Secuestran a testigo principal de linchamiento de policías en Potosí; ayllus admitieron asesinato

La defensa sospecha que la víctima está en Saca Saca, norte de Potosí. La joven es la única persona que presenció la muerte de los uniformados. Los comunarios anuncian que revelarán nombres de los autores del hecho ocurrido en 2010. En un cabildo realizado el 26 de mayo de 2010, ayllus admitieron que lincharon a uniformados.

imagePágina Siete / La Paz – 30/06/2012

Uno de los fallecidos cuando fue sometido a estudio forense. Archivo Página Siete



La principal testigo del linchamiento de cuatro policías, ocurrido en el norte de Potosí en 2010, Modesta A., de 17 años de edad, fue secuestrada el jueves. Estaría retenida en la comunidad de Saca Saca. Aunque una autoridad originaria anunció que la joven está bajo resguardo.

El abogado de los familiares de los policías linchados, Jhonny Buheso, confirmó ayer a los medios que la testigo “fue secuestrada ayer (por el jueves) y trasladada a la localidad de Saca Saca (norte de Potosí). Los autores serían las mismas autoridades originarias del lugar”.

A fines de mayo de 2010, los policías Nelson Alcócer Casano, Miguel Ramos Palluni, Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alave Arias fueron linchados.

Buheso recordó que Modesta A. residía desde 2011 en la ciudad de Oruro, pero se trasladó por “alguna razón” a la población de Uncía. “Tememos por su vida, queremos saber dónde está y qué está pasando en este momento con ella”, afirmó.

Otras autoridades policiales potosinas presumen que la joven se trasladó hasta Uncía junto a su padre para realizar diligencias dentro de este proceso “y entonces la habrían detenido y posteriormente secuestrado”.

Buheso y un informe de la Policía coincidieron en que, en este momento, ingresar a Uncía con un contingente policial podría causar un violento enfrentamiento y que por ello se descarta cualquier acción de fuerza.

El abogado precisó que no se puede ingresar a la zona porque hay una especie de alerta contra las autoridades policiales que investigan el caso. En declaraciones a los medios locales, hace dos meses, Buheso había señalado que no se animaba a ingresar por temor a las represalias. “Este secuestro confirma que se trata de una venganza”, añadió.

El proceso es largo y complicado. El sospechoso Hilarión Escapa Gallego tiene detención domiciliaria. Luego cayeron Filomena Muruchi y Francisco Auca, ambos con detención preventiva en la cárcel de Cantumarca en Potosí. A raíz de las declaraciones de la joven, ahora secuestrada, se citó por edicto a otras cinco personas que también serían autoras del linchamiento.

Según el reporte de radio Pío XII de la red ERBOL, Ángel Coyo, autoridad de los ayllus de la región nortepotosina, dijo que en el caso específico de Modesta A., no está de rehén y que sólo está bajo resguardo para evitar que los presuntos linchadores atenten contra su vida.

Dijo que en la asamblea de la población de Cala Cala se determinó dar un plazo de 24 horas al fiscal de Distrito, Sandro Fuertes, y al fiscal Trifón Romero para que lleguen a esta región a fin de hacer declaraciones y dar los nombres de las personas que habrían sido autoras directas del linchamiento. Sin embargo, no quiso adelantar ninguno de los nombres de los presuntos autores del hecho ni determinar si se trata de varones o mujeres.

Tras autos chutos

Causa. El entonces comandante de la Policía, Óscar Nina, informó que los cuatro policías llegaron hasta la zona con fines de investigación, porque dos vehículos robados habían tomado ese rumbo.

Hecho. Los policías fueron interceptados por un grupo de pobladores, que al percatarse de su presencia, los retuvieron, supuestamente porque los confundieron con asaltantes disfrazados de policías.

Negociación. El comandante de la Policía de Cochabamba llegó hasta el lugar. Ingresó para intentar conversar con los comunarios, pero entonces recibió la noticia que habían ajusticiado a los cuatro uniformados. Recuperaron los cuerpos, pero los pobladores realizaron un pacto de silencio.

En un cabildo ayllus admitieron que lincharon a uniformados

Las autoridades originarias de los cinco ayllus del municipio de Uncía, provincia Rafael Bustillo del norte de Potosí, admitieron en un cabildo, realizado el 26 de mayo de 2010, que lincharon a cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) Oruro, reportó entonces ERBOL.

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Una vista de la zona Mallku Khota del norte potosino. Archivo Página Siete

Las autoridades originarias de los cinco ayllus del municipio de Uncía, provincia Rafael Bustillo del norte de Potosí, admitieron en un cabildo, realizado el 26 de mayo de 2010, que lincharon a cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) Oruro, reportó entonces ERBOL.

“Hermanos, no hemos matado policías, (sino) hemos hecho morir a ladrones disfrazados de policías”, aseveró una de las autoridades originarias, en el idioma quechua, a momento de tomar la palabra frente a la multitud en el cabildo abierto.

Otras dos personas que participaron en la concentración también admitieron en idioma quechua que mataron a cuatro personas, pero al igual que su antecesor, ratificaron que en realidad eran ladrones camuflados.

El suboficial Nelson Alcocer Casano, el cabo Rubén Cruz Aruquipa, el cabo Esteban Alade Arias y el policía Miguel Ramos Payuni fueron los efectivos linchados.

Entonces, el comandante de la Policía, Óscar Nina, afirmó que esta institución no actuó en el rescate de los cuatro uniformados. Indicó que tampoco se aplicó ningún operativo de rescate durante los 12 días que los policías estuvieron retenidos por los comunarios de los ayllus de Uncía, es decir, desde el domingo 23 de mayo de 2010, cuando desaparecieron los efectivos, hasta el siguiente viernes 4 de junio, cuando sus cuerpos sin vida fueron recuperados.

Luego, el fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, que logró recuperar los cuerpos de los cuatro policías linchados, afirmó que la causa de la muerte de los uniformados fue Traumatismo Encefalocraneano (TEC).

El jurista trasladó a los fallecidos en dos vagonetas, después de participar en el levantamiento legal de los cadáveres y convencer a los originarios de la en trega de los cuerpos, que posteriormente fueron entregados a sus familiares en el cementerio de la ciudad de Oruro.