Hay 26 nuevos acusados por el caso terrorismo. La lista la encabeza el gobernador cruceño, Rubén Costas. Oposición asegura que con este juicio el Gobierno revela ‘el odio’ hacia los dirigentes cruceños.
El Día
‘Caso Rózsa II es cortina de humo al narcotráfico’
Así lo afirmó el presidente cívico. Oposición asegura que con este juicio el Gobierno revela ‘el odio’ hacia los dirigentes cruceños.
Al ser reactivado el caso Rózsa en su segunda parte por la fiscal Mary Gutiérrez, con la presentación del listado de los 33 sindicados, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, dijo que es una cortina de humo para desviar la atención del narcotráfico.
Dijo que el Gobierno encubre el daño ambiental con los sembradíos de coca en la reserva forestal El Choré y el Parque Amboró.
Resaltó que el ejecutivo busca tapar el uso ilegal de esos cultivos por los traficantes ilegales de droga y el descubrimiento de 281 fábricas de cocaína en Ichilo.
Indicó que este juicio, que se encuentra en el Juzgado Cuarto de Instrucción de La Paz, al igual que el primero, son armados por el centralismo para perseguir autoridades y exlíderes cívicos.
Resaltó que el primer proceso de supuesto separatismo, no hay condenados y tiene una serie de irregularidades, lo mismo sucederá en este nuevo caso.
Que se haga justicia. El presidente de la Brigada Cruceña, Mauro Peña, respondió que la oposición y los cívicos son parte del separatismo y actitudes violentas. Pide a la justicia sancionar a los responsables de esta conspiración que pretendía dividir Bolivia.Según la fiscal Mery Gutiérrez, los delitos imputados son organización criminal y ganancias ilícitas.
Que pelen capucha. La parlamentaria opositora, Jéssica Echeverría, comentó que el presidente Evo Morales debe “pelar capucha” con este juicio en el que acusan al gobernador Rubén Costas y otras 32 personas, declarando de una vez su odio xenofóbico a Santa Cruz.
Aseveró que los acusados están pagando el delito de llevar adelante el Cabildo del Millón y haber contagiado a un país la opción de la Autonomía.
Ruth Lozada prefiere callar
La asambleísta cruceña quien es una de las implicadas, dijo que su defensa está siendo estudiada por sus abogados y opinará cuando lo digan ellos.
REACCIONES
‘Buscan inhabilitar al Gobernador como candidato el 2014’
Gobernación. El secretario de Coordinación Institucional, Óscar Ortiz, dijo que la intención del Gobierno en involucrar al gobernador Rubén Costas en el caso Rózsa II, es con el fin de inhabilitar su candidatura con miras a los comicios nacionales del 2014.
“Desde el inicio, este juicio fue manipulado políticamente. Hoy nadie les cree, porque sabemos que la finalidad es perseguir a los adversarios y en especial a los autonomistas”, remarcó Ortiz Comentó que la defensa de Costas está siendo asumida por sus abogados, mientras continúa trabajando por el desarrollo de Santa Cruz.
Hay 26 nuevos acusados por el caso terrorismo
Juicio. Rubén Costas, empresarios, cívicos y otras autoridades cruceñas son sindicados de financiar una supuesta intentona separatista. La dirigencia regional denuncia persecución.
Prueba. La indagación del nuevo caso comienza, pese a que aún no se lleva a cabo la audiencia conclusiva del primero
El Deber, Freddy Lacio F.
Pese a que la acción se realizó prácticamente en secreto, finalmente se oficializó que el Ministerio Público, mediante la fiscal Mery Gutierrez, presentó en un juzgado paceño una ampliación de la denuncia por el caso denominado Terrorismo II, y suma a 26 personas como presuntas financiadoras del supuesto grupo terrorista y separatista liderado por Eduardo Rózsa.
La lista la encabeza el gobernador cruceño, Rubén Costas, y también se encuentran autoridades municipales, dirigentes cívicos, empresarios, políticos y funcionarios de diversas instituciones cruceñas.
En octubre de 2009, el fiscal Marcelo Soza anunció que se indagaba las cuentas de varias personas y organizaciones cruceñas. Ya en 2010, el representante del Ministerio Público apuntó a algunas cooperativas, fundaciones y corporaciones como las responsables del financiamiento a Rózsa.
Sobre la acusación contra Costas, el secretario de Coordinación de la Gobernación, Óscar Ortiz, indicó que el tema es manipulado para perseguir a adversarios políticos. “Al Gobierno y al MAS les molesta el liderazgo de Costas y saben que es un peligro para ellos en las elecciones presidenciales”, señaló Ortiz.
En opinión del presidente cívico Herland Vaca Díez, el Gobierno intenta desviar la atención del pueblo, “puesto que hasta un exmensajero del Comité Cívico está citado”.
A su turno, el segundo vicepresidente del organismo, Luis Alberto Áñez, dijo que la acusación es racista y discriminatoria, porque no se incluyó en la misma a Carlos Núñez del Prado, que acusado de sobornar a Ignacio Villa Vargas para incriminar a dirigentes cruceños en el plan.
EL DEBER realizó consultas en La Paz para determinar cuándo serán citadas a declarar los acusados, pero no fue posible el contacto con la fiscal Mery Gutiérrez.
Familiares de perseguidos se organizan
Familiares de los considerados ‘presos políticos’ del MAS crearon una página de Internet www.liberenlaverdad.org, informó la ANF.
La hija del ex prefecto pandino Leopoldo Fernández y líder de esta agrupación, Pamela Fernández, explicó que la red Liberen la Verdad es una organización civil que promueve la causa de los presos y perseguidos políticos de Bolivia y que tiene como finalidad denunciar ante el mundo las violaciones a los derechos humanos y libertades de las víctimas de los abusos de poder.
“La justicia boliviana apresó, procesó y persiguió a dirigentes políticos y sociales contrarios al régimen de Evo Morales, vulnerando sus derechos humanos”, reclamó la hija del exprefecto.
Los nuevos acusados
Rubén Costas Aguilera, gobernador de Santa Cruz, es acusado por la Fiscalía de traer a Eduardo Rózsa al país mediante su hermano, Pablo Costas, que es buscado por terrorismo y alzamiento armado.
Horacio D’Arruda, propietario de la empresa de aseo urbano SUMA. No se conoce su grado de participación.
Zvonko Matkovic Fleig, dirigente de ADN, exprefecto y expresidente de la Cainco. Su hijo, Zvonko Matkovic Ribera, supuestamente ofreció su hacienda como centro de entrenamiento para el grupo de Rózsa.
Edmundo Farah Paz, oficial Mayor de Planificación de la Alcaldía cruceña. No se informó de qué se le acusa.
Ruth Lozada de Parejas, ex dirigente cívica y actual asambleísta departamental por el frente Verdes, de Rubén Costas. La acusación señala que, en su calidad de tesorera del Comité pro Santa Cruz, hizo movimientos sospechosos de dinero a través del Banco Económico.
Ronny Pedro Colanzi, médico y empresario, exalcalde por UCS y candidato a una vicepresidencia en las últimas elecciones del Comité pro Santa Cruz. Es acusado de desviar recursos de la fundación Amérida al grupo de Rózsa.
Fernando Paz Serrano, exdirector de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia departamental Santa Cruz. No se conoce la acusación.
Óscar Jaime Terceros Suárez fue gerente regional de BBVA Previsión y vocal del Consejo de Administración de la CRE. No se conoce su grado de participación.
Asad Daher Gargui, empresario. Ya fue citado a declarar en una anterior oportunidad por Soza. Admitió que tuvo un encuentro con Rózsa.
Jorge Chiquie Nacif, importador de vehículos radicado en Cochabamba, y su hermano Pablo Andrés Chiquie Nacif. No se ha señalado el grado de participación de ambos.
Samuel Arciénega Vargas, paceño y presuntamente amigo del abogado de Leopoldo Fernández, Karlo Brito. No se conoce su acusación.
Jordi Castan, español, asesor de pequeñas empresas. Supuestamente recibió y desvió fondos del extranjero para Rózsa.
Marioly Rivera Dorado, exfuncionaria de Amdecruz y de la Cainco. No se conoce el tenor de la acusación en su contra.
Germán Hurtado Padilla, funcionario de la Cainco. No se conoce la acusación que pesa sobre él.
Cristina Andrea Prado Paz, técnica ambiental del Programa de Alivio a la Pobreza (PAP). No se sabe por qué motivo está acusada.
Rosa María Añez, sicóloga, fue funcionaria de la Cainco. No se sabe su grado de participación.
Fernando Hevia Correa, gerente de la Unidad de Servicios de Redes de Cotas. No se conoce la acusación en su contra.
Carlos Abel Ulloa, ingeniero industrial y jefe de Producción de BG Bolivia (hidrocarburos). No se informó de qué se le acusa.
Alfredo Romero Banegas. No se informó su grado de participación.
Luis Núñez Rivera, ex presidente cívico cruceño. Se lo relaciona con movimientos sospechosos de dinero mediante cuentas bancarias.
Roberto Gutiérrez Maldonado, ex segundo vicepresidente cívico en la gestión de Núñez. La acusación es por movimientos sospechosos de dinero.
Freddy Sánchez Pérez y Alfonso Romero Canido. Se los sindica de haber realizado depósitos y retiros varios, en diversas entidades bancarias, para burlar el control y desviar el dinero al grupo de Rózsa.
Nelson Mariano Aguilera Tarradelles, empresario agroindustrial y presidente del directorio del ingenio azucarero Guabirá. No se informó de qué se le acusa.
Enrique Aponte Rivero, presunto exdirigente del MNR. No se conoce el tenor de la acusación en su contra.