables del derrumbe del edificio multifamiliar Málaga que cobró la vida de 15 personas, por lo que alista las citaciones no sólo para las personas involucradas en la construcción, sino también para las autoridades responsables de hacer cumplir el Código de Urbanismo.
Entre tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) también espera el informe de los peritos forenses sobre la tarea de rescate para ejecutar las citaciones y la toma de declaraciones de los testigos presenciales, trabajadores y técnicos, a fin de obtener mayor información en la investigación que se enfocará en la parte pericial, con el asesoramiento del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
El Ministerio Público designó al fiscal Luis Montaño para que realice las indagaciones respectivas del caso Málaga, que está en calidad de reserva. La fiscal de distrito, Arminda Méndez, dijo que las indagaciones se iniciaron desde el principio, dado que el Ministerio Público asistió a todas las autopsias que se hicieron a los cuerpos.
Según Méndez, se está aguardando concluir con la recuperación de los restos de las víctimas para comenzar las declaraciones. “Hay una lista de todas las personas que han estado trabajando, en primer lugar de los testigos presenciales del hecho, de todos los trabajadores y también de otras personas que tienen participación dentro de lo que fue la construcción de ese edificio”, apuntó.
La investigación también determinará otros delitos que tienen que ver con el ámbito económico, puesto que hubo una preventa de los departamentos, siendo que la infraestructura presentaba fallas, por lo que se puede hablar de una estafa agravada. De todas maneras, serán las investigaciones las que señalen los delitos en este caso.
Por su parte, la propietaria del edificio multifamiliar, Paulina Callaú, declaró que no estaba enterada de las fallas que había en la construcción antes del derrumbe, que obligó a los obreros a apuntalarla para evitar una eventual caída.
“Quisiera haberme enterado de la emergencia que se estaba viviendo ahí, de lo que ha pasado, antes de que suceda y haber hecho algo para evitarla. Pero no fue así, no se pudo, no me enteré”, declaró la empresaria visiblemente afectada por el accidente que dejó a 15 personas fallecidas, entre obreros y profesionales y a siete personas damnificadas. Entre los fallecidos estaba un menor de 14 años, lo que podría agravar el caso, dado que no está permitida la contratación en trabajos que requieren esfuerzo físico a menores de edad.
Callaú leyó un comunicado en las instalaciones del Círculo de Amigos, en el que expresó la necesidad de una “investigación urgente, completa y transparente para saber qué fue lo que sucedió” y afirmó que los trabajos se cumplían de acuerdo con los requerimientos técnicos y legales, mientras que en el lugar de la tragedia los grupos de socorristas, entre extranjeros y nacionales, continuaban el trabajo de rescate de los cuerpos que aún permancen entre la mole.
Esa misión fue ponderada por el gobernador Rubén Costas, que recorrió ayer el terreno del accidente, agradeció el gesto solidario de los voluntarios de la población y expresó su solidaridad y pesar a los familiares de las víctimas.
El anuncio de la fiscal del distrito, Arminda Méndez, de emitir las citaciones una vez termine el rescate de las dos víctimas que aún permanecen entre los escombros, coincide con la posición que asumió ayer el Gobierno central a través del viceministro de Trabajo, Félix Rojas, en la que identificó el homicidio culposo y falsedad material como los dos delitos que presuntamente cometieron los dueños del edificio multifamiliar y de la empresa constructora Sircruz en el desplome del edificio Málaga, que cobró hasta ahora la vida de 15 personas y que hasta el momento fueron rescatadas 12.
Según Rojas, en las planillas de salarios de los meses anteriores sólo existen cuatro nombres de los obreros, de los cuales tres fallecieron y uno está herido, no así los nombres de las demás víctimas del accidente.
El registro de los empleados debe ser inscrita con una declaración jurada; según Rojas, de los 49 empleados solamente 15 tenían acceso al seguro a corto plazo, además de evidenciar que menores de edad estaban trabajando en el lugar.
En ese marco, el viceministro de Trabajo y Previsión Social señaló que la contratación de menores amerita una multa, según el artículo 253 de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que oscila entre un boliviano a 500 mil.
“Hay dos delitos tipificados, por una parte falsedad material e ideológica al no existir un registro legal de los trabajadores y, por otro, homicidio culposo debido a que se incitó a los obreros a trabajar en una situación de alto riesgo, cuando se conocía que la infraestructura del edificio Málaga se iba a desplomar", indicó.
El inicio de la investigación judicial fue tomado con cautela por algunos de los familiares de los damnificados, como don Gregorio Mendoza, esposo de Celia Ochoa, que sólo se limitó a decir que existe el compromiso de la propietaria del Málaga, de pagar por los daños ocasionados por el derrumbe.
“Nos han dicho que nos pagarán por todo el daño, pero por ahora esperamos que terminen el rescate para analizar qué hacer”, dijo Mendoza.
La ley establece 24 sueldos para familiares de las víctimas
El viceministro de Trabajo, Felix Rojas anunció ayer que se aplicarán sanciones pecuniarias a los dueños de la construcción y a la empresa encargada de la obra que se desplomó hace ocho días.
Según la autoridad, las sanciones están establecidas en el Reglamento de la Ley General del Trabajo en su artículo 81, como delitos penales a las normas sociales que establece una sanción de 500 mil bolivianos para constructores y dueños de esas construcciones. "Por lo tanto el propietario tiene que correr con todas las responsabilidades en lo civil y penal", precisó.
Rojas dijo que la empresa constructora y propietarios del edificio tienen que pagar la indemnización a todas las familias afectadas por la pérdida de uno de sus integrantes con el pago de 24 sueldos, tal como establece la ley.
De su lado, la fiscal de distrito, Arminda Mendez indicó que las víctimas no han sentado ninguna petición formal respecto al resarcimiento de daños; “sin embargo, vamos a estar atentos a atender todos los pedidos de las víctimas”, indicó.
Paulina Callaú, propietaria de la construcción, dijo que no pudo hacer nada para evitar el desastre, pero responderá y colaborará a las familias que han perdido a sus seres queridos, así como a las autoridades que investigan. “Seguiré poniendo todo de mi parte para que lleguemos a la verdad de lo que sucedió”, afirmó.
Reiteró que indemnizará a las familias afectadas tal como establece la ley y hará todo lo que esté a su alcance para apoyarlas en lo que necesiten. “Nuestra gente ha estado ayudando con todo lo que son trámites, velatorios y funerales, y asistiendo a las familias para que tengan lo necesario”, dijo Callaú.
El representante de la familia Callaú, Marcos Harb, dijo que la empresa constructora es la que tendrá que responder por las indemnizaciones tal como lo establece la ley porque fue quien contrató a las personas. “No es la familia Callaú la que legalmente debería asumir, sin embargo, por solidaridad está absorbiendo estos gastos, esto demuestra la capacidad de la calidad humana que tienen. Han estado en todo momento con los familiares de las víctimas”, sostuvo.
Harb manifestó que con o sin ley asumirá con los gastos. “No queremos que esta gente quede desprotegida, Paulina no es una persona desesperada por el dinero”, recalcó.
Defensor pide auditorías en el eje central
El defensor del pueblo, Rolando Villena, pidió ayer a las autoridades gubernamentales, de las gobernaciones y municipales, realizar auditorías técnicas no sólo a la construcción del edificio Málaga, sino también a las construcciones de las ciudades del eje económico del país.
La propuesta tiene la finalidad de evitar no sólo tragedias a las familias de los obreros, como la que ocurrió con el derrumbe del edificio multifamiliar Málaga que se cobró 15 víctimas fatales, sino también garantizar el derecho a la seguridad laboral de los empleados, velar por el respeto a los derechos humanos de los menores de edad que tienen a sus padres en las construcciones, además del cumplimiento técnico sobre equipamientos.
La conformación de la comisión para realizar esas auditorías debe ser definida por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Según la propuesta de Villena, el tiempo de duración de la auditoría no debe pasar de una semana sobre las construcciones, que deberán ser fiscalizadas periódicamente.
En esa misma línea, la representación de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz ha solicitado oficialmente al Ejecutivo y Legislativo del Gobierno Municipal la autorización para la realización de una auditoría técnica a todos los edificios públicos y privados que están en proceso de construcción de Santa Cruz de la Sierra, a fin de evaluar en relación a los materiales que se utilizan, los plazos establecidos, si tienen todas las autorizaciones respectivas y si trabaja el personal capacitado.
“Esta acción importante tiene por objetivo evitar más desgracias en el futuro inmediato y así precautelar la seguridad y la vida de las personas, medida que tiene el respaldo constitucional”, indicó el representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera.
El funcionario planteó que, en caso de encontrar alguna construcción que presente irregularidades o fisuras, se proceda a la inmediata demolición con la finalidad de evitar accidentes fatales como el derrumbe del Málaga.
Apuntes
– Versiones. Ismael Serrate, una de las personas cercanas a la empresaria del Málaga, explicó ayer que no hay gran variación entre el proyecto inicial de 2006 y el de 2010, es decir, que inicialmente era para departamentos más grandes y los que finalmente se elaboró en 2010 eran menores, es decir, son de clase media. Sin embargo, un grupo de profesionales indicó que el proyecto inicial era para 16 pisos en un terreno de 3.559 m2 y el nuevo proyecto es para 43 departamentos sobre la base de un terreno de 5.672 m2. Es decir, hay una diferencia de 2.113 metros cuadrados.
– Investigación. El Ministerio Público acudirá a peritos para determinar las posibles fallas que hubo en el cumplimiento de las normas en la construcción. Alista las citaciones.
Es dueña del edificio y de la inmobiliaria
El personal de Sicruz construye otros proyectos de viviendas en la capital cruceña
La empresaria no soportó más de 20 minutos de conferencia de prensa y con lágrimas en los ojos abandonó el recinto
Ruy G. D’Alencar D., El Deber
Marcela Paulina Callaú Jarpa, propietaria del malogrado edificio Málaga, tiene el 49% de las acciones de la Sociedad Inmobiliaria y Constructora S.A. (Sicruz). El resto pertenece a su hermano Germán Callaú. Así lo confirmó el amigo y colaborador de la empresaria, Ismael Serrate, durante una conferencia de prensa ayer.
Al mismo tiempo se pudo conocer a través del portal web de la empresa que la inmobiliaria construye otros dos proyectos de vivienda: Edificio Burgos, ubicado en la calle Independencia, y el condominio horizontal Alcántara, de la avenida Alemania y sexto anillo.
A su vez, fuentes allegadas a Callaú indicaron que Sicruz tiene una larga trayectoria al frente de proyectos habitacionales en Santa Cruz, con edificios que ya han sido construidos y vendidos sin problemas. Al ser consultada sobre su responsabilidad respecto al derrumbe, Callaú dijo en su descargo que desconocía las supuestas fallas de la obra del Málaga y que no se enteró del problema hasta la noche de la tragedia.
Respecto al comunicado de la Dirección del Trabajo en el que se indicó que Sicruz no tiene domicilio legal establecido, Callaú señaló que sus oficinas se encuentran ubicadas en la avenida Ibérica esquina Doble Vía La Guardia. Ella dijo estar dispuesta a someterse a una investigación judicial para esclarecer su responsabilidad. También manifestó su pesar por las pérdidas humanas y aseguró que la obra y la empresa se sujetaron a las normas de construcción vigentes.
“Los papeles estaban en regla. (…)Me parece irresponsable tratar de sacar conclusiones antes del peritaje técnico profesional”, consideró.
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Rolando Schrupp, indicó que Sicruz no figura entre las 127 empresas constructoras afiliadas a la entidad gremial y que por lo tanto no tiene acreditación como empresa del sector.
Al mismo tiempo precisó que el proyecto de construcción, según los registros del Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, originalmente se denomina edificio Monseñor Salvatierra y que el nombre de Málaga responde a fines comerciales.
Para saber
– Constructoras. La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) identifica a Sicruz como empresa especializada en bienes raíces. La firma no tiene acreditación del ente gremial.
– Arraigo. El Gobierno dispuso medidas de seguridad para evitar que Paulina Callaú salga del país mientras dure el proceso de investigación por la tragedia.
– Hipoteca. El titular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas Privadas (AEMP), Oscar Cámara, aseguró que el edificio Málaga tiene una hipoteca por Bs 2.800 millones. De acuerdo a la autoridad, la obra tampoco tenía seguro. Sin embargo, antes se supo que Bisa Seguros prestó ése servicio
– Antigüedad. La Sociedad Inmobiliaria y Constructora S.A. (Sicruz) fue fundada en octubre de 2006, pero sus propietarios tienen más de diez años de experiencia en el negocio de inmobiliario y de las construcciones.
– Obras. La empresa tiene al menos cinco edificios construidos. Entre ellas: edificio Junín, Alcalá, Coral, Villas del Sur I, Villas del Sur II y algunas viviendas en ciudad Jardín. No se conoce hasta el momento reporte de problemas.
Vendido el 20 por ciento
La propietaria del Málaga, Paulina Callaú, indicó que sólo el 20% de los departamentos de la obra estaba vendido y estimó que hasta el fin de semana se terminaría de devolver el dinero a quienes hicieron sus reservas y compras.
La empresaria negó la versión que señalaba que ya se había vendido casi el 100% de las dependencias.
“Se empezó a devolver el dinero a las personas que compraron. Estuvimos abocados a apoyar esta semana el tema del rescate de las personas”, sostuvo.
Al mismo tiempo, Callaú se comprometió a pagar las indemnizaciones correspondientes por ley a los familiares de las 15e víctimas de la tragedia. “Nuestro apoyo a las familias hasta ahora ha sido colaborar a las personas con todos sus trámites para organizar los funerales y entierros”, indicó, señalando el apoyo de la Gobernación y la Alcaldía.