Marcelo Ostria Trigo
El portal de Internet de BBC-Mundo, en una nota (19.07.2012) sobre el asilo diplomático concedido por el gobierno del Brasil al senador opositor Roger Pinto, afirma que “No solo su suerte personal (la del senador Pinto) es incierta, sino hasta el futuro de las normalmente buenas relaciones bilaterales (entre Bolivia y Brasil), ya que algunos analistas consideran que esta situación podría degenerar en un impasse diplomático”.
Esto ya se ha agravado. Persiste la pretensión del gobierno de Bolivia de que Brasil revierta la concesión de asilo al parlamentario boliviano, lo que es impensable para Itamaraty, ya que, con seguridad, ha examinado con cuidado las circunstancias de esta solicitud de asilo.
Tampoco contribuyen –y esto es más grave– a que el Gobierno brasileño atienda el curioso pedido de revisión, las recientes declaraciones de la ministra de comunicación, Amanda Dávila, que afirmó que la concesión de este asilo fue “apresurada” y que el embajador brasileño en La Paz está actuando como “vocero político de Pinto”.
Itamaraty expresó recientemente que no considera que lo dicho por Dávila tenga carácter oficial. Esto –para quien deba entender el mensaje–, significa que se espera que la cancillería boliviana ratifique o descarte lo afirmado. También extrañará que la ministra haya expresado que la negativa de extender el salvoconducto se basa en “la normativa correspondiente”, aunque se cuidó de decir que la calificación de un presunto delito –político o común– de quien solicita el asilo, corresponde únicamente al Estado recepto.
En un comunicado –citado por BBC-Mundo– la oficina de prensa de la Cancillería boliviana habría afirmado: “No corresponde al gobierno boliviano emitir ese permiso (el salvoconducto)…”, porque “el salvoconducto debe ser otorgado por un organismo internacional y no por el gobierno boliviano”. Si no fuera la cancillería la que habría hecho esta afirmación, se podría creer que proviene de un despistado funcionario ajeno a la diplomacia.
La ministra Dávila y los responsables del comunicado, se hubieran ahorrado estas gaffes, con leer y comprender la convención americana sobre derecho de asilo de 1954: “Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución” (Art. IV). “…será respetada su determinación (la del estado asilante) de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido” (Art. IX). No se conoce –porque no hay– ninguna norma que establezca que los organismos internacionales sean los que extiendan salvoconductos en los casos de asilo diplomático.
Quizá, la pasividad de los estadounidenses, ante los insultos y agresiones verbales de personeros del gobierno boliviano, haya animado a funcionarios y dirigentes de oficialismo a seguir en este caso el mismo camino (“La Embajada brasileña se convierte en refugio de delincuentes comunes” – Gabriela Montaño, Presidente del Senado), pero ya se advierte que Brasil seguramente tendrá menos paciencia, al ser nuestro vecino y el que nos compra la mayor parte del gas con que vive la nación.
Un despacho de ANSA, publicado en Página Siete (20.07.2012), informa que “miembros del Servicio Exterior brasileño manifestaron su "indignación" con la ministra de Comunicaciones boliviana Amanda Dávila, quien censuró al embajador brasileño Marcel Biato, y llegó a compararlo a un diplomático norteamericano que era visto como un enemigo del presidente Evo Morales”.