El gobierno de Evo Morales viene evadiendo sistemáticamente el inicio de un diálogo con las regiones para el Pacto Fiscal, incumpliendo la normativa vigente, que daba un plazo para ello hasta fines de enero del presente año.
Se ensayan diversas excusas, a cada cual más inverosímil, que van desde el retraso en la entrega de los resultados del Censo (utilizando al INE como chivo expiatorio) hasta la falta de adecuación del Estatuto cruceño, tema este sin relación alguna y en el que además el Movimiento Al Socialismo tiene la llave para su aprobación.
En el fondo, lo que se pretende es impedir cualquier descentralización de los recursos económicos por modesta que sea (se estima que el Pacto Fiscal transferiría un 5% adicional hacia las regiones), sobre todo en año electoral, cuando el presidente Morales pretende mostrarse en todo el país como el único dispensador de los favores del Tesoro General de la Nación, en una suerte de encarnación del Estado-Providencia.
Nada de facilitarle la gestión a municipios y gobernaciones que no estén en manos del oficialismo.
El modelo de gasto público del MAS es una especie de gira presidencial permanente por los distintos departamentos, repartiendo cheques en mano según criterios de popularidad momentánea y ocurrencias arbitrarias del mandatario cocalero. Y además, sin la mínima transparencia.
El neo-centralismo “socialista del siglo XXI” no admite inversión pública que no sea gestionada por el caudillo en persona. Llamémosle mesianismo fiscal…