Bolivia. La Asofamd presentó un proyecto de Ley de la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes en las dictaduras, que ha sido frenada por discrepancias con otro grupo de afectados. Los diputados esperan mejorar la normativa.
La Razón / La Paz
La Paz. Víctimas de las dictaduras participan de una vigilia instalada al frente del Ministerio de Justicia. Foto archivo La Razón.
Más allá de clichés como el que dice que "quien no conoce su historia está condenado a repetirla" o de nociones positivistas ampliamente superadas por la historiografía como la de "verdad histórica", es de general acuerdo la necesidad de una Comisión de la Verdad no por encajar en esos lugares comunes abstractos mencionados, sino, sobre todo, porque es necesario que los afectados por las dictaduras en el país —que no fueron abstracciones— tengan justicia. Está claro que ello no tiene objeciones. Sin embargo, la manzana de la discordia es la que debe conformar este comité. La polémica detiene la instauración de dicha junta de investigación, además que ha dividido a las organizaciones de víctimas de la violencia estatal que ejercieron las Fuerzas Armadas entre 1964 y 1982, en 18 años en los que Bolivia estaba sumida en el totalitarismo.
La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Senadores la propuesta de Ley de la Comisión de la Verdad presentada por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Mártires de la Liberación Nacional (Asofamd), que llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Posteriormente fue remitida a la Cámara de Diputados y parecía que tendría el camino expedito, empero, un grupo de damnificados y allegados de víctimas de la represión castrense, vinculado a la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Sobrevivientes de las Dictaduras, entró a la Asamblea y detuvo el tratamiento de la norma, de la cual cuestionan la constitución de la Comisión de la Verdad. Ahora, el planteamiento será retomado en 2014, a la espera de más propuestas.
El presidente de la Plataforma, Julio Llanos, arguye que los miembros de su organización no fueron consultados sobre el proyecto legal, siendo los interesados directos. Asegura que no están de acuerdo con los integrantes de la Comisión de la Verdad postulados por la Asofamd. El segundo artículo de la normativa señala las instituciones que integrarán la delegación de investigación, que tendrán derecho a un voto: un representante de la Asofamd, dos de "organizaciones de derechos humanos inherentes" a las violaciones de éstos durante las dictaduras (no se especifica cuáles), uno del Ministerio de Justicia, otro del Ministerio de Gobierno, uno del Ministerio de Defensa y otro del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, habrá siete miembros, de los cuales la mayoría mínima (cuatro) está conformada por los del Órgano Ejecutivo. Adicionalmente, la propuesta establece que la comisión será presidida por el Ministerio de Justicia.
Carlos Soria Galvarro es periodista y no pertenece a ninguna de las organizaciones de víctimas de los gobiernos militares de facto, y fue perseguido por los militares durante esos años de intransigencia política. Considera que la Comisión de la Verdad no debe levantar "ninguna susceptibilidad y brindar total confianza" y que debería ser una continuación de la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política (Conrevip), que incluía a la Central Obrera Boliviana (COB) y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y que fue creada por la Ley 2640 del 11 de marzo de 2004, de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales.
Pero esta importante medida tuvo sus claroscuros. La Conrevip hizo la primera calificación de damnificados que tenían derecho a la indemnización estatal, aceptando a 6.200 de 8.000 solicitudes. No obstante, relata Soria Galvarro, ésta se desvirtuó cuando fue sustituida por "unos abogados que no sabían nada de la historia", los cuales, desde el Ministerio de Justicia, redujeron la cifra de 6.200 a 1.714. "Trataron muy mal a la gente (los peticionarios). A mí me clasificaron por los días de detención porque era inobjetable; no por mi exilio, pues pedían pasaporte: salí con el famoso sello rojo que fue retenido al llegar a México".
El también escritor critica que la Conrevip "se alteró cuando se volvió unilateral, solo del Gobierno, y fue conformada por esos abogados inexpertos que parece que tenían la orden de reducir el número de resarcimientos. Por ello, "casi a nadie se le reconoció por exilio, exigieron pasaportes de salida y de retorno, como si fuese un viaje de placer. Hubo mucho maltrato, cuando dos o tres declaraciones juradas deberían ser suficientes. Para tortura pedían certificado forense (de los maltratos ocurridos en la época), de dónde va a sacar la gente eso". Para Soria Galvarro, una Comisión de la Verdad "no es posible mientras no se arregle antes esta situación. Además debe ser compuesta con representación social y personalidades inobjetables".
Héctor Arce, diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), quien el jueves 18 de diciembre, junto a la presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada (MAS), jugó un rol importante para declarar un cuarto intermedio en el tratamiento de la ley y esperar la propuesta de la Plataforma de Luchadores Sociales, comenta que sus colegas están a la espera de las contribuciones de "otros grupos que fueron víctimas de la dictadura". Con éstas, se discutirá la posibilidad de reconformar la comisión planteada por el Ministerio de Justicia y la Asofamd. En criterio del asambleísta, es una buena opción que personalidades puedan participar en la delegación, aunque aclara que "necesariamente" tienen que haber representantes del Ejecutivo" y de organizaciones vinculadas a los derechos humanos", los que averiguarán los crímenes en ese capítulo "tan complicado de nuestra historia".
Entonces, la pregunta lógica es: ¿cómo se puede investigar lo que aconteció si las Fuerzas Armadas informaron que la mayoría de los expedientes de la época fueron quemados? Arce contesta que hay otras maneras, pese al tiempo transcurrido, sobre todo por "la buena disposición actual de las Fuerzas Armadas, que tienen una vocación democrática".
La Comisión de la Verdad no sólo deberá resolver los casos más mediáticos como el enigma sobre la ubicación de los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, del universitario José Carlos Trujillo o del sacerdote jesuita Luis Espinal, sino también el destino de los aproximadamente 350 desaparecidos y los casos de las víctimas que sobrevivieron.
No obstante, el tema ha enfrentado a la Asofamd y la Plataforma dirigida por Llanos. Si se considera el conocido juicio que afirma que la división significó el fracaso de la izquierda boliviana (si es que se puede decir que no haber hecho la Revolución significa que la izquierda del país fracasó), esta fragmentación parece transferirse a los sobrevivientes de esa izquierda tradicional. El francés Jean-Paul Sartre, en su comedia Nekrasov, hace una parodia por demás aplicable al caso. En esta obra dramática aparecen izquierdistas que se presentan sucesivamente por su nombre seguido de su ideología: entonces habrá un marxista-leninista, un marxista-maoísta, y otros con el mismo primer componente (marxista) seguido de un segundo diferente, hasta que aparece el efecto humorístico con uno que dice ser, muy en serio, un "marxista-marxista". La burla de Sartre tiene como origen la parodia de la frase "El Estado soy yo", pero desplazada a los marxismos…
Alberto Aparicio, presidente de la Asofamd, defiende que el proyecto legal no sea reformulado e indica algo similar al último personaje de Sartre, y también lo dice muy en serio: "Lo que quiero aclarar es que los familiares de las víctimas hemos sufrido mucha más persecución, cárcel, muchos más exilios y tortura que los otros de la Plataforma de Luchadores Sociales". Entra en ligera contradicción cuando informa que la norma "fue consensuada con 29 instituciones del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, con el Ministerio de Justicia", aunque "la Ley de la Comisión de la Verdad pertenece solamente a la Asofamd".
Esta organización fue anteriormente parte de la plataforma, hasta que decidió abandonarla porque Aparicio acusa que ésta se encuentra "apoyada por la derecha". "Hemos enviado una carta a la Cámara de Diputados en la cual aclaramos que el proyecto es de la Asofamd y agradecemos a la Cámara de Senadores porque aprobó nuestra propuesta". Sin embargo, Llanos acusa de "interferencia" a los dirigentes de la Plataforma de Luchadores Sociales. "Nos sorprende la buena fe del diputado Arce, no estamos de acuerdo. No hay nada que consensuar y no aceptaremos otra Ley de la Comisión de la Verdad".
Desde la otra vereda, Llanos recalca que no fueron tomados en cuenta para la redacción de la propuesta y cuestiona su conformación. "¿Por qué tienen que haber representantes del Ministerio de Gobierno, que antes era del Interior, y del Ministerio de Defensa? Si fue desde estas carteras gubernamentales que se operó la represión en las dictaduras. Es como decir que se van a investigar quienes deberían ser investigados". Pone el ejemplo de otras comisiones de la verdad que se crearon en países vecinos como Chile y Argentina. "¿Cómo gobiernos de derecha aprobaron las mejores comisiones de la verdad encabezadas por personalidades inobjetables, como Ernesto Sábato en Argentina, mientras que Bolivia, con un gobierno de izquierda, tenga una comisión de baja calidad?".
Y remata: "Es un proyecto de ley trabajado entre gallos y medianoche. Hace tiempo que hemos hecho nuestra propuesta y nos sorprenden con esta norma que no contempla el verdadero propósito, sino que solo se refiere a la desaparición forzada y no a víctimas y ejecutores de la violencia estatal". Llanos igualmente cuestiona la participación y liderazgo del Ministerio de Justicia en el referido comité. "Esa repartición ha fracasado en la calificación de las personas que merecen resarcimientos. "La ley tiene que dar justicia a los que sobrevivimos, no solo resolver los casos de desaparición forzosa. Por ejemplo, en el antiguo Ministerio del Interior nos sacaban de los roperos (celdas pequeñas) y arriba el exministro Adet Zamora dirigía y participaba en las torturas . Ahora está feliz en Santa Cruz, dice que está orgulloso".
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Amparo Carvajal (dejar en claro que existe otra asamblea paralela que no fue reconocida por la nacional, aunque es tomada en cuenta por el Gobierno), remarca que no puede existir una "ley de la verdad" mientras no exista una reparación estatal para la gente humilde, que no solo atienda a los casos mediáticos de la violencia política en los gobiernos de facto. Opina que el planteamiento legal, como está ahora, "protege" a los que participaron en la represión y no habla de sanciones. "Solo se condenó a Luis García Meza y Luis Arce Gómez y el juicio contra Hugo Banzer se truncó con su muerte. ¿Pero y los demás? ¿Acaso solo ellos tres ejercieron toda la violencia?".
Eso sí, los entrevistados coinciden en que los afectados directos y familiares que fueron objeto de la intransigencia política militar durante18 años, se merecen la mejor Comisión de la Verdad como reconocimiento a su lucha por la democracia. Pero la ruptura en que se encuentran familiares y víctimas da qué pensar cuando una de las partes asegura haber sido más abusada que la otra, cosa que sería imposible e inútil de verificar, dado que las historias de ambos lados son exactamente las mismas: tortura, violación, exilio y muerte. La futura comisión deberá hacer justicia no por abstracciones como la de "verdad histórica", sino por lo concreto y nada abstracto de las víctimas. Toda ley es perfectible, al menos eso es lo que parece que quieren decir los diputados Arce y Tejada al mostrar la apertura hacia otras propuestas.
‘No hay nada más que consensuar en la ley’: Luis Aparicio es presidente de la Asofamd
Las Fuerzas Armadas son la institución tutelar de la Patria, pero en las dictaduras solo fueron algunos militares los que ensuciaron su nombre. No podemos condenar a toda una institución por unos cuantos, pero a esos cuantos tiene que caerles la Justicia. Creemos que la ley no merece ser cambiada. Es una ley consensuada, por lo que ya no hay nada más que consensuar.
‘Deben conformarla personalidades’: Carlos Soria Galvarro es periodista
La Comisión de la Verdad debe ser conformada por representantes sociales y personalidades inobjetables para que ésta dé confianza y no levante ningún tipo de susceptibilidad. La Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política tenía a la Iglesia y a la Central Obrera Boliviana, pero luego fue alterada y se volvió unilateral, solo con abogadillos del Gobierno.
‘Diputados tiene la mejor disposición’: Héctor Arce es diputado por el MAS
La Cámara de Diputados, la presidenta y la Comisión de Constitución de ésta, tienen la mejor disposición para llegar a una buena norma que nos sirva a todos los bolivianos para poder conocer lo que sucedió en ese momento tan conflictivo de nuestra historia. Es una buena opción que diferentes personalidades puedan participar en la Comisión de la Verdad.
‘Tiene que lograrse la mejor comisión posible’: Julio Llanos es líder de la Plataforma de Luchadores Sociales
Tiene que lograrse la mejor Comisión de la Verdad posible, con personalidades reconocidas, probadamente comprometidas con la lucha por la democracia, como por ejemplo Ernesto Sábato que condujo a la de Argentina. Se sabe que la violencia fue muy grave, pero es peor de lo que se conoce. Esta comisión, además, deberá servir para que los jóvenes sepan cómo fue.