José Luis Santistevan Justiniano
La Constitución actual tiene más de cuatro años de vigencia y la ley marco de autonomías superó los tres años, hace cinco años se aprobaron los estatutos reconocidos por la Constitución, cuya vigencia no necesita nueva votación ciudadana. También hace más de siete años que conocemos la conducta del gobierno, que dicho sea de paso, muchas hechos deplorables han sido enterrados bajo el manto de la deformación de la justicia. Hasta hoy solo hemos producido discursos contestatarios para salir bien ante los cruceños, sabiendo que no se van a cumplir y que solo buscan no seguir desgastando el liderazgo cruceño, en otras palabras, hay una violación consentida sobre los derechos políticos y de ciudadanía, la última de ellas son los datos del censo, que solo es contrarrestada con discursos irreales, como aquello de realizar un censo departamental o de utilizar una ley de estadísticas para hacer un censo. Cuando hasta ahora terminamos de asumir lo que iniciamos hace diez años. Habiendo llegado, a partir de dos niveles de gobierno, a tener cinco niveles autonómicos y setenta y nueve competencias (43 municipales y 36 departamentales) cuya base de desarrollo están en la constitución y la ley marco de autonomías. Más allá de las reformas constitucionales a que aspiremos los cruceños, el avance constitucional lo constituye el principio de libre determinación y autogobierno que hasta ahora no hemos asumido, aún ante las adversidades que no son novedad con el actual régimen de autonomías centralizadas e impulsadas por el nivel central del Estado.El modelo autonómico iniciado desde el primer encuentro realizado en FEGASACRUZ (noviembre de 2003) diseñó un modelo cuyas características constituía el autogobierno con provincias y distritos autónomos, con competencias, recursos y democracia directa de los ciudadanos. Asimismo, el actual modelo de autonomías del gobierno centralista, estableció que los estatutos, incluida su adecuación, y las cartas orgánicas son potestativas, no tienen términos ni límite de tiempo para su adecuación, por ello, incluyó que la cualidad legislativa o la ley autonómica mantiene el mismo rango de los estatutos y cartas orgánicas, para construir, sobre la libre determinación, el autogobierno en toda la territorialidad departamental y municipal. No asumir esta responsabilidad es algo que hasta hora se entiende, puesto que a raíz de esta omisión autonómica se ha perdido el control de la territorialidad, por ejemplo: Santa Cruz produce casi el 80% de los alimentos para el País, donde los gobiernos autónomos no tienen ninguna incidencia en la consolidación del modelo productivo cruceño, a raíz de ello, se construye la agenda 2025 sin participación de los actores territoriales. Lo mismo sucede con las diez millones de hectáreas de Tierras Comunitarias de Origen TCO, se debaten en las mimas condiciones de desarrollo desde hace diez años sin participación de sus autonomías. También el autogobierno en la territorialidad del medio ambiente, donde se debaten en las puertas del desastre ecológico casi trece millones de hectáreas entre áreas protegidas, parques y reservas de biodiversidad, mientras un funcionario autónomo sigue decomisando cotorras en las avenidas y los mercados. Podríamos seguir enumerando las competencias y los principios de autogobierno, que la constitución y la ley marco nos han otorgado y que siguen siendo la médula autonómica pendiente de ejecución. Basta ver la pirámide de Kelsen incluida en el artículo 410 de la constitución. Los estatutos y las cartas orgánicas no darán mayores competencias, ni más recursos tampoco modificarán nuestra territorialidad, el gobierno nacional seguirá construyendo su estructura jurídica centralista porque ese es su modelo. Los denominados líderes cruceños para hacer lo que han hecho hasta hoy no necesitan estatutos, cartas orgánicas ni leyes autonómicas. ¿Qué hacer frente a este escenario? Donde la cualidad política cruceña mantiene un nivel intelectual bajo, donde los ciudadanos saben perfectamente que no hay más de los que actualmente ejercen el poder regional, y que los que están como alternativas son más de lo mismo, porque no solucionarán el problema de la ineficiencia y falta de transparencia de los actuales. Los caminos críticos ante la urgencia regional: Construir sobre la base de la libre determinación el autogobierno autonómico de Santa Cruz, asumir las competencias exclusivas, desarrollar las compartidas y reglamentar las concurrentes. Para ello es necesario aprobar y ejecutar diez leyes medulares: -ley de bases para la descentralización provincial-ley de bases para la descentralización distrital -ley de bases para el desarrollo productivo cruceño – seguridad jurídica – alimentaria (seguridad – red carreteras) -ley de bases de medio ambiente (áreas protegidas, parques y reservas)-ley base de desarrollo de los pueblos indígenas de Santa Cruz -ley base de desarrollo de la región metropolitana CRES-ley de bases para instrumentos de la democracia directa -ley base de servicios públicos regulados (transportes) -ley de bases de desarrollo de la región del Pantanal, Mutún y Puerto Busch -ley base de desarrollo humano – salud – educación – seguridad ciudadana y-la ley financial departamental – municipal sobre tributos, ingresos y distribución de recursos por habitante como manda el censo. Para hacer esto no se necesitan estatutos ni cartas orgánicas solo leyes autonómicas, así está diseñado el modelo. *Abogado municipalista