Juez arraiga a esposa de acusado de soborno a asambleístas en el Beni

El opositor gobernador de Beni, Ernesto Suárez, insistió que este caso fue armado por el Gobierno para derrocarle.

imageEl Ministro Sacha LLorenti,  Ministra Nardi Suxo y asambleístas del MAS por el Beni, hacen una denuncia pública sobre el tema soborno el 28 de abril de 2011. (Foto ABI)

Trinidad, BOLIVIA 5 may (ABI).- Rocío Ferrier de Paz, esposa del ciudadano Ronny Paz, acusado de intentar sobornar a dos asambleístas del departamento del Beni para que no asistan a una sesión, fue arraigada y debe pagar una fianza de 150.000 bolivianos en un plazo de 30 días, de acuerdo con el dictamen judicial.



    La fiscal Silvana Rojas manifestó que el Ministerio Público va a apelar la decisión porque considera que Ronny Paz, actualmente prófugo, debe ser detenido preventivamente junto a las personas que conocían del caso, mientras se sigue un proceso en su contra ante las evidencias mostradas.

    "La justicia del Beni ha dictado medidas sustitutivas que deben ser evaluadas en otras instancias superiores para verificar su legalidad y evaluar el pedido de la Fiscalía ante los riesgos de fuga y obstaculización de la justicia que puede llevar adelante el principal acusado", dijo.

    Agregó que otras personas también serán citadas a declarar por la Fiscalía en este caso que "mella la ética de la política y que pretende repetir prácticas del pasado en las que el dinero solucionaba todas las instancias".

    Señaló que la fijación de medidas sustitutivas a la esposa del principal imputado en este caso no frenará el proceso, una vez que la justicia del Beni debe tratar la apelación del Ministerio Publico y evaluar las pruebas presentadas.

    "Al tratarse de delitos de corrupción, organización criminal y delictuosa, la condena que debía corresponder a los implicados es de 6 a 10 años de reclusión", dijo Rojas.

    La Policía allanó el pasado martes el domicilio de Ronny Paz, uno de los imputados en el intento de soborno a asambleístas benianos, y detuvo a su esposa Rocío Ferrier de Paz, quien hizo resistencia para impedir el ingreso de los uniformados y fiscales.

    El caso fue abierto ante la denuncia presentada por el asambleísta Inocencio Yubánure, quien dijo que Paz intentó sobornarlo con 10.000 dólares y un viaje a Santa Cruz de la Sierra con todo pagado para que no asista a unas sesiones.

Polémica por detención de esposa de acusado

HASTA ESTA MADRUGADA, EL JUEZ RECHAZÓ LA MAYORÍA DE LOS INCIDENTES

Los Tiempos.- En una audiencia maratónica que se instaló a las 15:00 y se prolongó hasta esta madrugada, se debatió la situación jurídica de la cuarta aprehendida por el supuesto intento de soborno a dos asambleístas indígenas de Beni, para que no asistan a una sesión de la Gobernación donde debía aprobarse una ley.

Rocío Ferrier fue encarcelada después de ser detenida en el segundo allanamiento a su casa.

Hasta el cierre de esta edición (2:00) continuaba la audiencia de medidas cautelares para Ferrier, esposa de Ronny Paz, otro de los implicados en el caso y cuyo paradero se desconoce.

En las casi ocho horas de audiencia, con varios intermedios, el juez cautelar que está conociendo el caso, Alejandro Yujra, rechazó la mayoría de los incidentes y excepciones planteados tanto por la fiscal asignada al caso, Silvana Rojas Panoso, como por la defensa de Ferrier.

Mientras en afueras de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, familiares y amigos de Ferrier aguardaban en vigilia los resultados de la audiencia.

La mayoría de los incidentes planteados por las partes fueron rechazados por el juez debido a la falta de fundamentación. La defensa planteó, entre algunos incidentes, la exclusión probatoria de los videos con el argumento de que no fueron legalmente obtenidos y la ilegalidad del allanamiento al domicilio de Ferrier.

La fiscal Rojas, en contacto telefónico con Los Tiempos esta madrugada, reiteró su petición de detención preventiva de Ferrier en el penal de Trinidad, debido a que los delitos de los que se le imputan: legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, asociación delictuosa, extorsión, complicidad en cohecho activo, entre algunos, sobrepasan la pena privativa de cuatro años.

Ferrier fue aprendida la noche del lunes en su casa, durante el allanamiento que efectuaron por segunda vez en 48 horas a su domicilio, la Policía dirigida por la fiscal Rojas. Estos hechos provocaron la reacción de los vecinos y obligaron a la fiscal y policías a abandonar el domicilio casi escapando, en medio de gritos y forcejeos.

Con Ferrier suman a la fecha cuatro los aprehendidos por la denuncia de intento de soborno de los dos asambleístas oficialistas. Los tres primeros, presuntos funcionarios de la Gobernación de Beni, fueron enviados a la cárcel detenidos preventivamente la semana pasada, imputados por los presuntos delitos de soborno y cohecho activo.

Denuncias

En horas de la mañana, en conferencia de prensa, el gobernador de Beni, Ernesto Suárez, insistió que este caso fue armado por el Gobierno para derrocarle y reiteró que existe documentación, que sólo tienen que verificar, para establecer si las personas que aparecen en el video intentando sobornar y que fueron detenidas son funcionarios de la Gobernación.

Dijo que existen en la Contraloría las declaraciones juradas que todos los funcionarios están obligados a presentar y que mensualmente, la Gobernación envía al Ejecutivo, las planillas de sueldos de los funcionarios, por lo que sólo tienen que investigar.

El gobernador anunció procesos legales contra quienes mencionaron su nombre en torno a este caso y dijo que pedirá que se demuestren pruebas sobre su complicidad en este caso denunciado.

La semana pasada los dos asambleístas indígenas acompañados por el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunciaron el intento de soborno y presentaron videos como pruebas, donde aparecen cuatro presuntos funcionarios de la gobernación de Beni entregando el dinero.

En la oportunidad, se vinculó al gobernador beniano con estas personas y se le acusó de estar detrás del hecho para evitar su suspensión.

Beni

• La audiencia en la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni comenzó a las 15:00 de ayer y se extendió hasta esta madrugada.

• El esposo de la acusada aparece en un video supuestamente realizando un soborno. La casa del matrimonio fue allanada dos veces.

• La Gobernación de Beni pidió investigar si los acusados son funcionarios de la institución.

Denuncian atropellos

Por su parte, la senadora de PPB-Convergencia Nacional de Beni, Jeanine Añez, durante una conferencia de prensa en La Paz, solicitó ayer a los organismos internacionales, investigar las denuncias sobre la violación de los derechos humanos de ciudadanos benianos por parte del Gobierno.

Acusó al Gobierno de utilizar el Ministerio Público, para promover la violación de los derechos humanos de varios ciudadanos benianos, cuyos domicilios fueron allanados, luego de las denuncias de presuntos sobornos para favorecer al Gobernador de Beni Ernesto Suárez.

"En el departamento del Beni se están cometiendo las peores arbitrariedades. Se han realizado allanamientos de domicilios extra judiciales, vulnerando los derechos humanos de mujeres y niños y esto tiene que saber la comunidad internacional", denunció.

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Guardia, rechazó las acusaciones de su colega opositora, al señalar que no se trata de un tema "político", sino de un hecho de soborno que fue denunciado por asambleístas del MAS.

Añadió que existen pruebas de la flagrancia del delito así como evidencias claras de las personas involucradas en estos hechos.

"Están los videos y las llamadas a los celulares de los asambleístas a donde se los llamaban y pedían que no asistan a las sesiones (…) a uno le ofrecieron cinco mil dólares, y a otro 10 mil dólares y eso es corrupción, no es persecución política se trata de un hecho de soborno que debe ser investigado y sancionado", dijo la asambleísta oficialista.

El 28 de abril pasado, los asambleístas departamentales del Beni del Movimiento Al Socialismo (MAS), Inocencio Yubánure y Mary Luz Coimbra, acusaron a funcionarios vinculados supuestamente con el gobernador del Beni, Ernesto Suárez, del intento de soborno para no asistir a una sesión, donde debía tratarse la Ley de Cesación de Mandato de Autoridades Electas que permanezca en vigencia.

Cambio de la fiscal

El Comité Cívico de Beni emitió un voto resolutivo en el cual se determina solicitar al Fiscal General, Mario Uribe, el cambio inmediato de la fiscal Silvana Rojas por los atropellos y violaciones a las garantías constitucionales que viene cometiendo en la investigación de este supuesto caso de soborno.

Por este mismo caso, la agrupación ciudadana Primero el Beni, liderada por el gobernador Ernesto Suárez, pidió ayer también la renuncia de la fiscal “por los abusos que estaría cometiendo con detenciones y amedrentamientos”.

Según Suárez mediante la Fiscal, el Movimiento Al Socialismo habría iniciado una persecución contra autoridades opositoras para desestabilizar al Gobierno departamental.