Óscar Díaz
La prensa no siempre es sinónimo de comunicación. En rigor, pocas veces lo es, al menos en Bolivia, pese a que con naturalidad (y desconocimiento) se asume que los periódicos, como la radio y la TV, son medios “de comunicación”.
Teóricamente hablando, la comunicación se logra mediante un proceso que exige la participación del emisor y el receptor de un mensaje, pero hay una condición sine qua non: entre los dos primeros debe establecerse una relación de reciprocidad.
Hace poco, en la mesa “Comunicación, Periodismo y Democracia” del VI Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos que se realizó en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y el Museo de Etnografía y Folklore, señalé la violación de un derecho constitucional (el de la comunicación) por parte de un grupo de medios de prensa, amparados en una normativa (la ley antirracismo) que, a su vez, vulnera derechos reconocidos tanto dentro como fuera del país (Naciones Unidas, por ejemplo), en una cadena de caprichosas infracciones de la que, para variar, salen perjudicados los usuarios. Se está atentando contra los derechos a la libertad de opinión y de expresión; a la libertad de prensa; a difundir informaciones por cualquier medio de expresión; a comunicar libremente la información.
Este tema debería preocupar a todos (no solo a periodistas y medios), tomando en cuenta la significación de los derechos a la comunicación (arts. 21 y 106 de la CPE) y al acceso a las telecomunicaciones (art. 31). “La responsabilidad del Estado” con relación al “acceso universal a la información, al conocimiento y a la comunicación como bienes públicos” está prevista incluso en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011; un plan de nombre ostentoso (“Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien”) que no ha sido el más idóneo para que la mayoría viva, siquiera, regular.
“Si no hay comunicación, no hay sociabilidad, no hay sociedad, no hay hombre sobre el planeta”, escribió Raúl Rivadeneira Prada (Temas de comunicación, 1998). No obstante esto, los usuarios de los medios de prensa vía internet están siendo privados de uno de sus derechos fundamentales, quizá —deduzco—, por la errada creencia de que son pocos en comparación con otros públicos (la ley es para todos: para millones y para uno). Lo cierto es que acaban sometidos a un fuego cruzado entre el Gobierno y los periódicos (salvo La Razón y Página Siete); y paradójicamente Cambio, supeditado a fondos estatales y cuyo lema es: “La Verdad nos hace libres”, tampoco permite a sus usuarios tomarse la libertad de participar, al pie de sus informaciones, por la red de redes.
Los diarios bolivianos se caracterizan por estar a la vanguardia de la defensa de las libertades de expresión y de prensa; lo han demostrado cada vez que éstas se han visto amenazadas, por lo que no ha debido ser fácil para ellos tomar la decisión de vulnerar un derecho reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
Tiene asidero el justificativo de que la ley antirracismo y otras atentatorias contra las libertades de la prensa pueden ser herramientas del Gobierno para controlar la información y la opinión en los medios. Pero no está bien cobrarse desquite de la pérdida de derechos propios castigando a otros con la supresión de derechos ajenos.
En la era de las comunicaciones, todos los periódicos serios del mundo se enfrentan a diario con el riesgo de recibir intervenciones discriminatorias o racistas a vuelta de información en sus páginas webs, y sin embargo ninguno restringe la participación de sus usuarios. Hay maneras de evitar la difusión pública de contenidos no permitidos, como la utilización de filtros, lo cual, según entiendo, se aplica con acertado criterio en La Razón.
La Razón – La Paz