El Gobierno propone que reporteros lleven distintivos más claros.
Dato. Un informe de la ANP dice que cuantas más descalificaciones hacen autoridades de Gobierno de los periodistas, el nivel de agresión de sectores sociales aumenta.
Periodistas que marcharon en defensa de la libertad de expresión son echados de plaza Murillo. APG
Las agresiones a periodistas bolivianos continúan en ascenso y no son investigadas, según el reporte de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de la ANP.
Datos de esa entidad, correspondiente a la gestión pasada (2011) da cuenta que hay al menos 200 denuncias de ataques a comunicadores en todo el país.
El informe publicado destaca que “de manera coincidente, y mientras los principales funcionarios de Gobierno, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera expresaban enérgicas críticas a los periodistas, los sectores afines al Gobierno y al MAS se desbordaron en acciones de violencia contra reporteros, fotógrafos y camarógrafos de televisión”.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó ayer que el Gobierno “ha lamentado en reiteradas ocasiones las agresiones que sufren los periodistas por parte, muchas veces, de la Policía durante la cobertura de su trabajo; esto se produce en situaciones de fricciones, de movilizaciones callejeras”.
Dávila hizo notar que muchas de estas movilizaciones derivan en violencia generada por “grupos mimetizados” para provocar violencia, afectando a las personas que se encuentran en el escenario de conflicto como periodistas e incluso a policías, como en los recientes conflictos.
“El Gobierno ha iniciado investigaciones en los casos (de agresiones) que merece y en otros se contactó con las personas afectadas, ha pedido disculpas en algunos casos y otros casos se han esclarecido”.
Entre los casos de agresiones reportados a la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de la ANP da cuenta que en enero de 2011 una periodista del periódico El Diario, Rosío Flores, fue agredida por dos funcionarios del gobierno municipal de El Alto.
El médico que valoró las lesiones de la comunicadora determinó inhabilitación de ocho días.
En febrero, el periodista José Luis Patuy de la red televisiva Uno denunció que supuestos agentes del Ministerio de Gobierno seguían de cerca su trabajo después de que entrevistó a Ignacio Villa Vargas (El Viejo), uno de los testigos del caso Rósza.
El 15 de abril, periodistas y fotógrafos sufrieron agresiones de policías y maestros rurales que bloqueaban la carretera a Oruro, a la altura de La Apacheta. Uno de los agredidos fue el fotógrafo de Página Siete Henry Ponce, a quien además se le sustrajo las memorias de su cámara.
Denuncias como éstas no fueron esclarecidas, pese a que los casos fueron denunciados. Hasta ahora no se conocen a los agresores de periodistas.
La ministra Dávila dijo que las organizaciones de medios le expresaron al Presidente que algunas veces son afectados por la violencia por parte de la Policía y de otros sectores. “El Presidente tomó cartas en el asunto para evitar que (los periodistas) sean afectados, se está pensando que los periodistas puedan llevar distintivos más claros que los identifiquen como hombres y mujeres de la prensa. No se puede generalizar y no se puede decir que (las agresiones) forma parte de una política, de lo que se trata es dar mayor seguridad al trabajo de los periodistas”.
Página Siete / La Paz