La Paz. – La implementación del Sistema Único del Registro de Derechos Reales por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (Agetic) es rechazado por los legisladores de la oposición y del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), porque el Ejecutivo tendrá acceso a la información de la propiedad privada.
“Nosotros queremos denunciar que en este sistema está ingresando el Ejecutivo a través de la Agetic, instancia que está a cargo del Ministerio de la Presidencia para controlar la propiedad privada de la población boliviana, la propiedad de los bolivianos estaba resguardada por el Órgano Judicial, por el Consejo de la Magistratura específicamente, pero ahora hay una intromisión del Ejecutivo”, afirmó a la ANF el diputado evista del MAS Santos Mamani.
El decreto fue promulgado el 10 de abril por el presidente Luis Arce, en el que se plantea la conformación de la Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales por parte del Consejo de la Magistratura, en un plazo de 30 días calendario a partir de la vigencia de la norma.
Al respecto, su colega de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca dijo que no se puede permitir que los consejeros prorrogados de esa instancia judicial se encarguen de la conformación de esa instancia nacional, ya que serán elegidos a dedo y con base en interese políticos.
“El Gobierno pretende pasárselo a un comité o a un grupo de seis funcionarios públicos elegidos a dedo, siempre con criterios políticos por el gobierno y lo que preocupa mucho es que en las disposiciones transitorias establece un plan de regularización del derecho propietario del Estado, por el que cualquier entidad estatal puede decir que una determinada propiedad es mia.
La norma también fue cuestionada por diferentes sectores sociales, entre ellos los gremiales y juntas de vecinos, quienes exigieron la abrogación del decreto supremo y en caso de que el Gobierno no escuche sus demandas, advirtieron con movilizaciones.
Otra de las observaciones que hizo Mamani es que el gobierno vulneró el principio de la jerarquía normativa y la reserva legal, ya que las modificaciones e implementación a la Ley 1887 debieron realizarse a través de un proyecto de ley y no mediante una norma de bajo rango.
“Lo más grave de esto es que se vulnera el principio de la jerarquía normativa y de la reserva legal. El contenido de este decreto debería ser aprobado a través de una ley y lo que está haciendo es aprobarlo a través de un decreto, al mejor estilo de un gobierno autoritario donde solo así es posible gobernar”, manifestó.
La noma
El decreto tiene el objetivo de reglamentar la Ley de 15 de noviembre de 1887 “de Inscripción de Derechos Reales”, además de las disposiciones del Código Civil y otras normativas relativas al funcionamiento y organización de Derecho Reales. Además, tiene la finalidad de modernizar el registro de esa instancia.
El decreto reglamentario es bastante amplio ya que contiene 91 artículos, cuatro disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria y siete disposiciones finales en el que se establece un plazo de 30 días calendario para la implementación de la Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales.
La disposición transitoria tercera determina que el Consejo de la Magistratura en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (Agetic), implementará el Sistema Único del Registro de Derechos Reales.
A la vez, la persona que esté a cargo de la instancia nacional tendrá un tiempo de 180 días calendario para iniciar el proceso de institucionalización de cargos en el Registro de Derechos Reales en todos sus niveles, a través de una convocatoria pública.
Las acciones
El diputado Mamani informó que en las próximas horas presentará un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra el decreto supremo, porque vulnera la Constitución Política del Estado y representa una intromisión por parte del Ejecutivo en la información sobre la propiedad privada.
“Se está actuando de forma arbitraria, esto corresponde un debate de la norma en el legislativo y se respete la independencia de los órganos, por eso vamos a presentar este recurso abstracto de inconstitucionalidad porque no se puede controlar de forma arbitraria los bienes”, señaló.
Al respecto, Roca confirmó la creación del Consejo de Defensa de la Propiedad Privada (Codepp) que asumirá acciones en contra de la norma, consideró que la vía legal no es la más apropiada tomando en cuenta que la justicia responde a intereses políticos del gobierno. Por lo tanto, dijo que la mejor opción es que la gente salga a las calles, adelantó que existen dos fechas para las protestas.
“Por eso pensamos que el pueblo se tiene que manifestar en las calles de manera democrática, de manera pacífica, pero es a través de una protesta callejera. En Santa Cruz se movilizarán el 10 de mayo y en La Paz se lo hará el 20 de mayo, ya se están organizando las medidas de presión”, explicó.
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