Los medios de comunicación de línea independiente al gobierno del MAS, de manera indirecta o directa sienten el rigor de la censura en sus contenidos en forma constante y sostenida, según advierte la Asociación de Periodistas de La Paz.
Medios de comunicación en la mira del Gobierno
Organizaciones periodísticas defienden la vigencia de la Ley de Imprenta y piden respeto a la libertad de expresión.
EL DIARIO, Bolivia.- Los medios de comunicación bolivianos que se autodenominan de línea independiente al gobierno del Movimiento Al Socialismo, de manera indirecta o directa sienten el rigor de la censura en sus contenidos en forma constante y sostenida, según apreciaciones de la Asociación de Periodistas de La Paz.
Esta aseveración se sustenta con hechos y el último emanó de las declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien apuntó hacia el periódico paceño Página Siete, que –a su parecer- tendría influencia prochilena en contra de los intereses bolivianos de recuperar el mar.
Después de las declaraciones del Ministro, el diputado oficialista, Rodolfo Calle, aseguró que “el partido de Gobierno continuará investigando a otros medios que están en la mira”.
A esta advertencia se sumó la del legislador oficialista Galo Silvestre Bonifaz quien dijo “tener en su poder pruebas de dos medios de comunicación que estarían trabajando con la línea contraría al Gobierno con el tema marítimo”.
Empero, la ola de ataque a los medios de comunicación tuvo su origen en la denuncia del primer mandatario del Estado, Evo Morales, quien en su discurso por el Día de la Independencia, el 6 de Agosto pasado en Cochabamba, dijo que “en el país existen medios de comunicación cuyo fin es ocasionar conflictos internos”.
El legislador Calle, en últimas declaraciones, aseguró: “(De momento) tenemos la pruebas contra Pagina Siete, (…), una vez que tengamos los documentos, las pruebas de otros medios, ahí vamos a decir cuáles son los que también están en esta línea, está en una investigación porque hay que ser muy responsables con la población, hay que dar a conocer las pruebas”.
Señaló que el 5 por ciento de medios de comunicación en el país son observados como contrarios a las políticas de la demanda marítima, y que éstos están siendo investigados; resaltó que el 95 porciento “son buenos medios y que por unos cuantos se trata de generalizar a todos”.
“Eso no es correcto se debe identificar a estos medios de comunicación que hacen quedar mal a sus propios colegas”, dijo.
Insistió en afirmar que “el Gobierno deberá analizar si se denuncia legalmente”, sin embargo afirmó que “si el caso (acusación a Página Siete) va ante el Tribunal de Imprenta, el proceso tardaría mucho.
“Nosotros no estamos yendo por el camino jurídico, más bien estamos dando a conocer a la población. Los medios de comunicación tienen un Tribunal de Imprenta que está en vigencia y si el caso estaría ventilado por esta instancia, tardaría mucho tiempo, pero si el ministro Quintana presentara mayores pruebas, debería ser él quien presente la denuncia ante la Ley”, agregó.
En otro sentido de opinión la diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, señaló que “el Gobierno trata de amedrentar a los medios de comunicación, con la intensión de hacerlos ‘desaparecer’ y monopolizar la información”.
“No creo que haya ni un solo medio que esté al servicio de Chile, si bien es cierto que el partido en función de Gobierno es dueño del espectro electromagnético, pero de ninguna manera, de acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, se puede tener el control de más del 50 por ciento de los medios, pero ellos (el Gobierno) tienen un monopolio y lo único que pretenden es acogotarlos para que desaparezcan medios independientes y que luego tengan el absoluto control sobre la información”, señaló.
PRENSA ANTINACIONAL
La agencia de noticias estatal ABI, el pasado 15 de agosto, informó que la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, denunció la existencia de prensa antinacional dedicada a la desvalorización de políticas, marítimas o de nacionalización de hidrocarburos, instrumentadas por un gobierno nacional y popular como de Evo Morales.
La política editorial, el tratamiento periodístico y la estructura propietaria de Página Siete desvaloriza “la política estatal que contradice principios éticos de un medio que se dice nacional”, sostuvo.
“Ese tipo de periodismo contradice lo que estamos haciendo como país. Si estamos hablando de construir un nuevo país que está siendo reconocido en el mundo entero por sus políticas, por sus decisiones, por su trabajo, a través de lo que nuestro Presidente produce, necesitamos también un nuevo periodismo, necesitamos conjuntamente Estado, sociedad, pueblo construir ese periodismo”, explicó.
DATOS
. En 2012 el Gobierno promulgó una Ley de Seguro de Vida para periodistas.
. En opinión de ANP su finalidad es justa en apariencia pero con un trasfondo cuestionable y dirigido a confiscar recursos financieros de los medios de comunicación.
. También se despoja de ingresos financieros a los medios a través de impuestos y la publicación gratuita de mensajes educativos en espacios destinados a la publicidad, el principal ingreso para su sostenimiento financiero.
ANP llama a deponer “acciones de psicosis contra periodistas”
EL TRABAJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CONSTANTE DINÁMICA FRENTE A LOS ACONTECIMIENTOS COYUNTURALES.
EL DIARIO.- La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) difundió el pasado martes 13 un mensaje que condena “toda estrategia de chantaje, generación de un ambiente de psicosis, amedrentamiento y de agresiones económicas o tributarias contra los medios y exhorta a las autoridades a obrar con la responsabilidad, probidad y ecuanimidad”.
El diario cruceño El Deber denunció represalias del Gobierno “contra tres medios de comunicación que critican su gestión”, a través de la suspensión de la publicidad al periódico Página Siete y a dos redes de televisión.
La nota periodística que atribuye la versión a “fuentes gubernamentales” revela que el Ministerio de Comunicación prohibió la emisión de mensajes, después de dos reuniones de evaluación sobre el contenido de noticias críticas con la gestión del presidente Evo Morales.
El periódico cruceño habló con el viceministro de Gestión Comunicacional, Sebastián Michel, que dijo desconocer sobre la realización de las reuniones de análisis.
Según El Deber, “en los encuentros, que se desarrollaron el jueves 8 y lunes 12 de este mes (agosto), se habría presentado un estudio de monitoreo realizado por una unidad del Ministerio de Comunicación. Los papeles revelaban las noticias que dañan la imagen del Gobierno. En ese análisis, Página Siete y dos televisoras nacionales se vieron perjudicadas”.
“Después de un debate pasivo, entre cerca de diez personas en una sala del Ministerio de Comunicación, hubo una única conclusión: apuntar a estos medios con la reducción de publicidad estatal –en el caso de los canales- y mantener nulo en el rotativo paceño”, afirma la versión periodística.
El pasado domingo 11 de agosto, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó al periódico Página Siete de difundir una política favorable a corrientes políticas de la derecha chilena. El director del medio impreso, Raúl Peñaranda, negó la versión difundida por Quintana.
El Deber agrega que a las reuniones asistieron representantes de las direcciones de comunicación de los ministerios. El director de Página Siete confirmó que el medio no recibe publicidad oficial desde octubre del pasado año.
Autorregulación vs. autocensura
EL DIARIO.- La historia universal demuestra que la noticia es una herramienta que sirve para transmitir información y cuando ésta está acompañada por la libertad de expresión es una conquista del ser humano y la materialización de la democracia.
Los medios que se presentan como un poder de influencia son los que disponen de la capacidad de seleccionar la información y los asuntos de interés que centran la atención de toda la sociedad. Muchos autores estudian el uso poco responsable al que pueden llegar los medios con el fin de obtener beneficios personales. Una vez que la legislación pone límites al derecho de la información, los medios deben preguntarse de qué manera ponen en acción su uso responsable. Por tanto, este procedimiento de autorregulación no tiene en absoluto que ver con la censura ni con la autocensura.
La autorregulación no sólo es completamente diferente a la censura sino que, incluso, cabe afirmar, que dentro de un marco de libertades ya garantizado, es la mejor defensa frente a ella: es a quien dispone de un criterio propio, públicamente reconocido, a quien resulta más difícil imponerle otro distinto e instrumentalizarlo.
La autocensura ocurre cuando quienes trabajan en los medios condicionan su labor cualificada como informadores o comunicadores por miedo a las repercusiones negativas que sobre ellos pueda tener su trabajo: temor a perder fuentes informativas, amistades o privilegios, a perder posibilidades de ascenso o incluso el propio trabajo. La autorregulación supone, más bien, un ejercicio de responsabilidad y por tanto de libertad, de compromiso con los fines y valores propios de la comunicación.
La autorregulación tampoco consiste en la imposición de unos contenidos morales frente a otros. Es esencial que la autorregulación sea siempre fruto del consenso más amplio posible, de la iniciativa conjunta del mayor número posible de agentes sociales. Las pautas éticas de la comunicación deben descansar, por tanto, en los presupuestos compartidos de una ética pública, en los valores y principios morales constitucionales de una sociedad democrática, así como en las particularidades específicas de la actividad comunicativa.
No se trata de normas coactivas, como las del derecho, sino de recomendaciones éticas, frente a las que siempre cabe la posibilidad de no seguirlas en determinadas circunstancias. Sin embargo, no debe pensarse que si cabe interpretarlas o saltárselas en ocasiones, entonces esas pautas éticas no sirven para nada. El profesional o el medio que se las salte debe dar una buena justificación que pueda ser aceptada por los demás.
La autorregulación debe reducir la brecha que se ha abierto entre el poder y la libertad de los medios. (tomado de Wikipedia).