Reportaje. Sobre las demandas de las personas discapacitadas planea un caso de posible corrupción. Según Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, el gobierno no supo justificar el destino de los 5,8 millones de dólares asignados en 2011 al fondo para personas con discapacidad.
Represión a discapacitados en las cercanías de Plaza Murillo (Foto: ANF)
Por FRANZ CHÁVEZ
LA PAZ, 17 Mar. (IPS/ANF).- Un bono anual que apenas alcanza para comprar un pan y una taza de café por día es lo que obtuvieron las personas con discapacidad después de recorrer 1.520 kilómetros durante 100 días en una caravana de sillas de ruedas, pero los promotores de la protesta están satisfechos con los resultados y las consecuencias sociales de su movilización.
"La protesta tuvo un efecto muy fuerte en la sociedad porque, antes de la caravana, la problemática era conocida en las clases empobrecidas, pero ahora alcanza a las clases altas, donde se toma conciencia de la discapacidad", declaró a IPS uno de los promotores de la movilización, Carlos Mariaca.
El activista encabeza desde 2002 las acciones en defensa de los derechos del colectivo y actualmente es secretario general de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, a pesar de una parálisis casi total que lo mantiene en una silla de ruedas, a consecuencia de una mala práctica médica.
La magra recompensa de un subsidio provisional para este año de 1.000 bolivianos solo beneficiará a 13.500 personas consideradas con discapacidad grave o muy grave, mientras que otras 26.500 afectadas por minusvalías deberán esperar un reglamento sin fecha para que se determine alguna ayuda.
La representante adjunta de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico, declaró a IPS por su parte que "existe el compromiso del gobierno para ampliar el beneficio del bono de manera progresiva, pero quedan en agenda la atención a las demandas del ejercicio de derechos para acceder a la salud y fuentes de trabajo".
Según un censo realizado con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, unas 40.000 personas sufren diferentes discapacidades en Bolivia. De ese número, unas 13.500 presentan niveles grave y muy grave, no tienen capacidad de transportarse por medios propios y tienen grado parcial o total de dependencia.
Un sondeo especial estableció tras la movilización que el 60 por ciento de los 10,6 millones de habitantes del país respalda la concesión de un bono y otros beneficios a las personas con discapacidades.
La caravana integrada por unas 150 personas atravesó cinco de los nueve departamentos en sillas de ruedas, apoyadas en muletas o asistidas por sus familiares, y terminó el 23 de febrero en forma violenta, cuando la policía reprimió duramente a los manifestantes para impedir su acceso a la Plaza Murillo.
El presidente Evo Morales promulgó la Ley General de Trato Preferente para Personas con Capacidades Diferentes el 2 de marzo, lo que puso fin a la huelga de hambre de decenas de personas, iniciada al concluir la caravana de 100 días en demanda de un bono de 3.000 bolivianos.
En opinión de Mariaca, las personas con niveles moderados de discapacidad, que al menos por ahora están excluidas del beneficio económico, como el caso de los niños y adultos con discapacidad intelectual y mental, requieren el apoyo del Estado porque dependen de sus familias.
Mariaca anticipó la realización de nuevas protestas para presionar al gobierno, a fin de que cumpla los compromisos incluidos en la ley y satisfaga algunas demandas importantes que quedaron pendientes, entre ellas la extensión del bono a todas las personas discapacitadas.
Sobre las demandas de las personas discapacitadas planea un caso de posible corrupción. Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, explicó a IPS que el gobierno no supo justificar el destino de unos 5,8 millones de dólares que fueron asignados en 2011 a la creación de un fondo para personas con discapacidad.
"No se sabe dónde ha ido ese dinero. El gobierno asegura que 20 millones de bolivianos (2,8 millones de dólares) fueron invertidos en actividades de formación", declaró Carvajal, pero ello no consta a las organizaciones involucradas.
Sillerico aseguró en la fase de consultas y redacción del reglamento que se abre ahora, la Defensoría del Pueblo tendrá la tarea de realizar consultas con la confederación que agrupa a las personas discapacitadas.
La representante de la defensoría considera que las personas beneficiarias de esta legislación no deben ser consideradas parte de un tema de salud pública, sino como sujetos de derechos, más aún por el respaldo de 60 por ciento de la población a sus demandas.
El representante en Bolivia del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Jaime Nadal, pidió al gobierno aplicar políticas reales de inclusión de las personas con discapacidad, en particular para las mujeres.
Una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo reveló que 84 por ciento de las mujeres con limitaciones físicas se sienten discriminadas en empresas públicas y privadas, mientras 59 por ciento de este grupo están excluidas del mercado laboral.