El representante boliviano ante el Parlamento Andino, diputado Rubén Darío Rojo (CN), informó que esa entidad acaba de realizar en conjunto con la OEA un encuentro denominado “El Rol de las Instituciones Legislativas en el Desarrollo”.“En el evento se concluyó que el trabajo de los legisladores es propiciar cambios y procesos más dinámicos en el orden institucional, así como en las estructuras económicas y políticas de los países. Por tanto, se debe buscar que las reformas impacten positivamente para lograr una sociedad más justa, equitativa, con igualdad de condiciones para el acceso a los elementos básicos para un desarrollo digno y libre”, señaló Rojo.De igual manera, se acordó sobre la coincidencia en un mejor uso de las redes sociales por parte de las entidades, contribuyendo a la transparencia y confianza ciudadana.También se destacó que la Responsabilidad Social Empresaria, no está netamente ligada al sector privado, sino que es un concepto en permanente evolución en América Latina, a través del diálogo interinstitucional entre el sector privado y el sector público para fomentar principios y valores. “En este escenario es en donde todas las esferas de la sociedad convergen para lograr un desarrollo equitativo”, señaló el parlamentario boliviano.En cuanto al papel que juegan los Parlamentos con respecto a la Responsabilidad Social Empresarial, se trata de lograr esos acercamientos ya que a través de la representatividad tienen interlocución con todos los actores con quienes se puede generar un espacio de visiones compartidas, como un punto referente para generar sinergias, puesto que son los Parlamentos quienes representan a los ciudadanos. Los poderes legislativos pueden generar líneas de incentivos para la promoción de prácticas responsables, la sensibilización y estado de conciencia, así como el compromiso de los principios de RSE que pueden subsanar las condiciones de inequidad.En este último panel del encuentro se destacó que en el marco de la cooperación internacional, el objetivo debe ser crear una normativa para que las organizaciones y entidades que deseen acceder a la cooperación lo puedan hacer sin mayor problema. Una normativa general, clara y con fines que permitan beneficiar a los ciudadanos dentro de las prioridades de los gobiernos en temas como por ejemplo la inclusión social y el acceso a servicios básicos.