Tras conocerse el informe de la organización Human Rights Watch (HRW) sobre el estado de la justicia en Bolivia, analistas coincidieron en que está en manos de Naciones Unidas asumir medidas oportunas para evitar que el Estado boliviano continúe usando a jueces y fiscales para deshacerse de sus enemigos políticos.
Para un sociólogo, un jurista y un politólogo, los organismos supranacionales como la OEA y la ONU hacen "la vista gorda" de los excesos del gobierno en la aprobación de leyes inconvencionales, el nombramiento discrecional de autoridades judiciales y la emisión de fallos judiciales que violan el debido proceso.
Para el sociólogo Edson Vélez, hay leyes que a título de luchar contra la corrupción, o, racismo han cancelado el ejercicio de derechos políticos y civiles "y en lugar de impugnar esas leyes, los delegados de los organismos internacionales han salido a apoyar en público su aprobación", sostuvo.
"No se sabe qué está esperando Naciones Unidas para asumir medidas, ya se lo han hecho saber el Conare (Consejo Nacional de Refugiados) de Paraguay, Perú y Brasil, y ahora Human Rights Watch: En Bolivia se enjuicia y detiene a ciudadanos que disienten del gobierno sin debido proceso y los organismos no hacen sino emitir pronunciamientos tibios", dijo Vélez, al hacer referencia a los procesos contra ex presidentes de la República y ex asesores políticos del Conalde.
El presidente de la Asociación Boliviana de Ciencia Política, Marcelo Varnoux, advirtió que no se puede seguir pretendiendo que en Bolivia no pasa nada, o, que no existe evidencia objetiva de que el estado boliviano estuviera violando derechos convencionales y pidió a Naciones Unidas actuar de oficio en salvaguarda de garantías fundamentales.
"El asilo y refugio concedido en otros estados a 119 ciudadanos bolivianos, perseguidos por sus ideas políticas, causa jurisprudencia y sienta un precedente convencional ante cualquier tribunal internacional para iniciar acciones contra el estado boliviano por suprimir garantías individuales y derechos fundamentales", agregó.
Para el jurista cochabambino Alex Brañez hay "causas emblemáticas" de ausencia del debido proceso en juicios a opositores, como la prolongada detención del ex prefecto Leopoldo Fernández, que si los organismos internacionales tuvieran interés les servirían como estudios de caso de violación de garantías.
"El juicio contra el ex asesor del Conalde (Consejo Nacional Democrático) Erick Fajardo, es otro ejemplo de ausencia del debido proceso pues se puso de fiscal de la causa al sobrino del ex ministro Juan Ramón Quintana y los abogados del gobierno en el juicio, Camilo Medina y Pedro Ortuño, fueron nombrados Fiscal de Distrito de Cochabamba y fiscal de materia", dijo.
"El juicio se dilató por más de un año debido a la ausencia de una auditoría que sustente la acusación del gobierno, pero luego que el abogado de la gobernación Medina asume la cabeza del Ministerio Público, el fiscal de la causa solicita acusación", sostuvo.
En manos de Pillay
Según los analistas, los informes presentados en Ginebra ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) por Human Rights Watch y los fallos de los Consejos Nacionales de Refugiados de Paraguay, Perú y Brasil en las peticiones de refugio de bolivianos, en conocimiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Los Refugiados (ACNUR), constituyen evidencia suficiente sobre la ausencia de independencia de la justicia en Bolivia.
"Hay mecanismos tanto en el sistema interamericano como en la ONU, que son las medidas cautelares, para evitar que un estado sospechado de violar garantías por la ausencia de separación de poderes pueda seguir procesando a ciudadanos, la pregunta es cuándo hará Naciones Unidas uso de esos mecanismos para frenar los juicios políticos", aseguró el sociólogo Vélez.
Criterios
Marcelo Varnoux Garay, politólogo, Presidente de la ABCP "Se ha abolido la presunción de inocencia y se juzga en retroactividad y en ausencia del país a dirigentes de oposición, cuando el estatus de refugiados debiera implicar la emisión de una medida cautelar por parte de NNUU o de la OEA que impida que esos procesos avancen en jurisdicción de un estado que ya no ofrece garantías".
Edson Vélez Terrazas, sociólogo, posgraduante en la FLACSO "Hay autoridades judiciales nombradas por este gobierno que usan leyes aprobadas durante este gobierno para llevar adelante juicios vergonzosos, que se constituyen en actos de violación flagrante a derechos políticos protegidos por el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas, con mirar a otro lado la ONU no resuelve el problema".
Alex Bráñez Zurita, jurista y asesor legislativo "Hay juicios que se pueden considerar ejemplos y estudios de caso de la violación de garantías como el juzgamiento fuera de jurisdicción de Leopoldo Fernández, la detención y encierro por varios meses de implicados en el caso terrorismo como Elod Toássó, o, Hugo Paz sin imputación o acusación, o el enjuiciamiento del ex vocero del Consejo Nacional Democrático (Conalde) Erick Fajardo".
ANF