Juan Carlos Urenda
En Bolivia no existe autonomía. Le explico por qué.El Gobierno central es programáticamente centralista (como los anteriores) y para que haya autonomía se necesita que éste se desprenda de tareas y de recursos lo que no ha ocurrido hasta ahora. A excepción de los hospitales de tercer nivel transferidos (sin recursos) a algunas gobernaciones, no se ha transferido ni un solo peso boliviano ni ninguna otra tarea o competencia en favor de los gobiernos departamentales o municipales como efecto del proceso autonómico. La descentralización de recursos que hoy existe ya existía antes del proceso autonómico.Si bien la Constitución incorporó un régimen institucional autonómico departamental aceptable con gobernadores y asambleas legislativas departamentales elegidas por voto popular, en lo que respecta a las competencias es centralista a morir. Por lo tanto, hay que tener muy claro como base de toda estrategia que no hay posibilidad material de hacer autonomía de verdad con la Constitución vigente, porque tiene en si misma el germen de su propia anulación autonómica (ver El Estado Catoblepas de mi autoría). Es bueno que se sepa que no otorga a los departamentos competencias autonómicas en políticas (aunque sea compartidas) de salud, educación, minería, hidrocarburos, agricultura, policía, competencias que resultan necesarias para un Estado Autonómico, entonces, la pregunta es ¿Para qué queremos una autonomía que no autonomiza? Por lo anterior, la “adecuación” de los estatutos a la Constitución como condición para que haya autonomía es una falacia gubernamental, anzuelo que lastimosamente han mordido los gobiernos departamentales. El peor engaño que se está haciendo a la población es hacerles creer que con estatutos “adecuados” a la Constitución vamos a ser autónomos.Los gobiernos de los departamentos que aprobaron por referéndum sus estatutos, no han hecho nada por empezar a ejercer las 36 competencias exclusivas que otorga la Constitución, para lo cual no se necesita “adecuar” estatutos por mandato de la Ley Marco de Autonomías. La implementación de esas competencias, por insignificantes que sean, es un buen comienzo que no se ha intentado siquiera.Por lo tanto, La “adecuación” de los estatutos no es necesaria para iniciar el proceso autonómico, y porque, por lo demás, será en definitiva el Tribunal Constitucional el que lo haga, de ahí que la “adecuación” y sus penosas golpizas en provincias cruceñas no tienen ninguna explicación jurídica ni lógica. El llamado Ministerio de Autonomías no funciona, no ha autonomizado nada porque para ello tendría que nadar contra corriente, debería más bien llamarse Ministerio de Conflictos que es a lo que se dedica, es parte de la impostura gubernamental autonómica, y quienes están a la cabeza entre sus cualidades no está la de tener la formación adecuada para conducir y entender seriamente el proceso más allá de consignas y posiciones ideologizadas y prejuiciadas.Las leyes que ha dictado el gobierno central son radicalmente centralizadoras, particularmente la Ley Avelino Siñani que centralizó la educación en un 100%, o la Ley clasificatoria de Impuestos que, siendo una competencia exclusiva en municipios y departamentos, los limita a dictar impuestos sobre “chicha de maíz” y “vehículos a motor para navegación”, respectivamente; ya para la risa.Con todo el respeto que nos merecen los gobiernos departamentales autónomos, particularmente el de Santa Cruz que es el único que el gobierno central no ha derribado, no han hecho prácticamente nada por poner en marcha el proceso. Ni siquiera están dejando un testimonio de lucha por respeto al voto popular expresado en dos referéndums autonómicos. De la misma manera las instituciones de la sociedad civil. El miedo es una arma poderosa. Y así están las cosas, por lo que tenemos centralismo para rato. Paciencia, mucha paciencia para esperar las condiciones que permitan reconducir el proceso…Twitter: @jcurenda