Que el canciller David Choquehuanca pesa cada vez menos en el esquema de gobierno es algo bastante evidente.
Basta tener en cuenta la reciente sesión del Consejo Permanente de la OEA, de la cual fue relegado por decisión presidencial, siendo sustituido por el ministro de gobierno, Carlos Romero.
Pero las revelaciones presentadas por el ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, sugieren algo mucho peor: que incluso se habría llegado a poner en riesgo su seguridad por parte de agentes policiales infiltrados en la VIII Marcha Indígena, operativo que, presumiblemente, tuvo lugar con anuencia de altos mandos en el Ejecutivo.
La evidencia mostrada por Albarracín indica que fue la cabo Angélica Cáceres Quispe, enviada por la inteligencia, quien instigó la breve retención del canciller, que sin embargo no derivó en secuestro por decisión de los dirigentes indígenas, dejando sin excusa a la violenta disolución de la marcha que tuvo lugar un día después.
“La idea era responsabilizar a los indígenas del secuestro al canciller Choquehuanca. El gobierno introdujo sus agentes de inteligencia para montar un falso escenario”, denunció Albarracín.
Probablemente, la información tenga su origen en los ex funcionarios del Ministerio de Gobierno caídos en desgracia y encarcelados en Palmasola, como el ex director de régimen interior, Boris Villegas, y el ex asesor Fernando Rivera, a quienes el dirigente de la CIDOB Adolfo Chávez visitó en el penal recientemente.
El asunto parece confirmar una práctica manipulatoria gubernamental, que en distintas oportunidades (caso Porvenir, caso Rozsa) se habría enfocado en la construcción de escenarios de confrontación o directamente en montajes, que justificaran la posterior represión oficial…