Karen Arauz
El asesinato de dos periodistas indígenas en la ciudad de El Alto ha desatado una avalancha de protestas pidiendo la pena de muerte como si en ello estuviese la solución. Es obvio que aspiran a condenas sumarísimas y que los culpables sean ejecutados de inmediato o al amanecer.
El “ojo por ojo”, “diente por diente” en el afán de retribuir a un asesino con una pena similar a la cometida, es simple oscurantismo. Nadie garantiza, ni aun en los países donde se la aplica, que la criminalidad y la delincuencia disminuya con su aplicación.
Si bien es cierto que el Estado, la Policía y la ciudadanía están en la obligación de unir esfuerzos para frenar esta ola demencial de criminalidad, no es menos cierto que los grados de efectividad y obligación son de responsabilidad constitucional del gobierno y los mecanismos llamados por ley para enfrentar esta situación.
La falta de respuesta institucional, tiene a la ciudadanía inerme relegando su participación a un mínimo de seguridad personal y de su círculo familiar. Frecuentemente, la frustración ante la total indefensión los arrastra a unirse para optar por lo más lejano al sentido de justicia que existe que son la tortura y el linchamiento. La justicia comunitaria mal entendida, goza de la mirada esquiva de la justicia ordinaria y legal que es tan laxa en este vergonzoso acápite, que esos linchadores están en cualquier parte menos en la cárcel.
La Policía nacional es tan pobre que un cuarto de pollo es suficiente para dejar fugar un narcotraficante y criminal confeso. De nuestros policías se espera mucho más de lo que están dispuestos a dar en virtud a su escasa preparación, paupérrimos salarios y la ridícula dotación de insumos. De los policías que deben comprar su propia arma de reglamento para seguridad personal y desempeño de sus funciones, lo más probable es que sean pocos los que lleguen algún día siquiera, a pisar con sus cansados botines el nuevo comando nacional, que con cinco millones de dólares se está empezando a construir. Es pública la aprobación de un mayor presupuesto para salarios de la Policía. No hay duda que los comandantes están hoy mejor pagados que nunca.
No sé cuántos han tenido la oportunidad de observar “Red Policial” que en televisión por cable posee hoy la Policía nacional. En ella no se emiten programas de educación o ayuda para la ciudadanía, pero si, profusa propaganda gubernamental, películas piratas y vulgares video clips.
La inexistente voluntad política -más allá de los histriónicos gestos de dotación de movilidades casi inservibles- y el anuncio de la colocación de cámaras de seguridad, nos hacen pensar que estamos en un camino sin retorno.
En el año 2006, la estadística de criminalidad colocaba a Venezuela en el décimo tercer puesto de 193 países del mundo. Menciono Venezuela porque es el alter ego de los que hoy están gobernando Bolivia, quienes remedan cada uno .de los pasos de sus políticas actuales. Bolivia, para colmo, tiene el estigma de ser el entusiasta tercer productor mundial de la materia prima para la fabricación de cocaína. Y si aún quedase alguna duda de la violencia que engendra el narcotráfico, sólo miremos el rumbo alucinante de México.
Lo que sucede por ejemplo en Santa Cruz, va más allá del surrealismo. Y la mayoría de los crímenes que se cometen tienen de una u otra manera, vínculos con el tráfico de drogas o el blanqueo de capitales. Sin excluir estas mismas causas, en La Paz y El Alto, al parecer la mayor incidencia se deriva de la desocupación y la sobrepoblación. Sin mencionar el alcoholismo y la inhalación de clefa.
Atroz la facilidad con que se dispone de fondos públicos para ser utilizados en necesidades secundarias o totalmente superfluas (nuevos palacios de gobierno o museos ofensivos para sólo mencionar un par) y se posterga la construcción por ejemplo, de cárceles seguras que den fin al hacinamiento y la inseguridad, bien custodiadas, con personal entrenado y remuneraciones acordes con la gran responsabilidad.
El Viceministro de Seguridad Ciudadana en las últimas horas, en frenético discurso, señaló al Código de Procedimiento Penal como el único causante del recrudecimiento de la delincuencia. Es obvio que hay reformas que se tendría que encarar, pero esta posición se adivina afín con la filosofía de ciertos funcionarios públicos de la actual administración, muy proclives a la penalización con cero esfuerzo en la prevención.
Convengamos que la génesis de la situación vertiginosa de criminalidad en la que se está sumergiendo el país se llama pobreza y desempleo. Se llama ausencia de valores y principios, se llama narcotráfico y se llama corrupción de muchos administradores de justicia sean estos jueces o fiscales.
Todo esto nos lleva a demandar una gestión de gobierno que sea eficiente, que equivale a hacer las cosas bien, y eficaz, que equivale a hacer las cosas correctas.