Hasta octubre se prevé que se aprobarán las leyes de la Hoja de Coca y de Sustancias Controladas que reemplazarán a la Ley 1008, vigente desde 1988.
Proyectan seis leyes para frenar el narcotráfico. El exviceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, dice que el Gobierno debería centrarse en controlar los nuevos cultivos de coca, antes de buscar más penalizaciones.
La Razón – Miguel A. Melendres – La Paz
LA COCA NO SERÁ PARTE DE LA NUEVA LEY ANTIDROGAS
Tras 22 años de vigencia, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) tiene sus días contados. El Gobierno le dará un viraje, dividiéndola en dos leyes específicas: La Ley General de la Coca y la Ley de Sustancias Controladas.
Leyes de la Coca y de Sustancias Controladas sustituirán a la 1008.
“En cualquier normativa, después de transcurrir más de una década, es necesario hacer modificaciones, enriquecerla o contextualizarla. Son casi 25 años de vigencia de la Ley 1008 y amerita actualizarla de acuerdo con la Constitución (Art. 384 y 344)”, dijo a La Razón el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
Asambleístas del oficialismo y la oposición también están de acuerdo con que se debe hacer cambios a la polémica norma antidrogas que rige desde el 28 de diciembre de 1988, cuando era presidente Víctor Paz Estenssoro.
Mary Medina, senadora del MAS, manifestó que la nueva norma antidrogas debe tener característica transnacional, para luchar contra las redes de narcos que usan tecnología moderna difícil de contrarrestar por un solo país.
Bernard Gutiérrez, senador de CN, sostuvo que “si alguna modificación se va a hacer (a la Ley 1008), que sea la de reducir las 12 mil hectáreas de cultivos”. Sin embargo, remarcó que para la lucha antidrogas no basta cambiar la norma, sino fijar una política.
Cambios. Entre las principales modificaciones previstas a la Ley 1008, está su división en dos normativas diferentes. Una será la Ley General de la Coca y otra la de Sustancias Controladas.
Otro cambio previsto en la Ley de la Coca es la ampliación de la extensión de cultivos legales de la hoja de 12.000 hectáreas, fijada en la actual norma, a 20.000 hectáreas en el trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz.
La tercera reforma prevista por el Gobierno, en la segunda ley proyectada, busca endurecer las condenas para los grandes narcotraficantes, aunque todavía no hay una propuesta concreta. La Ley 1008 prevé entre 15 y 25 años de cárcel para quienes trafiquen cocaína, siendo un agravante el trasiego de cantidades mayores.
El cuarto cambio, similar al anterior, espera sancionar a los microtraficantes que pululan en las ciudades. También establece plenamente la participación de la Policía boliviana, de forma conjunta con las Fuerzas Armadas en labores de interdicción. En el caso del microtráfico, la Ley 1008 no condena la tenencia de droga en cantidades equivalentes a 48 gramos de consumo.
Otro cambio que se quiere hacer a la norma antidrogas es la incorporación del control y sanción para la legitimación de ganancias ilícitas y el lavado de dinero.
De estas acciones estará encargada la nueva Dirección Estatal de Lucha Contra el Narcotráfico (DELCN), que será el máximo organismo para el control y tráfico ilícito de drogas, la prevención y lucha contra el narcotráfico, según el anteproyecto de Ley que está siendo socializado desde la semana pasada por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las dos futuras leyes forman parte de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011-2015 que elabora el Gobierno. Este plan tiene como pilares, la interdicción, el desarrollo integral de la hoja de coca, la prevención holística del consumo de drogas y el control social sobre los cultivos. A esta propuesta se suma la redacción de otros seis anteproyectos de ley.
El exviceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, expresó que el Gobierno debería centrarse en controlar el principal problema que tiene Bolivia en el circuito coca-cocaína “que es los nuevos cultivos de hoja de coca, antes de buscar más penalizaciones”.
Se prevé legalizar 8.000 ha más de cultivos de la hoja
Dentro del proyecto de Ley General de la Coca, el Gobierno propone incrementar de 12.000 a 20.000 hectáreas los cultivos de coca legales. Con la nueva propuesta, 7.000 se legalizarían en el trópico cochabambino, 1.000 en Caranavi y 12.000 para los Yungas de La Paz.
“Se lleva adelante un registro biométrico a los productores de hoja de coca que ancestralmente la cultivaron. Bajo este registro, no debe haber más de 7 mil hectáreas de cultivos, más de un cato por afiliado en el Chapare. En Yungas de La Paz no pasarán de las 12 mil hectáreas, mientras que a Caranavi se dejará cultivar 1.000 hectáreas”, señaló el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
Sin embargo, los productores de coca de los Yungas no están de acuerdo con la propuesta. “En Yungas estamos pidiendo que se reconozca por lo menos unas 15 mil hectáreas, en seis provincias: Inquisivi, Nor y Sud Yungas y partes de Apolo (Franz Tamayo) Muñecas y Zongo (Murillo)”, manifestó el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) Ernesto Cordero.
El representante cocalero dijo que las otras 1.000 hectáreas de coca deberían cultivarse en una zona de Caranavi, región que antes pertenecía a la provincia Nor Yungas, productora tradicional del cultivo. Agregó que las restantes 4.000 hectáreas se deberían producir en las provincias de Tiraque y Yungas de Vandiola, en Cochabamba.
Cordero cree que esa distribución está justificada. “Un 80% de la coca que se mastica en el país es yungueña”, afirmó.
“Como el presidente Evo Morales dice ser respetuoso de las organizaciones sociales, noso-tros, que somos reconocidos a nivel mundial, vamos a hacer prevalecer nuestra propuesta, así el Gobierno nos quiera imponer una ley”, advirtió Cordero.
La Ley 1008 establece como “zona de producción tradicional” a Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, F. Tamayo e Inquisivi de La Paz; y Yungas de Vandiola (Tiraque y Carrasco de Cochabamba).
Una nueva norma prevé penalizar la inducción al consumo de droga
El Gobierno quiere endurecer las penas al microtráfico. El consumo de la marihuana es una preocupación, debido a que aumentó en los últimos años.
Según el anteproyecto de Ley Especial de Sustancias Controladas que socializa el Movimiento Al Socialismo (MAS), se quiere establecer sanciones a quien induzca al consumo o se dedique al microtráfico de drogas.
En uno de sus artículos propone que “el que indujera al consumo o al uso indebido de sustancias controladas, será sancionado con privación de libertad de 10 a 15 años”. Más adelante, señala que “si el inductor aprovechare su condición de ascendiente o autoridad sobre el inducido o éste fuera menor de edad o incapaz o el delito se cometiera en establecimientos educativos, asistenciales, militares, policiales o penitenciarios, será penado con privación de libertad de 15 a 20 años”.
“(La nueva ley) va a ser muy dura contra la persona que esté inmiscuida en la tenencia de drogas. Hay un vacío legal en la actual Ley 1008 porque hubo casos que cuando una persona es detenida en posesión de marihuana, clefa o cocaína en proporciones menores (microtráfico), en la justicia se han declarado consumidores de droga y no hay normativa para que se los sancione”, explicó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
El artículo 49 de la actual Ley 1008 establece que “el dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas para su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de farmacodependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación”.
El proyecto de ley del MAS plantea que el Ministerio de Salud fije la cantidad máxima de droga que debe tener una persona para su consumo.
La pasada semana Iván Morales, consultor del proyecto de ley, manifestó que se estaba planteando que el Ministerio de Salud, como instancia competente, establezca los márgenes del consumo personal, o sea, la cantidad máxima que debe tener una persona para consumo personal, discriminando los tipos de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas.
Cáceres asegura que no sólo se va a perseguir a traficantes de cocaína, sino al que comercie marihuana ya que hay un mayor consumo de esta sustancia. “Nos interesa al Gobierno nacional tener cero marihuana. Queremos intensificar los operativos todos los días con un presupuesto propio para este tema”, manifestó.
Según un estudio realizado por el Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), el 2010, el 6,7 por ciento de las personas de entre 12 y 65 años de edad ha probado marihuana alguna vez en su vida; un 0,5 por ciento de incremento en relación al último estudio que realizó el 2005. El clorhidrato de cocaína se consumió en un 3,3% y la base de cocaína en 2,95%.
Extremos de la Ley 1008
Por el Art. 48 de la Ley 1008, hay casos de gente encontrada con ocho gramos de cocaína para consumo personal que purga sanciones de hasta 25 años de cárcel, ya que “la Ley 1008 no discrimina si es un gramo, un kilo o una tonelada de droga” según el consultor Iván Morales.
Proyectan seis leyes para frenar el narcotráfico
La Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011-2015 deberá contar con el apoyo de seis leyes para fortalecer la guerra antinarcóticos.
Con ese fin, el Gobierno promueve la aprobación de las leyes de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado; de Incautación y Confiscación de Aeronaves y Destrucción de Pistas Clandestinas; de Pago de Informantes para la Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos; de Operaciones Contra el Microtráfico; de Complementación al Código de Procedimiento Penal; y de Interceptación de Comunicaciones con Fines Investigativos de Delitos.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, aclaró que la Ley de Interceptación va a ser mejor analizada para que no se repitan problemas como en Colombia y el Reino Unido, donde hay gente procesada por esos casos.
“Para que sea una ley que no vulnere los derechos de las personas, queremos seguir analizando esta norma. Por ahora, esta ley aún cojea”, reconoció. Por lo demás, resaltó que las normativas que serán aprobadas en los próximos meses, van a ser “leyes-herramienta” para que los efectivos antinarcóticos sean “más eficientes y eficaces para tener un resultado, y meta de acuerdo a nuestros planes y estrategias”.
Más control a la producción y el comercio
Ernesto Justiniano
El 10 por ciento del problema del circuito coca-cocaína en Bolivia es el tema interdictivo. Pero el 90 por ciento es la producción de materia prima que se va a la producción de cocaína y que ya no tiene control. Entre el 60 y el 65 por ciento de toda la coca producida va al narcotráfico. El Gobierno debería solucionar los problemas en ese aspecto antes de cambiar normativas referidas al narcotráfico.
Siendo propositivo, no puede ser que la coca esté libre a una economía de mercado; el Estado debería encargarse del control de la producción y de la comercialización. Podría nacionalizar la producción de coca y la comercialización. Cuando está librada a una economía de mercado, los pocos que ganan esos dineros sucios son justamente los narcotraficantes.
El vicepresidente Álvaro García dice que ese movimiento de dinero es de 700 millones de dólares en el país, pero yo menciono que debe estar alrededor de mil millones de dólares por año. Si se controla el aceite, el azúcar, el arroz, no puede ser que la coca, paradójicamente, no se controle. No pude ser que el Gobierno siga hablando de incrementar los límites de cultivos a 20.000 has, cuando el año 2009 ya habían 30.900 has. Primero tenemos que reflexionar que el tema de las 20.000 has no funcionó, como tampoco funcionó el Plan Cocaína Cero. Mientras no se reconozca esto, no vamos a adelantar en nada con las nuevas leyes. Vamos a continuar de tumbo en tumbo hacia una mayor producción de cocaína y mayor cantidad de problemas.
El hecho de endurecer las penas, de controlar el tema financiero está bien, pero no le va a sacar un pelo a los narcotraficantes porque operan internacionalmente, invierten gran cantidad de drogas, saben que van a quitarles 10, pero van a ganar 90 porque están en un territorio donde hay mayor materia prima para la producción de cocaína.
Ernesto Justiniano
es exviceministro de Defensa Social.
La Razón